Un panorama complejo

En un mundo cansado y agobiado, tras medio siglo de políticas neoliberales, que han conducido al planeta a la profundización de la crisis civilizatoria, se hizo presente en Chile el estallido social, movimiento precedido por una crisis económica, política y social. El malestar social, asociado con una crítica al profundo deterioro de todas las instituciones de la república, con la corrupción, la ambición del gobernante y la transformación de la vieja izquierda (habidas excepciones) en oligarquía palaciega, condujo a la revuelta desde el 19 de octubre del año recién pasado, cuando miles de chilenos hastiados  salieron a las calles protestando, bajo el lema…”son treinta años de abuso”.

Las ciudades se alzaron, las calles se encendieron y cundió la represión ante un huracán incontenible que durante un mes mostró la rabia de un Chile profundo que hacia tambalear al gobierno, tanto que, incitó el 12 de diciembre a 14 partidos de oposición a firmar un acuerdo en el que exigían una Asamblea Constituyente, una posibilidad incierta, pero real con miles de personas en las calles. Pero, tres días después, las vacilaciones y la poca templanza política, dejaban en nada la iniciativa reemplazada ahora por el Acuerdo por la Paz. Para ello, habían operado tres mecanismos; por una parte, la amenaza de un golpe de Estado blando proveniente de la derecha,  la permanencia de una forma de hacer política desde el consenso y el desconcierto de  la oposición ante la emergencia del reclamo del Chile profundo/real.  

No fue todo. El gobierno animado por los resultados del acuerdo, e ignorando la repulsa nacional e internacional por la masiva violación a los derechos humanos que estaba llevando a cabo, para arrinconar a la oposición puso en el Parlamento un proyecto de ley que transfería a las fuerzas armadas la protección de la infraestructura básica, acompañada por la sugerencia de modernizar a la policía, el fortalecimiento de las actividades de inteligencia, y las leyes “anti encapuchados”, “anti saqueos” y “anti barricadas”, encontrado sorpresivamente anuencia en la clase política (habidas excepciones), además de un proyecto que buscaba blanquear jurídicamente la figura presidencial. Las repercusiones fueron el deterioro de la democracia y el enclaustramiento del gobierno para salir de la crisis de gobernabilidad, tendencia profundizada un año más tarde con un nuevo proyecto que intenta ahora eximir de responsabilidad penal a las fuerzas de Orden y Seguridad y de Gendarmería en el uso de armas de fuego empleadas en “defensa propia”.

No obstante las recriminaciones, el acuerdo fijó para el 25 de octubre la realización de un plebiscito…aun cuando las movilizaciones se mantuvieron pese a las restricciones de la pandemia. Y como no hay plazo que no se cumpla el evento se llevó adelante con un resultado sorprendente. Un 78,27% de la ciudadanía aprobó la elaboración de una nueva Constitución y un 78,99% dijo que esta se hiciera través de una Convención Constitucional. La participación ciudadana fue histórica rompiendo la barrera psicológica del 50%, un resultado espectacular si se toma en cuenta la pandemia que nos afecta. En fin, cabe valorar el interés de la mayoría de los chilenos por sumarse a la vía político-institucional para provocar los cambios.

Ahora bien, en ninguna parte está escrito que el triunfo del Apruebo está asegurado; de allí la necesidad de una reflexión serena y meditada, para evitar una nueva derrota de quienes triunfaron. El triunfo del Apruebo  y de la propuesta para que la nueva Constitución fuera a través de una Convención Constitucional fue arrasador. Era el momento de la más amplia unidad. La participación de la ciudadanía fue la más alta en la historia republicana, también fue la más alta, desde 2012, cuando se instauró el voto voluntario. El triunfo, entonces, es inapelable. Ahora bien, el tiempo político para enfrentar el futuro inmediato es apremiante. La elección de los 155 Constituyentes será el 11 de abril de 2020, y se encuentra entremezclada con la casi inmediata elección de presidente, senadores, diputados, concejales, alcaldes y  gobernadores, lo que ya está desatando la carrera electoral y las ambiciones personales y partidarias. Además, es de especial atención el poco tiempo que existe para presentar las candidaturas de los constituyentes (11 enero).

