El grado de conflictividad que vive Cuba es una cuestión a debate en las actuales circunstancias. Colocar en un lugar u otro el grado y la profundidad de la crisis que se vive hoy, es también un campo de disputa.
Voces Cubanas conversa hoy con la Dr. Ivette García González, historiadora, profesora universitaria y escritora cubana. Es una de las voces que desde hace tiempo existe en el debate sobre la Cuba actual con argumentos informados. Ninguno de ellos debería ser indiferente, ya sea para coincidir o para ponerlos en tela de juicio.
Desde hace algún tiempo la sociedad cubana se transforma social y económicamente, y se visualizan demandas de diversa índole por varios sectores. ¿Está el diseño del Estado cubano en capacidad para absorber y gestionar esas demandas?
A mi modo de ver, tanto el diseño como las capacidades del gobierno están en cuestión. La crisis cubana pasó de ser económica para ser estructural, sistémica y de gobernabilidad respecto a la historia del propio curso de la Revolución en el poder. Hablo de una disfunción de la gobernabilidad producida por una crisis de gestión de gobierno y por la degradación del apoyo político de los ciudadanos.
Hace años la capacidad del gobierno para gestionar demandas económicas y sociales es muy limitada. Ahora se maneja en condiciones de precariedad. Así ha podido mantenerse, pero no desarrollar el modelo —agotado hace tiempo— ni mantener legitimidad. Si no resuelve esas falencias de modo urgente, o abre opciones democráticas que permitan un rediseño y reconstruir hegemonía, la crisis de gobernabilidad se profundizará de manera inevitable.
La reticencia a una reforma sistémica terminó por provocar una fractura del consenso y el deterioro del ideal socialista. Se han estrechado sus bases sociales, también porque la exclusión política supera incluso la económica y social. El gobierno, que debe construir su legitimidad en base a la renovación y la alternativa, apela a la continuidad. Y ocurre en un contexto particularmente tenso por la crisis económica, la pandemia y el bloqueo endurecido con las sanciones trumpistas, que no han sido removidas ni intervenidas hasta el momento por la actual administración Biden/Harris.
Durante los últimos 30 años la sociedad cubana ha cambiado sociodemográfica e ideológicamente. Han influido factores endógenos y exógenos, el caso es que hoy es más demandante e interconectada con el mundo. Sin embargo, el Estado es menos revolucionario, menos socialista y más conservador. Ha adoptado cambios pero manteniendo matrices del “socialismo real”, y gestionando así los procesos con presupuestos y recursos anacrónicos.
La burocracia política devino una nueva clase que incluye a la tecnocracia y los sectores militares, con control de buena parte de la economía en forma de propiedad indirecta. Las estructuras del Partido/Estado/Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil bajo su amparo se han burocratizado. También envejecieron y adolecen de inmovilismo e intolerancia.
Es resultado de su anquilosamiento y de la ruptura del pacto social construido en torno al proyecto hegemónico con el cual la Revolución suplantó al modelo de república burguesa dependiente. Vivimos una crisis de legitimidad de todas esas estructuras, con enormes vacíos democráticos e inexistencia de mecanismos efectivos para la opinión pública. Es, en definitiva, una pérdida de equilibrio entre el gobierno, sus políticas, la aceptación popular y los niveles de consenso.
El distanciamiento entre ciudadanía y gobierno y las contradicciones que se presentan, con impacto directo en la gestión de las demandas tiene tres planos claves: 1) distanciamiento y/o incongruencia entre demandas ciudadanas y agenda del gobierno; 2) debilidad de las instituciones y desconexión con la ciudadanía y 3) incumplimiento por el propio gobierno de la Constitución y otras normas, acuerdos y programas que aprueba, mientras se dilatan leyes de rango constitucional importantes para los ciudadanos.
¿Cuál es su opinión sobre la intensificación de las sanciones a Cuba que tuvieron lugar durante la administración Trump en medio de esta crisis agravada por la pandemia y sus consecuencias sobre el país?
Las sanciones no se justifican, son contrarias a las prácticas del derecho internacional y son injustas. Por más que se presenten contra el gobierno, sus principales consecuencias recaen en las familias cubanas. No es una nueva creación, es parte de la política de los gobiernos de los EEUU contra Cuba, que data de inicios de los años 60. La fórmula ha devenido ya una patología de las relaciones internacionales. La hostilidad ha sido la norma desde el conocido Proyecto Cuba aprobado en marzo de 1960, pero ha escalado niveles extremos cada vez que Cuba se encuentra en una situación crítica. Así ocurrió durante los 90 con las leyes Torricelli y Helms Burton, en el 2004 con el Plan Bush y ahora con la crisis interna llevada a situación extrema por la pandemia.
Su lógica es la de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos, por tanto es inaceptable y deberían ser levantadas, como el bloqueo, sin condicionamientos. Es una variable que el gobierno conoce y el país ha aprendido a lidiar con eso.
