“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. Artículo 5, Constitución de la República del Ecuador, 2008
En medio de la contienda electoral, el presidente Daniel Noboa parece que intenta retroceder la historia. Pretende volver a abrir la puerta a bases militares extranjeras. Esta pretensión no es nueva. Diversos grupos de la derecha sumisa no se conformaron nunca con el cierre de la Base de Manta. Es más, no han dudado en sostener una campaña de acusaciones en contra de esta decisión, con la que, sin escatimar mentiras, pretenden convencer a la sociedad que allí estaría el origen del auge del narcotráfico. Aquí podría estar la real intención del “estudio” de Arduino Tomasi.
En la actualidad, con una sociedad agobiada por la inseguridad, la coyuntura parecería propicia para dar ese paso impulsando una reforma constitucional. Al abrir la puerta a lo que se denominó “conflicto interno armado”, que configura el libreto rector de la gestión de Noboa, se construyó un escenario bélico para enfrentar al crimen organizado y a las bandas delictivas. En este empeño, la militarización de la sociedad asoma como el eje central, aplaudido por amplios grupos de una sociedad desesperada y atemorizada. Y este proceso se quiere completar con el establecimiento en el Ecuador de bases norteamericanas, cuyas tropas que ya pueden circular libremente por el territorio nacional, como veremos más adelante.
Sin minimizar estos elementos, el tufillo del oportunismo electoral o de una simple cortina de humo para ocultar el fracaso gubernamental en esta materia, queda flotando en el aire.
EL ARGUMENTO SIN BASE DEL PODER DE LAS BASES
Vale recordar que la base norteamericana en Manta, en los 10 años de su presencia, no contribuyó a resolver el flagelo del narcotráfico. Durante su existencia la tasa de criminalidad se disparó. Los envíos de droga se triplicaron. Decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron abusos de parte de soldados yanquis. En suma, se registraron varias violaciones a los Derechos Humanos, como denunció un informe del INREDH, en el año 2016. Es más, como se demostró, las acciones de los aviones norteamericanos no se ciñeron a los términos del convenio pactado, pues en muchos casos estaban orientadas a la lucha contra la insurgencia en Colombia y la interdicción de emigrantes ecuatorianos.
Lejos quedó el sueño de transformar a Manta en una suerte de Miami en el Pacífico. Los empleos que se crearon tuvieron la duración de la remodelación de las instalaciones del aeropuerto, o sea ocho meses, y luego los trabajos ofrecidos fueron en labores de limpieza y transporte de carga. El crecimiento del turismo y el comercio que se esperaba llegó para pocos, en un escenario en el que aumentaron los bares, discotecas y cabarets. Es más, las tropas allí instaladas, que gozaban de privilegios diplomáticos, consumían escasos productos locales.
También cabría traer a colación que luego del desmantelamiento de la Base de Manta, los norteamericanos establecieron dos bases más en Colombia, en donde en la actualidad ya existen 7 bases, sin que se haya logrado parar el narcotráfico; es más, la producción de cocaína sigue en alza en el territorio colombiano y también en el peruano, en donde funcionan 5 bases militares norteamericanas. El Imperio norteamericano cuenta con cerca de un millar de bases e instalaciones militares en el mundo, con las que asegura su poder y bienestar económico, sino que se haya restringido la expansión de la droga.
LA SUMISIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO
La guerra interna del presidente Noboa empata con las pretensiones de Washington, siempre presto a profundizar los lazos de sumisión de su patio trasero, sobre todo aprovechando situaciones críticas de sus vecinos del sur.
Recordemos que, a fines del siglo pasado, durante el gobierno de Jamil Mahuad, cuando el Ecuador vivía una de sus mayores crisis, de forma reservada, se permitió la instalación de la Base de Manta. Algo similar aconteció en 1941, cuando se toleró la arbitraria instalación de bases yankis en Salinas y en Baltra, en el archipiélago de Galápagos, con un Ecuador hundido en una profunda depresión política, con parte de su territorio ocupado por tropas peruanas, en medio de la segunda Guerra Mundial.
En la actualidad, cuando las potencias imperialistas disputan a dentelladas espacios de control en el mundo, el entorno que alimentan las urgencias imperiales del coloso del norte se ha agudizado. No son casuales las visitas de la jefa del Comando Sur, que no solo ofrece la “colaboración” militar, sino que resalta, sin rodeos, la importancia estratégica de los recursos naturales de los países suramericanos. Por aquí cabe ubicar este intento de abrir nuevamente el país a bases militares estadounidenses.
Lo que ahora sorprende es que, en realidad, si damos crédito a las palabras del embajador norteamericano Todd Chapman, expresadas hace cinco años, en una entrevista pública, con las nuevas tecnologías, ya no serían necesarias bases para combatir el narcotráfico. Además, hoy existen acuerdos que haría innecesaria la instalación de las bases con ese fin, tal que propone Noboa.
Un poco de memoria reciente no estaría mal. En el gobierno de Guillermo Lasso, justo cuando desde la Embajada norteamericana se denunciaba el accionar de narco-generales en la fuerza pública, se redobló el paso para la preparación de un “Plan Ecuador”, emulando el “Plan Colombia”; plan que no solo que no resolvió la cuestión del narcotráfico en el país vecino, sino que de diversas maneras es también uno de los causantes de la creciente presencia de las bandas delictivas transnacionales en Ecuador.