Para muchos este paso es cosecha del gran estallido social del 18 de octubre de 2019. Pero, este no fue un triunfo coyuntural, las movilizaciones iniciadas en 2005 (que terminó con la cooptación de sus dirigentes), fue profundizada posteriormente por las movilizaciones sociales que desde 2011 han conmovido al país, manifestaciones que fueron, invisibilizadas, difamadas y satanizadas por los medios de comunicación. Además, en el tiempo más largo este proceso se inicia mucho antes; ya en los ochenta la mayoría exigía una Asamblea Constituyente. Con el ciclo 2005-2011 también se puso de manifiesto la necesidad de una nueva relación de poder. El 18 de octubre quedó en evidencia la efervescencia máxima del malestar social ante las desigualdades estructurales del sistema, la frase “no son treinta pesos, son treinta años”, se hizo sentirá con fuerza, a pesar de tenerse claro que este modelo se inició en 1974 en consonancia con la recomposición mundial del capitalismo.

El “estallido social” de 2019 fue el resultado de esta larga marcha y del fracaso de la transición. Los movimientos sociales lograron movilizar a la ciudadanía. Los nuevos movimientos sociales compuestos por mujeres, indígenas, minorías sexuales, pesca artesanal, precarizados; así como la de los viejos movimientos sociales (obreros, pobladores, estudiantes) lograron, pese a sus divisiones, posicionar la idea de cambio. Lamentablemente, por diversas razones, los partidos políticos de izquierda fueron quedando atrás de este proceso, convirtiéndose en un obstáculo para el cambio liberador.

En este escenario surgió el acuerdo de noviembre pasado, donde finalmente son los partidos políticos quienes negociaron la salida institucional en momentos que tambaleaba el gobierno. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta que la salida se está haciendo con las mismas reglas del juego que han permanecido sin cambio desde 1980…con los mismos quórums, las mismas instituciones, y los mismos actores, aunque con avances como la paridad de género y graves retrocesos (hasta ahora), como es la reserva de constitucionalidad ante la votación de escaños reservados para los indígenas, además del tema de la participación de los independientes y  la imposibilidad para que voten los chilenos avecindados en el exterior. Agregándose un tema particularmente grave: los trabajadores sindicalizados no están contemplados, la razón se encuentra en la Constitución de 1980.

En esta perspectiva el movimiento sindical ha tenido un protagonismo menor, dividido, sin proyecto, desorganizado, pasto de intereses personales, solamente juega un papel de soporte para políticas provenientes de organizaciones y partidos en función de esas estrategias. Los datos, hasta ahora, indican que la no-participación de los trabajadores organizados podría continuar, habida cuenta que no se ven propuestas al respecto. La tendencia, por esta falta de propuesta, se ve compleja. Este estado de cosas prácticamente se institucionalizó en las conciencias con el paso de los años, de allí la importancia de clarificar el tema ante la opinión pública para imponerlo como tema del debate constitucional. Al respecto debe tomarse en cuenta que el triunfo de la contrarrevolución de 1973 se reflejó, desde los primeros días, en una política de exclusión/eliminación del movimientos de los trabajadores. Pasados los años la vieja rebeldía popular se aminoró gracias al rol de los amarres constitucionales y del peso de los aparatos ideológicos de Estado, para finalmente caer en la intrascendencia política y en la trampa empresarial que a través de dádivas ha logrado mantener en funcionamiento a la UNT, CAT, CGT, CTCH. Mereciendo la CUT un trato aparte por haber intentado mantener, sin mayor éxito, la representación de clase.

Ahora bien,  al posicionarse la idea de cambio, sin desaparecer, las viejas exigencias (fin a la explotación) está emergiendo un nuevo leguaje unificador en vías de constituirse alrededor de los conceptos caracterizadores del nuevo ciclo; a saber; abuso, desigualdad, dignidad, que enmarcado en la frase “Son treinta años”, han logrado sintetizar las reivindicaciones ciudadanas en la exigencia del cambio del Estado Neoliberal por un Estado de Derechos Sociales, Plurinacional y Pluricultural, que se sustente en un nuevo modelo económico para enfrentar las cuatro exigencias principales de la mayoría de los chilenos: mejor salud/mejor educación/mejor vivienda/mejores pensiones.

