Una de las características esenciales que definen la fase actual que vive el capitalismo, después de todo un proceso de reestructuración, es la dinámica de debilitamiento y achicamiento de los aspectos definitorios del Estado nacional. Esta dinámica tiene una expresión cualitativamente más fuerte en el caso de los países donde la creación de los Estados […]
Una de las características esenciales que definen la fase actual que vive el capitalismo, después de todo un proceso de reestructuración, es la dinámica de debilitamiento y achicamiento de los aspectos definitorios del Estado nacional. Esta dinámica tiene una expresión cualitativamente más fuerte en el caso de los países donde la creación de los Estados nacionales no representó una derivación lógica del grado de acumulación de capital. En el proceso de globalización (libre flujo de capitales), el mantenimiento de las fronteras nacionales, de un espacio de acumulación propio, de un territorio inviolable y de una serie de instrumentos jurídicos para favorecer el desarrollo de una burguesía nativa, todo esto, ha sido visto como obstáculos a hacer a un lado.
Este proceso ha sido tan arrasador, ha sido tan virulento, que para una buena parte de las corrientes de izquierda que se ubican en los espacios institucionales -para no hablar de los sectores de derecha-, este tipo de globalización es el único camino a recorrer.
Simplemente veamos el caso de la llegada del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil al gobierno en ese país. Algunos podían pensar que con Lula se abrían posibilidades de reorganización del Estado nacional y de paralización del proceso de privatización generalizada que se estaba viviendo. La realidad ha sido reveladora: no tan sólo no se ha detenido el proceso de privatización, sino que éste ha logrado dar un salto cualitativo hacia adelante. La promoción que se ha hecho para la siembra de semillas genéticamente transformadas únicamente culmina la entrega del campo brasileño a las trasnacionales y le quita todo sustento al planteamiento de la reforma agraria (el proyecto que está a punto de presentarse plantea un reparto de tierra limitado y deja a los campesinos en manos de los grandes bancos nacionales e internacionales en todo lo que tiene que ver con el crédito). Están además: la reciente venta a Walmart de la gran cadena brasileña de comercio Bom Preço; la licitación abierta al capital privado -que fundamentalmente será respondida por las grandes trasnacionales- para llevar a cabo una mega subasta, a fin de controlar la producción de petróleo en un área donde se calcula que se encuentran el 50 por ciento de las reservas probadas de este producto (6.6 mil millones de barriles); la reducción presupuestal del 18 por ciento en salud y del 50 por ciento en la lucha contra la pobreza y el hambre. Desde luego, nadie pensaba que Lula iba a llevar a cabo una transformación socialista de las relaciones sociales de producción, pero algunos sí pensaban que podría implementar un proyecto nacionalista que permitiera recuperar espacios al Estado nacional. La realidad ha sido otra.
En el conjunto de América Latina no existe, más allá del discurso para la galería y dependiendo de quién sea el interlocutor, una disputa real en torno al proyecto de Nación y al modelo de acumulación. Con diversos matices, la derecha y la izquierda institucional comparten lo fundamental del modelo neoliberal.
Ese proceso de debilitamiento del Estado nacional ha ido acompañado de lo que se pretende como una nueva forma de dominación, que cada vez tiene menos que ver con el viejo modelo del Estado benefactor, en particular en lo que se refiere a la capacidad directa para contar con las mediaciones que permitan asegurar un control social. Trataremos de explicarnos.
Estado débil y despojo social
Hace muchos años, Federico Engels definió al Estado como «consejo de administración de la burguesía», ahora, sería conveniente definir al gran capital y a las trasnacionales como «consejo de administración del Estado». La vieja clase política o ha sido sustituida por completo o está en vista de ser sustituida. Los viejos criterios de Max Weber sobre las características del hombre de Estado y del político profesional no funcionan más. Ya sea de manera directa (Estados Unidos, México) o de manera indirecta (Brasil, Ecuador o Francia) el político profesional ya no es el de «la política como vocación» que describió el teórico alemán, en quien se fusionaba «la ética de la responsabilidad con la devoción apasionada a una causa». Ahora, los restos de la clase política y la llegada de un puñado de representantes directos del capital al Estado hacen alarde precisamente de lo contrario: la carencia total de una ética de la responsabilidad y la ausencia de una devoción a una causa que no sea la del despojo social en beneficio de los grandes capitales.
Daniel Bensaid, en su artículo «El dominio público contra la privatización del mundo» (Viento Sur No 70), nos recuerda un editorial del periódico francés Le Monde que de manera cínica resume el problema: «Quien posee, dirige».
En Europa y en Estados Unidos a este proceso de debilitamiento del Estado se le ha llamado Gobernanza. Con este neologismo se busca disfrazar el proceso de abandono del Estado de sus responsabilidades sociales y la aplicación, en su lugar, de los planes de ajuste estructural, efectivamente hoy metamorfoseados en «Planes contra la pobreza», «Hambre cero» o «Progresa».