No obstante, creo que a veces falta inteligencia política. Se han dado atrincheramientos innecesarios, decisiones políticas internas que parecerían favorecer el escenario de conflicto, como recurso para justificar deficiencias, frenar intentos reformistas y asegurar con más facilidad el consenso interno.
Todo eso es muy perjudicial y peligroso para el país. No se puede sostener un proyecto nacional en base al discurso de la resistencia sino a su capacidad para generar alternativas y lograr el mejoramiento humano, en el caso cubano, a pesar del bloqueo.
La actual dinámica socioeconómica genera cambios en la composición clasista o de sectores de la sociedad cubana y sus dinámicas de desigualdad. ¿Cómo ve este problema y sus posibles soluciones?
Es un fenómeno grave y de consecuencias no solo económicas y sociales sino también ideopolíticas. Es muy sensible para las generaciones de cubanos que abrazaron el proyecto de la Revolución contra la desigualdad y por la justicia social. También para las posteriores que nacieron con derechos conquistados y políticas que beneficiaron a las mayorías.
El fenómeno de la pirámide social invertida viene desde los 1990, acompañado de la desigualdad, la pobreza, las exclusión social y fenómenos como el racismo que se daban por superados. Treinta años después todo eso se ha incrementado y complejizado. Es que se impusieron siempre los presupuestos ideológicos por encima de los económicos. El resultado ha sido el freno al desarrollo de las fuerzas productivas, el incremento de las problemáticas sociales mencionadas y la aparición de otras negativas en el tejido social.
Con la Tarea Ordenamiento y la dolarización parcial de la economía esos problemas se han agravado. Esto explica la escalada que está viviendo la sociedad cubana en términos de desigualdad, pobreza, exclusión, etc.. Lo peor es que el reciente Congreso del PCC anunció que tal fórmula no tiene un plazo determinado ni colocó en su agenda, de modo central, los temas de la pobreza y la desigualdad.
La solución está en liberar fuerzas productivas, eliminar los monopolios estatales en áreas no estratégicas, estimular con urgencia la agricultura y las pymes para revolver la crisis y garantizar a la vez derechos sociales y laborales y poder de decisión para los ciudadanos trabajadores. El Estado debería concentrarse en los sectores realmente estratégicos: minería, defensa/seguridad nacional y servicios públicos. Con un adecuado sistema fiscal, el Estado —que no debería ocuparse de limitar la riqueza fuera de sus manos sino de eliminar la pobreza— podría enfocarse mejor en políticas sociales y diferenciadas que impidan el avance de esas dinámicas de desigualdad.
En un contexto económico y social tan complejo, ¿Cuál es el espacio que tiene hoy la crítica y cuál sería el rol de los intelectuales?
El Estado ha limitado cada vez más los espacios para la crítica y el debate. Hay algunas excepciones, pero no trascienden: no resultan cruciales en la conformación de debates públicos ni en procesos de toma de decisión. Las posibilidades para ese ejercicio imprescindible están hoy casi reducidas a los medios alternativos y las redes sociales.
Ese problema choca directamente con la naturaleza y la función social del intelectual en la sociedad. El intelectual no es solo el que trabaja con el pensamiento y produce ideas en diversas manifestaciones del arte, la literatura o la ciencia. Su verdadera condición se manifiesta cuando es capaz de reflexionar críticamente sobre la sociedad de su tiempo para tratar de influir en los acontecimientos. Está en su naturaleza, aun cuando comparta en esencia la doctrina política del gobierno.
Por otro lado, la falta de espacios para la crítica es una contradicción grave para el socialismo, que, como sistema muy joven, la necesita para dirimir sus contradicciones y superarse. Lamentablemente, los modelos que conocemos, incluido el nuestro, han evidenciado serias dificultades de la clase política para aprovechar la inteligencia que produce el socialismo.
Cuba está viviendo un proceso de transición y el clima sociopolítico se torna cada vez más tenso, sin alternativas a la vista para las mayorías. Además de los fenómenos ya mencionados, padecemos de inercia social, contradicciones y carencias democráticas, degradaciones de la cultura política y la ética cívica de la convivencia, debilidad de las instituciones, insuficiente cultura jurídica y política y despliegue de extremismos políticos. También, de ignorancia sobre temas de historia cubana y universal, que han sido silenciados, dogmatizados o mal aprovechados y que podrían contribuir a cultivar las conciencias y aprender de los errores del pasado, nuestros y de los otros.
En ese contexto, necesitamos con urgencia un fortalecimiento y empoderamiento de la sociedad civil. Son todos asuntos de primera importancia a los que pueden contribuir los intelectuales como parte del pueblo, ejerciendo la crítica desde una postura propositiva. Es preciso formar conciencias respecto a valores, funcionamiento del poder, democracia, derechos y capacidades, mecanismos de articulación de alianzas, etc..
Existe hoy un gran debate sobre el financiamiento extranjero de proyectos dirigidos a la subversión en Cuba ¿Cómo entender este fenómeno en el contexto político, económico y social cubano?