El triunfo abrió varias perspectivas: i) se pensó que podría poner fin al consenso de 1988; ii) que podría terminar con la “cocina política” por el desprestigio de los partidos políticos; e, iii) incentivar la participación. Fue la impresión de primera hora, pero, dada la particularidad del acuerdo logrado por la clase política, esta se ha hecho cargo del derrotero del proceso constituyente en base a acuerdos parlamentarios que no han contemplado la opinión de los subalternos, intentando de paso aplacar la movilización social; así como las nuevas manifestaciones que han demandado la renuncia del debilitado Presidente de la República. Dicho en otras palabras, pareciera que pese a la presión ciudadana no se ha logrado romper el ciclo del proceso histórico basado en el consenso. Pareciera que la alianza de centro izquierda se orienta a negociar con el posible tercio de la derecha, en tanto los sectores de izquierda no logran ponerse de acuerdo, como tampoco los independientes (divididos además por distintos intereses sociales).

Pero, lo más complejo de esta situación es que a dos meses del histórico triunfo no ha sido posible, por diversas razones, lograr la unidad de quienes aspiran al cambio constitucional.

En fin, las trabas al proceso constituyente podrían terminar con una frustración, lo que podría prolongar la inestabilidad política por varios años, profundizando de paso el conflicto político por la posible radicalización de un nuevo sujeto histórico unido por el cambio constitucional y legitimado por el triunfo del 25 de octubre.

De aquí para adelante todo es complejo, todo lo que viene es nuevo; porque nadie tiene proyecto de sociedad, programa de gobierno, estrategia, línea política y organización (vivimos dentro de un caos organizado). Los peligros que pueden llevar a una severa frustración son variados. El movimiento social aun es una masa abigarrada de personas, de gran presencia territorial, aunque de carácter efímero y desorganizado; pero, la clave podría estar en la participación de los independientes del universo democrático-popular, pero hasta ahora no pueden generar pactos y carecen de recursos, además, pareciera que a los independientes provenientes del mundo mesocrático-popular se les van a adelantar, como es el caso de “Independientes no neutrales” (una mezcla de líderes carismáticos, tecnócratas, liberales y neoliberales). Otros aspectos muy complejos son, insistimos, los plazos políticos, dado que solo hasta el 11 de enero pueden inscribirse listas; por otra parte, están las cifras repartidoras del sistema electoral que dificulta la elección de independientes en listas de los partidos políticos.

Por otra parte, comenzó el rearme de la derecha. Por ahora, siguen divididos por el tema de la representación política, pero están unidos en el apoyo a un gobierno que derivó en autoritario, en la obsesión del orden y en la visión-de-mundo que les brinda la doctrina de la seguridad nacional. Además, respecto a la Convención han tenido éxitos, la propuesta de la paridad de generó la terminó de formular una senadora de RN, lograron reducir la representación de los pueblos originarios, mantienen fuera de la elección a los chilenos residentes en el exterior y negó a los independientes la posibilidad de formar pactos con partidos en la elección de constituyentes (aunque en esta última votación tuvieron apoyo de los senadores socialistas, I. Allende, A. Elizalde, A. de Urresti, J.P. Letelier, C. Montes, R. Quinteros y J.M. Insulza, a los que se agregaron nueve diputados de ese partido).

Al respecto la única explicación posible es el deseo trasversal de conservar las ventajas que la ley otorga a los partidos políticos.  En fin, es muy probable que la derecha  logre la unidad del sector, tanto por razones ideológicas como por la mantención de privilegios y cuota de ganancia. Además, el conjunto de la derecha está severamente afectado por una visión-de-mundo temerosa de la presencia de la izquierda asociada con una forma de rechazo social, patronal, machista y racial…el eterno temor al “roto” y al “indio”… y, a la movilización social. Aunque, hay que examinar una ruptura importante, sectores A, B, C 1 se distanciaron de la derecha, por lo tanto, es posible aislar a la plutocracia. La clave estaría en lograr superar la votación del 25 de octubre (51%).

