La empresa de inversión privada, Aurelius Capital Management, intentó trabar un embargo sobre las solicitudes de patentes argentinas registradas en los Estados Unidos. El pedido de embargo se relaciona con el juicio que enfrenta la Argentina en los tribunales de New York con los «fondos buitres» (holdouts) poseedores del 7% del monto total de bonos […]
La empresa de inversión privada, Aurelius Capital Management, intentó trabar un embargo sobre las solicitudes de patentes argentinas registradas en los Estados Unidos.
El pedido de embargo se relaciona con el juicio que enfrenta la Argentina en los tribunales de New York con los «fondos buitres» (holdouts) poseedores del 7% del monto total de bonos de la deuda externa argentina refinanciada para el restante 93% de los acreedores internacionales.
Con la excusa de un reaseguro a las demandas de sus clientes, Aurelius Capital Management, intentó trabar un embargo sobre las patentes argentinas registradas en la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés).
aunque la solicitud fue desestimada por el juez neoyorquino, Thomas Griesa, usualmente accesible a los reclamos de estos fondos de inversión buitres.
Según la información trascendida por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, técnicos de este organismo del Estado argentino recibieron a principios de 2012 un llamado telefónico del estudio «Cleary Gottlieb Steen & Hamilton», contratado por la Procuración del Tesoro de la Nación de este país, solicitando asesoramiento sobre un intento de embargo sobre patentes argentinas registradas en EE UU.
Si bien el 80% de las 6000 patentes anuales registradas en Argentina son extranjeras, actualmente el INTA cuenta con alrededor de 20 patentes registradas en territorio de los Estados Unidos y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, (CONICET) unas 14 patentes; en ambos casos relacionadas con variedades de semilas y plantas transgénicas cuyos desarrollos son vendidos a empresas radicadas en los mismos Estados Unidos y de los que estos centros de investigación recibirán royalties sobre las ventas de transgénicos en el mundo.
Aunque la estrategia establecida entre el bufete de abogados y los técnicos argentinos fue demostrar que el INTA y el CONICET son autónomas de la estructura estatal (situación que no es real pues recibe fondos del presupuesto nacional) y que las patentes involucran a terceras personas físicas y jurídicas como autores de las investigaciones (sin embargo estos organismos argentinos figuran como solicitantes de las invenciones); el juez Griesa, descartó estos argumentos y consideró que no continuaría con la presentación del fondo buitre sobre un derecho que todavía no genera valor patrimonial (la mayor parte de las patentes se encuentran en trámite). Un caso similar ocurrió en Alemania un fondo de inversiones presentó un pedido similar en los tribunales de Frankfurt y Munich, que también fueron desestimados por la Justicia.
No se sabe aún que sucederá cuando los fondos buitres intenten embargar las Marcas creadas para los transgénicos que esperan ser exportados a China por las empresas con las que se establecieron los contratos de comercialización. Las semillas transgénicas que esperan aprobación en Argentina son tres variedades de soja y una de maíz de las firmas Monsanto (Intacta RR2 PRO); Bayer (LibertyLink), Basf (Cultivance) y Syngenta (Agrisure Viptera).
Estas marcas poseen un valor comercial intangible de mercado de acuerdo a los tratados internacionales de propiedad intelectual y comercio suscriptos por Estados Unidos y Argentina en la OMC.