En línea con dichas intenciones, en junio de 2022 se concretó un primer acuerdo entre los dos países. En diciembre del mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos”. En mayo del año 2023, se firmó un acuerdo para la interceptación aérea. En septiembre se alcanzó otro acuerdo para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas, en un ambiente en el que pesa la perdida de soberanía por la adhesión a la Convención de Naciones Unidas sobre el Mar – CONVEMAR. Estos tratados, por dictamen de la Corte Constitucional, no fueron conocidos, ni aprobados por la Asamblea Nacional.
A continuación, en ese mismo 2023, en octubre, también a espaldas de la sociedad, como sucedió con la Base de Manta, se suscribió el “Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas”, que también recibió luz verde por parte de la Corte Constitucional. Lo preocupante es que la Corte determinó que este acuerdo no constituía un acuerdo militar, sino más bien solo un “compromiso de asistencia” en el marco del enfrentamiento al crimen organizado. Por lo tanto, no ameritaba debate alguno en la Asamblea. Y este acuerdo fue ratificado por el presidente Noboa.
La pregunta que surge ahora, reconociendo, además, la nula efectividad demostrada por este tipo de bases para enfrentar el flagelo de crimen transnacional, es cuál será la real intencionalidad de proponer su retorno más allá del afán electoral. Los propósitos militares del mencionado acuerdo relacionado al estatuto de las fuerzas son muy amplios. Basta revisar sus términos.
El acuerdo se aplica a todo el personal militar, incluyendo al personal civil y contratistas estadounidenses que intervengan en diversas actividades militares, incluyendo entrenamiento y “ayuda humanitaria”, dotándolos de una serie de privilegios e inmunidades. Se establecieron exenciones tributarias para las tropas norteamericanas. También se entregó el uso gratuito del espectro radioeléctrico. Se obvió la jurisdicción penal sobre ese personal; no solo eso, inclusive se aceptó la resolución de conflictos de acuerdo a las leyes estadounidenses y no a las ecuatorianas. Y, por cierto, esto es clave, se aseguró el libre movimiento de vehículos y buques; en otras palabras, las tropas norteamericanas no necesitan una base específica, pues pueden recorrer libremente todo el territorio nacional y acceder en la práctica a todas las instalaciones, bases y cuarteles de las fuerzas armadas ecuatorianas.
Intentar confundir el aporte militar de los EEUU como un simple apoyo policial, argumento que sirvió para que la Corte Constitucional de luz verde al acuerdo en mención, resultó una conclusión realmente audaz. Ese subterfugio legal sirvió para no cumplir con el claro mandato constitucional: artículo 419, que establece que para suscribir tratados internacionales políticos o militares, se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional.
Y ahora, en plena campaña electoral, se plantea esta reforma que primero deberá ser calificada por la Corte Constitucional y que luego demandará tiempo en la Asamblea Nacional, tal como dispone el artículo 442 de la Constitución. La iniciativa presidencial será tramitada por la Asamblea en al menos dos debates; el segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. Solo entonces, si la Asamblea aprueba la reforma se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes.
TERRITORIO EN DISPUTA DE INTERESES GEOESTRATÉGICOS
Aceptemos que, si los capitales del crimen organizado han transformado al Ecuador en una plataforma de sus transnacionales negocios, los EEUU responden con su lógica geoestratégica. Desean una vez más, como sucedió hace casi medio siglo, poner en marcha lo que podría ser visto como una suerte de Plan Cóndor del Siglo XXI, para controlar “su patio trasero” con todas sus riquezas naturales. De esta manera las fuerzas armadas del Ecuador -así como de otros países de la región- asumen cada vez más papeles policiales para combatir al narcotráfico, al terrorismo e inclusive la insurgencia popular, llegando inclusive a perseguir a las comunidades que defienden sus territorios de la brutalidad de la minería o de otros extractivismos.
En este momento el interés de Washington estaría en la Galápagos, en línea con su confrontación con China, en particular. Recordemos que Guillermo Lasso ya negoció “la protección ambiental” de las islas cediendo parte de la soberanía nacional a través de un confuso canje de deuda externa. El archipiélago, además, desde el año 2019, en el gobierno de Lenín Moreno, se transformó en una suerte de “portaviones natural” para aeronaves militares norteamericanas, complementado con los aeropuertos de Guayaquil y Manta. Las apetencias de los EEUU son conocidas, tienen historia.
Como para redondear esta breve reflexión, más allá de la electoral, cabría anotar el claro posicionamiento del gobierno de Daniel Noboa a favor de objetivos e intereses norteamericanos, como sucede frente al genocidio del pueblo palestino, para mencionar apenas un ejemplo.
Sea cual fuere la pretensión real de Noboa, no es tolerable la transformación del Ecuador en una suerte de protectorado militar de Washington y tampoco nuestro país puede seguir por esta senda de sumisiones múltiples, que, a la postre, solo benefician los intereses transnacionales y los de unas cuantas familias de oligarcas a su servicio. Nos urge, entonces, retomar la lucha unitaria por la soberanía nacional, como cuando, con el liderazgo de la Coalición No Bases – Ecuador, se logró la expulsión de la Base Manta.
Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (2012-2013).
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