En fin,  los grandes derrotados y responsables de los “30 Años” son el elenco del consenso de 1989. En la coyuntura destacan un PDC que no quiere la unidad, no por razones ideológicas, sino porque no alcanzan los cupos por la posibilidad que se integren independientes y por la participación paritaria de la mujer. Postura reafirmada nuevamente en vísperas de navidad por su presidente. Por su parte, el PPD busca afanosamente una amplia unidad para imponer una candidatura presidencial sin proyecto de país. El PS, en tanto, sin proyecto de sociedad ni Programa de Gobierno, busca una amplia alianza e intenta quebrar el FA; aunque su objetivo no son coyunturales sino la ambición de mantener las cuotas de poder para preservar el clientelismo político y probablemente el interés  presidenciable en la próxima vuelta; en tanto, los radicales intentan subsistir mediante pactos. Ahora bien, una característica común de este conglomerado es persistir en una estrategia de crecimiento fracasada ignorando el rol jugado por la Concertación.

Estas constataciones permiten formular la siguiente hipótesis, pareciera que el arco político está corrido hacia la derecha desde hace ya varios años, Desde el punto vista de la doctrina política, tanto  la UDI como RN representan políticas autoritarias de ultra derecha, la DC (después de renunciar a su ideario ideológico) es derecha, socialistas, radicales y PPD, se han constituido de facto en el centro político. Por lo tanto, no representan a un sector socialdemócrata, postura más bien propia de los siglos XIX y XX, por la presencia obrera en los procesos de industrialización, sector que derivo desde fines del siglo pasado en un firme sostén del neoliberalismo de la mano de F. González, F. Mitterrand, F.E. Cardoso, entre otros. A falta de proyecto, lamentablemente, lo que los une es el usufructo del poder y el personalismo que reemplazan definiciones ideológicas y programáticas. Un dato importante, sin excepción alguna, las burocracias partidarias están dejando de lado la participación de sus bases en la elección de los candidatos. Cuestión grave porque la democracia interna se fractura. Entonces, ¿cómo luchar por la democracia si los partidos que la sostienen no son democráticos?

Recriminaciones, cálculo político, desaciertos, personalismos,  han impedido la forja de la unidad.  No obstante estos nubarrones,  existe una ocasión propicia para avanzar por la vía institucional en el camino de una nueva Constitución. Pero, como todo camino es pedregoso.

Por lo tanto, existen urgencias para evitar que la derecha logre 2/3 para evitar el cambio. Lo mismo respecto a la vieja Concertación que también necesita 2/3 para buscar los consensos. Allí está la oportunidad de los movimientos sociales, de los independientes, de la acción territorial, de los molestos con sus organizaciones, de los débiles partidos de izquierda, en esa perspectiva  este 26 de diciembre se concretó la unidad entre las direcciones de Chile Digno Verde y Soberano, el Frente Amplio y la Coordinación de bloques de Unidad Social (120 organizaciones de base) para avanzar en la unidad, siendo lo más importante el llamado a la ampliación del bloque y la constitución de un grupo de trabajo para concordar puntos programáticos. En fin, si se toma en cuenta la historia política reciente este podría ser un nuevo el punto de partida para enfrentar el tema de la Convención, al mismo tiempo que podría ser el punto de arranque para la construcción de una nueva alianza orientada al cambio social y al buen vivir.

Esta podría ser la también la posibilidad para reiniciar un camino de izquierda moderna, que rompiendo con las ataduras, tabúes y trancas psicológicas, se oriente por los vericuetos del futuro, alejándose de los dogmas y especialmente de los temores ante el pueblo organizado. Aunque, esta posibilidad pareciera depender de los grados de madurez política, de la ruptura con la ortodoxia y la renovación. Podría ser el momento para la elaboración de un proyecto de sociedad, un programa de gobierno, una estrategia duradera, del afinamiento de la vía político-institucional, una ética de hierro y una  organización que respete la autonomía del mundo popular. En otras palabras, se trata de poner en el centro de los afanes de la política al ser humano.