Bajo esta visión, el Estado no tan sólo se desafana de sus preocupaciones sociales, sino que pone a remate toda la vieja estructura social para su privatización (las pensiones, el fondo para el retiro, la seguridad social, etcétera), para generar jugosos negocios basados en el desarrollo de la miseria generalizada.
En el caso de México, la vieja estructura de dominación estaba basada en una combinación entre la realización de una serie de políticas públicas que ayudaran al proceso de acumulación de capital -para consolidar una burguesía muy débil-, con una política social que permitía un limitado pero auténtico proceso de redistribución de la renta social.
Incluso los mecanismos de corrupción tenían cierto carácter distributivo, en tanto se dirigían hacia grandes corporaciones sociales, llámense sindicatos u organizaciones ejidales o campesinas. Pero, ningún proceso de corrupción del pasado alcanzó los niveles del rescate carretero, o de los Pidiriegas, o del Fobaproa. La diferencia se ubica en el monto, pero igualmente en el número de beneficiados: estamos hablando de un puñado de inversionistas y de un puñado de banqueros, primero nacionales y luego extranjeros, que año con año ven engrosar sus carteras no a partir de los mecanismo tradicionales de funcionamiento de un banco, sino de la canalización de una parte de la plusvalía social hacia sus bolsillos sin mover un solo dedo (entre 30 mil y 40 mil millones de pesos anuales en el caso del exfobaproa).
Todo esto ha implicado un proceso de paralización de la inversión en educación, una reducción en todo lo que tiene que ver con educación superior (el caso más patético ha sido el del Instituto Politécnico Nacional), una ausencia casi total de inversión en investigación científica, una crisis del sistema de salud, el incremento del déficit de vivienda, y un proceso terrible de pauperización social.
Para poder hacer frente a la ausencia de una política social de Estado se ha recurrido a tres mecanismos, muy ligados entre sí: 1. La elaboración de programas para supuestamente enfrentar el problema de la pobreza. Tanto en el ámbito federal como en el del gobierno de la Ciudad, se han elaborado programas sociales que otorgan cierta cantidad de dinero a los más pobres. No miente Vicente Fox cuando señala que el Progresa ha causado admiración entre varios gobiernos del mundo y entre las instituciones financieras internacionales. Este tipo de programas son totalmente funcionales al sistema neoliberal. Lo que se gasta en esas «becas» no tiene comparación con lo que se invertía en el terreno de salud, educación, vivienda, etcétera. Por eso, desde la India, pasando por Sri Lanka, Brasil (el plan hambre cero de Lula consiste en entregar 50 reales mensualmente a un poco más de un millón de brasileños frente a los más de 50 millones de pobres) o México, estos programas son vistos como el paliativo social frente al descontento y la rebeldía.
De ahí el enorme significado que tiene la decisión de los habitantes del municipio rebelde de San Pedro de Michoacán, en Guadalupe Tepeyac, de quemar los 25 mil pesos que el «Comisionado» «para» «la» «paz» en Chiapas había repartido para tratar de dividir a la comunidad y mantener su política contrainsurgente.
2. La utilización de las Organizaciones no Gubernamentales como ariete para instrumentar una parte de esta política. En México, esto no solamente se demuestra con la incorporación de varios de los representantes más conspicuos de las ONGs a la Secretaría de Desarrollo Social, sino con la incorporación de centenares de ONGs a promover la reorganización social en función de ese tipo de proyectos «sociales» del gobierno. Muchas de las cuales se han convertido en auténticos negocios privados que lucran con la pobreza, la desesperación y el hambre de la población.
3. La utilización de las Instituciones de Asistencia Privada (IAP’s) y de las fundaciones privadas para «complementar» las políticas «sociales». Esto, en primer lugar, representa una gran engañifa: para las fundaciones significa un gran ahorro en el pago de impuestos y para las IAP’s, que reciben ayuda financiera de diversas instancias gubernamentales, un gran negocio (el escándalo de la Lotería Nacional no es sino la punta del iceberg). Pero, más perverso aún, éstas son promovidas desde los medios de comunicación como instituciones preocupadas por la evolución de la pobreza que merecen el respeto de los miserables. Claro, aquí poco importa que México sea uno de los países donde la polarización del ingreso sea más abismal, o donde lo que se recauda por el pago del impuesto sobre la renta (el que grava el ingreso personal) sea de los más bajos del mundo, mientras que lo que se obtiene por el impuesto al valor agregado (el impuesto al consumo) sea de los más altos del mundo (desde luego estamos hablando en términos porcentuales). La fundación Televisa, Azteca o Telmex, o Bimbo, Domecq, etcétera, son presentadas como una evidencia de la responsabilidad social de los empresarios, aunque muchos de ellos han sido los beneficiarios directos del despojo que ha sufrido nuestra patria.