La situación de Cuba es muy particular y por lo menos hay tres planos del asunto que no se pueden desconocer.
El gobierno estadounidense financia proyectos de ese tipo como parte de su estrategia injerencista y agresiva contra Cuba desde los años 60. Eso está comprobado, es condenable desde todo punto de vista y ha deslegitimado históricamente a quienes se oponen en Cuba al gobierno.
En el plano interno, el gobierno cubano, tiene un espectro infinito para considerar la “subversión”, parte de lo cual evidencia sus grados de intolerancia. En Cuba no es posible legalizar un medio, asociación, o un proyecto siquiera al margen del control estatal, lo que impide financiamiento —que es imprescindible para todo proyecto— por vías regulares. Es una lógica opresiva que cierra la ecuación: eres parte de su estructura, eres ilegal o no haces nada. Al gobierno le sirve para neutralizar iniciativas, no necesariamente subversivas, manipular a la ciudadanía y radicalizar posiciones.
La única alternativa a esa polarización está en este mundo globalizado y de internet, en que la sociedad civil es un actor importante en el sistema internacional. Existen muchas ONGs, corporaciones, fundaciones, etc., que ofrecen financiamientos a proyectos para protección ambiental, empoderamiento cívico, género, reconstrucción de memoria histórica, etc. De manera que es legítimo aplicar con proyectos para obtener financiamiento por esa vía independiente, aunque eso no lo salve necesariamente de verlo a usted metido en el mismo saco del “mercenarismo” tan al uso en las campañas gubernamentales que tienen por fin desacreditar a todas las voces críticas.
Parecería que el discurso periodístico ha sustituido, en alguna medida, los procesos jurídicos en el caso de acusaciones sobre vínculos de personas o entidades con proyectos de subversión y “cambio de régimen” contra Cuba. ¿Qué opinión tiene sobre este problema?
Es una práctica inaceptable. El escalón más bajo en que puede caer el periodismo oficial porque desdice su propia condición y los confirma como propagandistas. Un ejercicio totalmente parcializado, agresivo y violador de derechos constitucionales y de códigos profesionales. Son actuaciones rechazadas por una gran parte de la ciudadanía. El gobierno y el PCC, sin embargo, las premia.
¿Cuáles cree que son los desafíos más complejos para el socialismo cubano en este momento?
Cuba ha seguido por muchos años contenidos esenciales de la variante más torcida y fallida del socialismo. Su resultado ha sido una fatal combinación para el presente y el futuro del país: autoritarismo político e inviabilidad económica. La apelación a la resistencia —con deterioro permanente de las condiciones materiales de vida— basada en la legitimación ideológica del modelo, llegó a su límite, como el diseño que la engendró.
El proceso de transición tiene enormes desafíos, que se deben encarar a pesar del recrudecimiento del bloqueo y las sanciones impuestas por la administración Trump. Los más complejos a mi modo de ver son:
1.- Desencadenar con la mayor apertura posible las reformas para reanimar la economía, evitar la crisis alimentaria y recolocarse en la economía mundial. Significa liberar fuerzas productivas y priorizar la agricultura y las pymes. Los resultados que lamentablemente arrojó el reciente Congreso del PCC, permiten avizorar que si no se presiona suficientemente seguiremos repitiendo el ciclo crisis-reforma-represión. Por eso es vital simultanear la lucha por esas reformas con la lucha por la democracia, que en principio debería centrarse en la defensa de la Constitución vigente —único límite a la actuación ciudadana— y el cese inmediato de la represión.
2.- Lograr la transición hacia un nuevo modelo socialista que tenga la socialización/democratización como elemento transversal. Significa que lo socialista no sea exclusivo en las relaciones socioeconómicas sino que determine al resto y que se privilegie la hegemonía en vez de la dominación y el control prevalecientes.
3.- Afrontar en este momento de la transición la convocatoria a un diálogo nacional incluyendo representación del gobierno, la sociedad civil de la Isla y los emigrados. Debería ser escalonado, estructurado, basado en el respeto al pluralismo político y abierto a la reforma sistémica. Para eso urgen el fortalecimiento y articulación de la sociedad civil, que propicie la construcción colectiva de una hoja de ruta para la reconciliación histórica y el diálogo nacional.
4.- La Revolución cubana es una de las más importantes del siglo XX y se convirtió en referente para la izquierda mundial. Lograr una transformación del modelo, preservando la naturaleza del sistema socialista como alternativa al capitalismo, es su mejor contribución a la izquierda. Es como puede ser hoy un referente legítimo y viable. Sustituir la autocomplacencia y el blindaje de las estructuras del poder por el aprendizaje de la experiencia que ha tenido la izquierda, sobre todo latinoamericana, durante las últimas décadas, sería una buena fórmula.
No aprovechar el momento interno y las sinergias con el mundo progresista, es allanar el camino a las fuerzas que abogan por la restauración capitalista en la Isla.
Fuente: https://oncubanews.com/voces-cubanas/voces-cubanas-ivette-garcia-gonzalez/