Es bastante extraña la repentina decisión de hacer voluntariamente el trabajo de reparación que es obligación de Chevron Texaco, dejando sin atender los lugares contaminados por la empresa estatal, y que por lo mismo, sí son su responsabilidad.
De todos los anuncios que hizo el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables Carlos Pérez en su rendición de cuentas (efectuada el 26 de febrero pasado), dos fueron sorpresivos: el primero fue que se va a iniciar este año un proceso de remediación ambiental en las zonas operadas por la empresa Texaco, hoy Chevron. Según el ministro, fue un pedido del Presidente de la República.
La idea de que por fin se vaya a reparar las zonas donde Chevron Texaco operó dejando un verdadero desastre ambiental, es realmente alentadora, ya que ha sido ese el objetivo de la lucha de más de 25 años de las comunidades amazónicas, por eso pusieron un juicio, que fue ganado en 4 instancias del país, incluyendo la Corte Constitucional, donde se ratificó la sentencia dictada en noviembre del 2013, por los jueces de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia; y es precisamente esta sentencia la que dice que Chevron está obligada a reparar los graves daños que causó en el norte de la Amazonía ecuatoriana.
Entonces, la pregunta está clara: ¿por qué el Estado ecuatoriano va a reparar, con fondos públicos, un área que, según una sentencia judicial, debe reparar la empresa norteamericana Chevron Texaco? ¿por qué dice el Ministro Pérez que «no importa a quien le toque, nosotros vamos a asumir la remediación, no es posible que la comunidad siga aguantando eso»?
¿Significa acaso que el Estado tiene fondos económicos disponibles para realizar esos trabajos? Si es así, ¿por qué no ha reparado o inicia la reparación de los campos donde no estuvo Texaco, los que fueron abiertos y operados por CEPE, Petroecuador y ahora Petroamazonas?
Este es el caso del campo Libertador en la parroquia Pacayacu, que según el propio Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente, identifica a Pacayacu como una de las zonas más afectadas de la Amazonía. El PRAS sostiene que, hasta 2017 ahí se registraban 530 fuentes de contaminación entre piscinas (128), fosas (272) y derrames (130)
Por qué no remediar el campo Cuyabeno, o el campo Sansahuari, que han sido operados únicamente por empresas estatales, y se encuentran entre los campos más contaminados del Norte de la Amazonía. En estos campos también hay comunidades que están «aguantando» situaciones dramáticas de falta de agua segura, enfermedades como el cáncer y malformaciones genéticas, debido a la explotación petrolera.
Esos fondos disponibles con los que parece contar el Estado, también podrían utilizarse de manera urgente para eliminar los mecheros donde se quema el gas natural las 24 horas al día en las instalaciones petroleras, contaminando el aire, las aguas de lluvia, y por esa vía, a la población que vive en los lugares aledaños.
Realmente no queremos pensar mal, pero es bastante extraña esta repentina decisión de hacer voluntariamente el trabajo que es obligación de Chevron Texaco, dejando sin atender los lugares afectados por la empresa estatal, y que por lo mismo, sí son su responsabilidad.
El otro anuncio sorpresivo se refiere a la respuesta que el Ministro dio a una periodista cuando le preguntó sobre la aplicación de los resultados de la pregunta 7 de la consulta popular del 2018. El ministro aseguró que no ha podido como ministerio todavía, reducir el tamaño de los bloques 31 y 43, que es algo que tienen que hacer, que es decisión del ministerio achicar esos bloques. Esto es sorprendente porque la pregunta 7 no se refería a achicar bloques, sino a reducir el área de explotación petrolera, porque dentro de un bloque existe un área de explotación donde están los yacimientos y otra donde no hay yacimientos. Parece que la intención del Ministerio es reducir aquellas zonas dentro del bloque donde no hay petróleo, contradiciendo la voluntad popular y el espíritu de la pregunta.
Prueba de esto es que después de la consulta, se han abierto nuevos pozos en el campo Tambococha y se intenta abrir las plataformas A y B en el campo Ishpingo, es decir parece que no está en los planes del ministro Pérez reducir el área de explotación petrolera como mandaba el resultados de la pregunta 7.
Esperemos que estas dudas se aclaren oportunamente, y se actúe respetando los derechos de las poblaciones amazónicas, los derechos de la naturaleza y la voluntad popular de los ecuatorianos.
Fuente: http://www.accionecologica.org/editoriales/2357-2019-03-04-11-19-49