La incorporación de la perspectiva de género en el Código de las Familias, aprobado en referendo popular el pasado mes de septiembre, es —al decir de la doctora Ana María Álvarez-Tabío Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana— una manera de contribuir a desterrar de las subjetividades la idea de que la violencia es algo natural.
Este es un paso esencial, explicó en diálogo con SEMlac, pues mantener las representaciones discriminantes, los estereotipos, es una de las causas y también de las consecuencias de la violencia de género. De ahí que si bien la nueva legislación desnuda y condena cada una de sus manifestaciones, a la vez que prevé consecuencias legales, el mayor reto continúa siendo la sensibilización y la capacitación.
¿Qué oportunidades abre la inclusión en el Código de las Familias de elementos específicos sobre la violencia y qué beneficios supone en la actuación frene a ese problema?
El Código apuesta por la incorporación de una perspectiva de género desde el mismo momento en que dibuja los contornos de cada una de sus figuras protectoras. La desigualdad se construye y permanece a partir de patrones socioculturales. Ese es el terreno fértil para que se produzca esa violencia estructural que, a veces, es invisible, pero que es palpable y tiene, por ejemplo, una de sus manifestaciones más evidentes en la sobrecarga de trabajo que casi siempre pesa sobre las mujeres; en el hecho, además, de que en la mayoría de las familias donde hay hijos pequeños o personas dependientes, la responsabilidad única de los cuidados se haga recaer también en la mujer.
Uno de los elementos fundamentales para coadyuvar a eliminar esas miradas unidireccionales es reconocer los derechos de todas las mujeres, en su inmensísima y riquísima diversidad. Primero, con el acceso a todas las instituciones jurídico familiares, sin ningún tipo de discriminación, superando el estereotipo de mujer madre, esposa, compañera, cuidadora…
El Código también aporta desde el momento en que destierra todo lenguaje sexista y discriminante; todo lenguaje que aluda al poder, a la subordinación y al avasallamiento. Y por la manera en que potencia la corresponsabilidad de la figura materna y la paterna.
Eliminar el matrimonio adolescente y establecer que solamente a partir de los 18 años se puede contraer, es una de las grandes conquistas que va en pos no solo de la igualdad, sino de suprimir esas violencias que suceden cuando una niña se casa por razón de los criterios patriarcales, o cuando se le obliga a contraer matrimonio con hombres que le doblan y le triplican la edad.
Desde el momento en que se refuerza el valor económico del trabajo en el hogar, asumido principalmente por mujeres, de manera que no genere efectos negativos para ese miembro de la familia que suele desempeñarlos, es también una manera de eliminar una de las manifestaciones más palpables de la violencia.
El reconocimiento de los cuidados como derecho, brindándoles protección a las personas —generalmente mujeres— que asumen los cuidados familiares a costa de su superación, su desarrollo profesional y personal, por supuesto que también es una forma de desechar manifestaciones que a veces no son las más vistas, porque no es violencia física, es del tipo que te coloca en posición de desventaja.
Además de la condena de la violencia, el nuevo cuerpo legal introduce las posibles consecuencias legales de su ejercicio, ¿qué otras ganancias abre esta norma frente al problema?
A través de todo su articulado, el Código de las Familias expresa su repudio contra la violencia y ofrece una fortísima protección frente a ella, así como ante la discriminación. Además, reconoce que son las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, o personas en situación de discapacidad, sus principales víctimas.
Recoge la mayoría de las formas en que puede manifestarse la violencia, pero no se queda en esa declaración de principios, sino que, de una manera efectiva, palpable, ante cada manifestación de violencia, prevé una consecuencia jurídica.
Por ejemplo, es causa de cese de la obligación cuando la persona que está necesitada de alimentos incurre en alguna de sus manifestaciones. Es causa expresa impeditiva de adoptar; de prohibición de guarda y cuidados o de limitación o de denegación de regímenes de comunicación familiar. Es decir, una persona que es violenta, aunque no lo sea directamente con sus hijos, puede verse impedida de tenerlos a su cuidado, o de comunicarse con ellos, de pasar tiempo con ellos.
Además, es causa explícita de la privación de la responsabilidad parental; de la separación judicial de los bienes durante la vigencia del matrimonio; de que al momento de la liquidación de los bienes comunes, puedas perder tu participación en ellos; es causa de nulidad del matrimonio; de prohibición para ser designados tutores; de remoción, de indignidad para suceder; y es causa de revocación de donaciones.
Aprobada la ley y ya en vigor, ¿qué retos sobrevienen?
Esto no termina con la promulgación del Programa nacional de adelanto de las mujeres, ni con la promulgación de la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género, ni con la aprobación del Código de las Familias. Esto necesita un proceso de sensibilización, pero además acompañado de una capacitación intencionada, directamente dirigida a que las personas eliminen de sus subjetividades que la violencia es algo natural.
Eso implica absolutamente el cambio de mentalidad y de preparación no solo entre jueces, abogados, fiscales y notarios, agentes de la policía, maestros, docentes, profesores; sino en cualquier funcionario que reciba personas y preste servicios. Cualquiera tiene que ser capaz de detectar cuándo se está en presencia de hechos de esa naturaleza, pues ahora existe la posibilidad de denunciarlos.
Creo que, si en las escuelas les enseñamos a los niños que la diferencia es buena, que la diversidad es buena, ya ahí se van ganando terrenos. Por eso, para mí más importante que todo es la preparación de maestros y profesores.