Ahora bien,  para aquellos que aún tengan temores de las fuerzas armadas, razón para que parte importante de la oposición busque acuerdos, estás no están en condiciones de dar un golpe de Estado por diversas razones: i) es un 80% de la población el que está por los cambios, ii) hay molestia con el gobierno que intentó arrastrarlos a un golpe de Estado cuando el presidente S. Piñera anunció que estábamos en guerra “contra un enemigo poderoso”, conclusión a la que llego luego de un informe del Ministro de Defensa que señalaba que habían 600 guerrilleros proveniente de Cuba y Venezuela operando en territorio nacional, iii) por la corrupción que corroe al alto mando del ejército y carabineros (factor profundo de desprestigio), y,  iv) el distanciamiento entre marina y ejército por razones de presupuesto y de la operatividad de la inteligencia. Pero, no debe olvidarse que su formación está ligada con la defensa del sistema de acumulación imperante, algo que el “progresismo olvidó”.

Los cambios que se perfilan seguramente presentarán un grave problema para la actual dirección del Partido Socialista que ha venido cosechando importantes reveses. En primer lugar debe tenerse en cuenta que  en 2017 eliminó, por medio de la maniobra política, la sólida propuesta del R. Lagos. Luego, sin respetar acuerdos congresales (Primarias abiertas) condujo a la derrota de la candidatura de A. Guillier, bajando además su caudal de militancia, últimamente generó primarias improvisadas. Aunque hay aspectos  más graves: condujo a la derrota cultural, a la pérdida de vigencia, y como si fuera poco transformó en clientela a una militancia transformada ahora en militante-ficha, además de no resolver el tema de la relación con el narco tráfico, grave acusación derivada de los escándalos denunciados en la Municipalidad de San Ramón. Aunque, no deben cargarse todos los males a la actual dirección, esta es una tendencia que también “tiene treinta años”.

 No es todo, la pérdida del horizonte teórico y político derivó en un desconocimiento del Chile Actual. Desafortunadamente, los errores han proliferado, tanto que las últimas semanas se ha explorado la exclusión del PDC (10 de diciembre), es notoria la falta de un elenco presidencial y la pérdida de liderazgo nacional, estos temas incluso están afectando los logos utilizados, de la auto calificación de progresistas se ha intentado agrupar a sectores afines bajo el concepto de socialdemócratas, para últimamente intentar animar a un polo denominado socialismo democrático, incluyendo al Partido Liberal (pero, ¿doctrinariamente que une a liberalismo y socialismo?). Aunque, lo más grave en la actual coyuntura, es el rotundo fracaso de la política de alianzas, lo que probablemente a partir del 11 de enero traerá una probable reacción de la vieja “familia socialista”.

En suma, el país está agitado. Vivimos en un país anómico. El Estado está debilitado, el crimen organizado se está expandiéndose, las pasiones desatadas, la derecha intentando volver por sus fueros y la oposición reaccionando tardíamente. Cunde además la inseguridad, los femicidios están a la orden día, y lo que viene por efectos de la triple crisis (economía mundial, crisis global chilena y el impacto de la pandemia) auguran un 2022 complejo. Los efectos de estos tres impactos serán gravitantes en los próximos años de allí la importancia de enfrentar unitariamente la Convención Constitucional, pero todo indica que, por ahora, esa es una posibilidad está bloqueada por los propios actores políticos.

Los datos indican que para armar los espíritus libertarios para enfrentar los desafíos que vienen, debería tomarse en cuenta: i)  que, la unidad de los partidos no puede hacerse sin escuchar a la ciudadanía que instaló la idea del cambio; ii) que, sin una auto crítica sobre la responsabilidad en la profundización del neoliberalismo es imposible avanzar; iii) que, sin condenar el tráfico de influencias y el rol del gran empresariado se pierde de vista la ética, iv) que, si se toma en cuenta que la revolución electoral abarcó a un 51% del electorado es posible que con un mensaje claro se profundice la tendencia expresada mayoritariamente en Tarapacá, Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde pesaron los votos del mundo popular. En otras palabras mientras más gente vote, más se aísla a la derecha.