Continúan las vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Familiares de personas privadas de la libertad de la Penitenciaría del Litoral conmemoraron un año de la masacre sucedida el 28 de septiembre de 2021 en este centro de detención. En este hecho fueron asesinadas 125 personas por lo que es considerada, una de las peores masacres carcelarias en Ecuador.
Hasta la actualidad, las familias de las personas asesinadas no han sido reparadas ni han accedido a justicia. De allí que, el pasado 09 de septiembre, el Comité de Familiares de personas privadas de la libertad desarrolló junto con organizaciones de derechos humanos, un Tribunal Popular que juzgó simbólicamente la responsabilidad del Estado en las masacres carcelarias en Ecuador.
Sin embargo, las vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad continúan.
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“Recordamos a nuestras familias con dolor, pero también con indignación ¡Justicia para todas las familias víctimas de la crisis y masacres carcelarias en Ecuador!”, es lo que escribe el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles a través de su cuenta en twitter, al cumplirse un año de la masacre del 28 de septiembre de 2021 en la Penitenciaría del Litoral. El mensaje está acompañado de fotografías de la misa en la Iglesia de la Merced y de la jornada de vigilia que realizaron esa misma noche en la Plaza San Francisco, en el centro de Guayaquil, en memoria de las personas privadas de libertad. Asimismo, el 28 de septiembre se desarrolló una misa campal en el Cementerio Ángel María Canals, donde se encuentran enterradas sus familiares.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil, CDH.GYE, expresó que el 28 de septiembre de 2021 en la Penitenciaría del Litoral, fueron asesinadas más de 125 personas privadas de libertad con la “permisividad del Estado”. Según la CDH, al recordarse un año de la masacre, a las familias no se les ha dado disculpas públicas ni ningún tipo de reparación integral, aunque fueron expuestas a escenarios de violencia, lo que significó un acto de tortura ejercidas por el Estado. Ante esta vulneración de derechos hacia las familiares de personas privadas de libertad, el Comité de DDHH asegura que era obligación del Estado repararlas de manera integral.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe: Personas Privadas de Libertad en Ecuador ordenó al Estado, poner en marcha medidas de investigación y no repetición de estos hechos. Entre las medidas de la CIDH estaban la elaboración de un informe independiente sobre las masacres ocurridas en las cárceles durante el 2021, destacando circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como saldos de los hechos de violencia.
El informe debía identificar las causas que resultaron en masacres, incluyendo información sobre las omisiones en el control del ingreso de armas y de otros objetos ilegales a los centros de detención respectivos. Asimismo, el Estado debía detallar las medidas de reparación otorgadas a las personas privadas de libertad que han sufrido violaciones a derechos humanos y a sus familiares. Hasta ahora el Estado no ha dado seguimiento a ninguna de estas recomendaciones, “mucho menos acciones para retomar el control de las cárceles o aplicar una debida política de rehabilitación social”, agregó el Comité de Derechos Humanos, CDH.GYE.
La organización además, mencionó que el Censo Penitenciario que inició el 22 de agosto, en 36 centros de privación de libertad del país no cuenta con la participación de la sociedad civil, academia y familiares. Tampoco se tienen resultados públicos. “Dudamos de su legitimidad al no contar con la participación necesaria en su construcción, ejecución o evaluación”, añadió CDH.GYE.
El censo promete levantar información y actualizar la información sociodemográfica de las personas privadas de libertad, según aseguró el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Ralón, visitó Ecuador el 27 de septiembre y estuvo en el centro de detención de Cotopaxi 1, verificando la implementación del censo como una de las recomendaciones de la Comisión al Estado ecuatoriano y calificó el proceso como positivo.
En respuesta, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos criticó la calificación positiva que el relator le dio al censo penitenciario, pues insisten que su diseño no contó con la participación de la sociedad civil y familiares de las personas privadas de libertad.
Como parte de las acciones realizadas, el Comité de Familiares se reunió con delegación del subcomité contra la tortura de Naciones Unidas.
Un año de memoria
Los más de 125 PPL asesinados en 2021 fueron enterrados en un solo pabellón del cementerio Ángel María Canals en Guayaquil. En este lugar, las y los familiares se encontraron, conocieron y formaron el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. Este colectivo, desarrolló el Tribunal Popular que juzgó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en las masacres carcelarias del país y exigió justicia y reparación para las familias de las personas privadas de libertad fallecidas, el pasado 09 de septiembre.
Después del desarrollo del Tribunal, se esperaba que la sentencia fuera publicada en conmemoración del 28 de septiembre. Fernando Bastías, coordinador del área de litigio estratégico del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que hasta el momento, la sentencia sigue en construcción y buscarán el espacio estratégico para hacer la publicación y dar a conocer la sentencia.
Desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos hicieron un llamado a la sociedad civil, academia e instituciones del Estado para articular acciones en favor de las personas privadas de libertad, víctimas del sistema punitivista y de desigualdad existente. El CDH Guayas reconoce que “el sistema de rehabilitación social no ha alcanzado su mandato constitucional, y se ha convertido, como siempre ha sido, en un espacio que criminaliza la pobreza y promueve una cultura de muerte, todo esto bajo la venia del Estado”.
Según el Comité, la crisis carcelaria es un problema de todos y todas, que incluye a las comunidades fuera de las cárceles porque ellas también son víctimas de la esporádica y superficial respuesta del Estado para atacar la inseguridad. Sin embargo, a un año de esta masacre, la respuesta y acción del estado sigue siendo deficiente para atender las necesidades en los centros penitenciarios.
La Alianza contra las Prisiones denunció el fallecimiento de Mayra Cajas, una mujer privada de libertad en la Penitenciaría del Litoral, el 26 de septiembre de 2022, probablemente por falta de atención médica. Según la Alianza, las condiciones de salud de Mayra evidenciaban la necesidad de atención urgente. Sus compañeras imploraron al personal médico del centro carcelario para la atención, pero no fueron escuchadas.
El informe Personas Privadas de Libertad en Ecuador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó que las condiciones de detención que enfrentan las personas privadas de libertad se alejan de los estándares interamericanos en materia de privación de libertad. “Las cárceles ecuatorianas se caracterizan, además de sobrepoblación y violencia intracarcelaria, por falta de separación por categorías; deficiente infraestructura; atención médica; alimentación inadecuada; obstáculos en el acceso al agua; insuficiente personal penitenciario; falta de perspectiva de género en el tratamiento penitenciario; y, obstáculos para la efectiva reinserción social”, menciona el informe.
La Alianza contra las prisiones expone que las personas más afectadas por la falta de atención médica, son las mujeres privadas de libertad, quienes no cuentan con una atención suficiente en relación a su salud sexual y reproductiva; a lo que se suma la falta de alimentación adecuada y condiciones indignas de higiene. Exigen al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, entregar información sobre lo sucedido. También respalda el pedido del pabellón de mujeres de la Penitenciaría del Litoral para el cambio del personal médico y su exigencia para que la atención médica también sea nocturna.
La plataforma de organizaciones de DDHH también recordó la masacre del 28 de septiembre de 2021 y en su comunicado añadió: “no olvidamos las masacres carcelarias, sus víctimas, el dolor de las familias y seres queridos, ni la opacidad del estado en el manejo de la crisis. Seguiremos recordando y exigiendo respuestas”.
Fuente: https://wambra.ec/ano-masacre-carcelaria-28-septiembre/