¿Que quiere el empresariado hispano? He ahí una pregunta que, en materia económica, respondemos sin vacilación: reformar el mercado laboral, eliminar los impuestos a las actividades empresariales, al capital e al patrimonio, privatizar los servicios públicos y sociales y las empresas estatales, reducir el gasto público, reformar el sistema de pensiones… Ahora bien, ¿sabemos con […]
¿Que quiere el empresariado hispano? He ahí una pregunta que, en materia económica, respondemos sin vacilación: reformar el mercado laboral, eliminar los impuestos a las actividades empresariales, al capital e al patrimonio, privatizar los servicios públicos y sociales y las empresas estatales, reducir el gasto público, reformar el sistema de pensiones…
Ahora bien, ¿sabemos con la misma certeza qué es lo que quiere en materia política?
Según el documento Un momento clave de oportunidad para construir entre todos la España admirada del futuro o Declaración Transforma España (disponible en http://www.fundacioneveris.es/Images/Transforma%20Espa%C3%B1a%20Fundaci%C3%B3n%20everis_tcm32-71088.pdf ), que un importante grupo de empresarios, entre los que se encontraban presidentes o miembros de los Consejos de Administracións de las principales empresas de la Bolsa de Madrid, como Telefónica, Repsol, BBVA, ALSA, Zeltia, Inditex, Planeta, MAPFRE, La Caixa, PRISA, Endesa, Mercadona, Santander, Iberdrola, Iberia… -si bien faltaban representantes de El Corte Inglés, Gas Natural, Ferrovial, OHL o Sacyr-, presentaron el pasado 15 de noviembre al Rey -de la mano del ex ministro de Defensa Eduardo Serra, el presidente da Fundación Everis, y, entre otros, Fidalgo, el ex dirigente de CCOO, y Punset, el conocido divulgador científico-, lo que quieren es una profunda transformación del sistema político español, fundamentalmente en lo que respecta al sistema de partidos y a la ley electoral y a la división del Reino en comunidades autónomas.
Así, según se desprende de la Declaración, presentada como unha iniciativa preocupada por garantizar el futuro de España, el empresariado firmante de la Declaración, al margen de mostrar su preocupación por la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas españolas, para lo que reclaman la eliminación de los trámites para la creación de empresas y el fomento de la innovación, el emprendimiento y la sosfisticación -que únicamente es posible, dicen, mediante la reforma del sistema educativo para asegurarse la selección de los mejores y la excelencia académica-, quiere como objetivos políticos fundamentales la rectificación de la democracia setentayochista al proponer: la reforma electoral para eliminar la tiranía de las fuerzas políticas nacionalistas; la modificación del sistema de partidos, que proponen substituir por una nueva presencia de la ‘sociedad civil’ -definida como el «conjunto de individuos, organizaciones y colectivos cívicos, que obran de mediadores entre los ciudadanos y el Estado, desarrollando su acción sobre la base de intereses y valores compartidos», que son ellos mismos (el empresariado firmante de la Declaración), como indican en varias ocasiones-, en la gestión pública, para garantizar la «estabilidad del país por encima de ciclos políticos y mandatos gubernamentales»; la clarificación del modelo autonómico «para evitar las ineficiencias en el reparto de competencias y las negociaciones oportunistas»…
Así pues, los firmantes de la Declaración animan a trabajar juntos a favor del bien colectivo…, que identifican con un marco productivo favorable a sus intereses privados, a los que debe estar sometida la estrategia de Estado, para lo que necesitan reducir el papel de los partidos y la presencia de las fuerzas nacionalistas y minimizar la administración autonómica.
No obstante, para que esas reformas puedan sometar definitivamente a los gobiernos democráticos a sus intereses -en la medida en que aún no lo han hecho-, es necesario un nuevo concepto de ciudadanía-. Efectivamente, es un aspecto central del discurso ideológico que subyace a la Declaración Transforma España la constante referencia al ciudadano -así, sin ciudadanas ni cidadanía-, presentado como eje vertebrador de su proyecto transformador.
Ahora bien, ese ciudadano -permitidme que mantenga el término que emplean continuamente en la Declaración-, no es el ciudadano político propio del pensamiento democrático clásico: sujeto de derechos. No. El ciudadano que sujeta la Declaración es un individuo que integra cinco roles complementarios: ser ‘depositario de los valores de un país’, ‘elector’, ‘consumidor’, ‘financiador’ y ‘productor de valor socioeconómico’. He ahí el ciudadano que propone el empresariado.
Insistamos en este hecho fundamental. En tanto que el ciudadano que nos propone el empresariado para ‘transformar España’ no es un sujeto de derechos, ¿que sentido tiene para ese mismo empresariado, que obviamente conoce el título primero de la Constitución de 1978, en el que se reconocen como derechos, de los que somos sujetos en tanto que cidadanos y cidadanas, entre otros, el derecho a la enseñanza, al trabajo, a la protección de la salud o a la vivenda -por no citar los archiconocidos derechos políticos y sindicales: libertad, igualdad, sindicación, huelga…, recogidos, como los anteriores, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y conquistados por el pueblo en el transcurso de la lucha-, «situar al ciudadano como verdadero centro de gravedad del país»?
La respuesta es sencilla si realizamos una lectura atenta de la Declaración, en la que no hay ninguna referencia positiva a la democracia -un dato fundamental a tener en cuenta- y en la que se propone transformar el Estado del Bienestar, que «representa la evolución del conjunto de factores que determinan la calidad de vida de las personas», para garantizar «su viabilidad y estabilidad». Ahí reside la respuesta: el nuevo ‘Estado del Bienestar responsable’ -así lo definen-, no está garantizado por el Estado providencia; el nuevo ‘Estado del bienestar responsable’ está sostenido por el ciudadano en tanto que financiador de los servicios que consume. He ahí la respuesta. El ciudadano adecuado al espíritu del empresariado no es un ciudadano político en el sentido clásico, es un ‘creador de riqueza’ en tanto que cliente o usuario, financiador o produtor; es, en definitiva, el individuo adecuado al libre mercado que el empresariado propugna. Advertid, por cierto, que es un ciudadano diametralmente opuesto al que forjó la democracia clásica: el ciudadano y la ciudadana perceptor y perceptora de derechos garantizados por el Estado en tanto que universales e inalienables como vía indispensable para garantizar la libertad y la igualdad, fundamentos de la democracia.
He ahí la nueva democracia transformada que nos propone el empresariado: una democracia en la que los derechos dejan de ser universales para ser particulares y en la que el nuevo eje vertebrador del sistema es el individuo que precisa el mercado competitivo y global, no la democracia. Una democracia demasiado alejada del poder del pueblo y para el pueblo.
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