El proceso de reformas estructurales levantado como programa electoral y puesto en práctica hace un par de años, ha expresado su corto alcance y superficialidad. Expresa tardanza, liviandad, torpeza y artificialidad. Tras un par de años de discusión, de instalaciones y desmontajes, de reemplazos y restauraciones, no sólo el gobierno termina con sus propuestas y […]
El proceso de reformas estructurales levantado como programa electoral y puesto en práctica hace un par de años, ha expresado su corto alcance y superficialidad. Expresa tardanza, liviandad, torpeza y artificialidad. Tras un par de años de discusión, de instalaciones y desmontajes, de reemplazos y restauraciones, no sólo el gobierno termina con sus propuestas y programa, sino también con su proyecto. Aunque el gobierno y la misma presidenta Bachelet defiende sus acciones como parte de un proyecto más amplio de inclusión social a través de la gratuidad en la educación, la presencia ubicua del mercado con todas sus consecuencias sobre el tejido social y económico deja tales acciones como actos insuficientes ante el mar de demandas insatisfechas.
El gobierno de la Nueva Mayoría ha llegado tarde para los cambios. Cualquier reforma en este momento, después de décadas de penetración y consolidación de una economía y sociedad de mercado, será estéril, tal como ha quedado demostrado con la reforma tributaria, con la misma reforma educacional o con los cambios al sistema de financiamiento de la política. El peso de los hábitos, pero principalmente de estructuras pesadas que han permitido una concentración del poder sólo comparable con el siglo XIX e inicios del pasado, convierte los intentos de reformas en un ejercicio inútil y gatopardista. La nueva ofensiva de los estudiantes, movilizados desde hace más de diez años, es una demostración palmaria de la incapacidad de estas reformas consensuadas con los diferentes ejes del poder para satisfacer las demandas de las grandes mayorías.
El escenario político muta con creciente rapidez. Lo que se instaló hace dos años hoy no tiene relevancia ni presencia. En estos momentos se levanta un espacio político de tensión y contradicción, en el cual los actores más activos han comenzado a tomar posiciones. La postura de la sociedad civil organizada no es la misma que en 2014 y tampoco es la de las elites en el poder, atrincheradas en la defensa de sus privilegios. Este escenario, junto a un gobierno que gira en torno a la «obra gruesa» de unas reformas sin continuidad ni posibilidad de profundización, mantiene un creciente enfrentamiento. Por un lado las organizaciones adquieren una mayor presencia en las calles y en sus lugares naturales; en el otro frente, las elites conspiran y enrarecen el clima político.
Podemos ver un gobierno sin proyección sobre su programa, hoy estancado por las numerosas concesiones hacia los sectores más duros de posiciones aventajadas. No podía ser de otra manera: finalmente es desde allí, desde el poder económico, desde donde fluyen el financiamiento y las autorizaciones sobre los alcances de la política. En este espacio de inmovilidad, y hay demasiados antecedentes en la historia reciente, vendrá el cierre de las reformas y nuevos pactos de gobernabilidad. Tal como en las décadas anteriores, será la clase controladora la que determinará lo que es o no posible en política.
Estamos ad portas de esta clausura, de esta regresión a los años más inefables de la transición. Con controladores y medidas de alienación y de fuerza para mantener el poder sobre sus subordinados. Autoritarismo en sus diferentes vertientes, desde el fundamentalismo y la histeria de la UDI y sus adláteres, al pragmatismo y el cinismo de sectores tipo PPD. Son distintos mecanismos para mantener el poder político que, a su vez, deje actuar a sus anchas al mercado y el lucro en todas sus manifestaciones.
Es este el núcleo del debate, el eje de las contradicciones. Pero una regresión, o incluso un congelamiento del modelo de mercado en sus actuales niveles de concentración y discriminación, es imposible. La historia hace lo suyo, por tanto el avance de las organizaciones y la expresión pública de sus demandas es un hecho que no admite ni un retroceso ni su paralización. Es en este punto en el cual se estrellan las elites controladoras y la mantención del mercado y el lucro contra las reivindicaciones ciudadanas por mayor inclusión, no solo contra el mercado abusivo, como declaran las elites, sino a través de plasmar derechos ciudadanos como una educación de calidad, una salud pública o unas pensiones decentes y dignas.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 854, 24 de junio 2016.