La sombra de la sospecha vuelve a recaer sobre la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores. El juzgado de instrucción número 26 de Madrid está investigando un posible fraude en los peritajes realizados para determinar al final lo que las tiendas de informática defender sus posiciones ante los numerosos procesos legales emprendidos contra […]
La sombra de la sospecha vuelve a recaer sobre la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores. El juzgado de instrucción número 26 de Madrid está investigando un posible fraude en los peritajes realizados para determinar al final lo que las tiendas de informática defender sus posiciones ante los numerosos procesos legales emprendidos contra las tiendas de informática para exigir el pago del canon.
En la querella, a la que ha tenido acceso elEconomista, las tiendas de informática aseguran que para que los informes de la SGAE tuvieran validez real en juicio, delante de jueces y magistrados, «era preciso conseguir la apariencia de documento oficial y por eso, de mutuo acuerdo, procedieron a imprimir los informes en papel oficial de la Universidad Politécnica de Madrid». Así, según dicen, se lograba que «una institución oficial y pública avalara un informe a favor de una entidad privada hecha por uno de sus funcionarios».
Manipulación
Y lo peor de todo, según denuncian, es que hubo una manipulación de los peritajes para alterar la realidad y los productos que debían realmente pagar. En España, hasta el año 2003, no había ningún listado sobre los artículos electrónicos que debían soportar un canon y se decía sólo que debían abonar la cuota aquellos que fueran idóneos para realizar copias y grabaciones. Esa es la razón por la que la SGAE necesitaba informes periciales que determinaran qué artículos debían estar gravados con la tasa y cuáles no.
Es algo parecido a lo que ocurre ahora con el canon digital, que grava al móvil o al MP3. A pesar de que la Orden Ministerial no ha aparecido todavía publicada en el BOE, las entidades de gestión lo están cobrando por adelantado desde que fue ratificado hace dos meses por el Congreso de los Diputados. La querella de las tiendas de informática fue admitida a trámite el pasado mes de julio, pero ha sido ahora cuando el juzgado ha llamado a declarar, inicialmente, al catedrático encargado de los peritajes. Josep Llover, abogado de Apemit, asegura que se le ha citado ya dos veces ante el juez, la última hace apenas un mes, y Aracil ni siquiera ha comparecido, «por lo que estamos estudiando emprender nuevas acciones».
Los afectados, un mínimo de 300 pequeñas y medianas empresas de informática de toda España, aseguran que han sufrido sentencias condenatorias en virtud de la documentación denunciada, y que los beneficios obtenidos ascienden a más de cien millones.
Según Apemit, ante las continúas reclamaciones por parte de los autores muchas tiendas de informática han ido a la quiebra y se han visto obligadas ya a cerrar en todo el país. La SGAE, sin embargo, ha declinado hacer ningún comentario al respecto limitándose a decir que hasta ahora ha ganado todos los procesos legales contra las tiendas. Este no es, sin embargo, el único enfrentamiento abierto entre Apemit y la sociedad que gestiona los derechos de los autores. Conjuntamente con las organizaciones de internautas y los hosteleros, la asociación ha presentado también una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer si la entidad está incurriendo en posibles prácticas delictivas.
Sin ánimo de lucro
Tal y como ha adelantado elEconomista en los últimos meses, y a pesar de que en teoría es una entidad sin ánimo de lucro, la SGAE ha creado un complejo entramado empresarial del que se benefician sus directivos. Y eso, al margen de acumular un impresionante patrimonio inmobiliario en los últimos años tanto en España como en exterior, de valor absolutamente incalculable.