El viejo corporativismo cedió su lugar a la individualización de la clientela política. No es que haya desaparecido del todo, simplemente no tiene el peso que tenía en años anteriores.
En cambio, el concepto sociedad civil se utiliza como coartada para dispensar el abandono de la política de bienestar social del Estado.
Lo social y la agenda del poder
La privatización de todo lo público busca ser compensada con la vulgarización de lo privado. Los viejos conceptos de soberanía popular, clases sociales, soberanía nacional, distinción entre lo público y lo privado, ubicación del poder patriarcal, etcétera, han sido sustituidos por individualización de la soberanía, sociedad civil, intervencionismo democrático, debilitamiento de lo público y fortalecimiento de lo privado, y empoderamiento como coartada para que las mujeres actúen en función del mantenimiento de un poder patriarcal con más mujeres a su interior.
Por todo lo anterior, uno de los objetivos claros de esta nueva forma de dominación es excluir los temas sociales de las agendas de debate nacional. Ahora en México el asunto es muy claro. Desde el poder del dinero se elabora y se procesa el punto fundamental a debatir: la inseguridad.
Otorgándole a este tema una dimensión autónoma que normalmente es separada de la conflictividad social.
Sin embargo, si la crisis de lo político tiene sus raíces en lo social, la crisis de la inseguridad también tiene sus raíces en lo social. No se trata de un fenómeno que haya existido de la misma manera siempre. El auge del crimen organizado está íntimamente relacionado con la actual fase del capitalismo que estamos viviendo. El paso de lo que se conoció como Estado de bienestar a lo que ahora estamos viviendo como Estado del malestar ha estado marcado por una reducción significativa del trabajo productivo, en tanto una buena parte de las mercancías de consumo inmediato que se producían para el mercado interno, lo mismo que las de consumo duradero, ahora son importadas o traídas a México por medio del contrabando.
Todo esto ha significado un proceso de depreciación ética del trabajo regular. No tan sólo en lo que tiene que ver con la tremenda dinámica de depreciación del salario sino con algo más sutil, pero también muy importante, el aprecio social de la importancia del trabajo regular. La precarización del trabajo implica no solamente una caída en los ingresos, sino una subordinación mayor a la hegemonía del capital. El panorama que se presenta frente a un obrero, o un maestro, es el de percatarse que en el mercado informal se obtiene un ingreso superior al suyo.
De esta manera, la vieja organización sindical está siendo sustituida por poderosas redes de control de trabajadores informales. Esas redes normalmente están íntimamente relacionadas con los partidos políticos (en el caso de México, al PRI, pero también de manera creciente al PRD) y con funcionarios corruptos de las administraciones locales.
Paralelamente, no hay que olvidar que el dinero se dirige hacia los lugares donde los niveles de ganancia son más elevados. El narcotráfico, los secuestros, los robos de autos, entre otros, ofrecen ganancias exorbitantes.
Todas estas actividades criminales parten de un principio común: para su desarrollo se requiere reclutar a una serie de personas desesperadas, dispuestas a todo con tal de tener un cierto ingreso; al mismo tiempo se necesita un territorio para llevar a cabo las acciones; por lo tanto, es indispensable mantener un relación estrecha con los encargados de los cuerpos policíacos o desarrollo se requiere reclutar a una serie de personas desesperadas, dispuestas a todo con tal de tener un cierto ingreso; al mismo tiempo se necesita un territorio para llevar a cabo las acciones; por lo tanto, es indispensable mantener un relación estrecha con los encargados de los cuerpos policíacos o El Estado de seguridad interna o policial se convierte cada vez más en la forma en que desde el poder se busca controlar, no la inseguridad, sino la rebeldía potencial o real.
Los medios de comunicación: «la democracia del espectador»
«Los Estados nacionales desmantelan su omnipresencia cediendo la gestión cultural y comunicativa (…) a los grupos nacionales y trasnacionales. Estos entienden ese ámbito como un espacio económico privilegiado y expansivo, como un sector de futuro, y asumen la función de gestión de la creación, producción y difusión cultural de los países.» Ramón Zallo, «Comunicación cultural y globalización».
Sin duda, uno de los beneficiarios centrales del proceso de debilitamiento del Estado-nación han sido los medios de comunicación, en especial la televisión. La hegemonía apabullante del mercado sobre el Estado le abre posibilidades como nunca antes a los medios de comunicación. Creo que fue Carlos Monsiváis quien señaló que la Secretaria de Educación Pública había sido sustituida por la televisión.
En nuestro país, los medios de comunicación, en especial la televisión y la radio, en la época del PRI siempre actuaron en función del poder político. Emilio Azcárraga Milmo, ex-presidente de Televisa lo formuló diciendo: «En Televisa somos soldados del PRI». Al iniciarse la crisis del viejo régimen mexicano, los medios de comunicación tuvieron que reestructurarse.
Por un lado, gozaban de un ganado desprestigio (simplemente habría que recordar cómo se cubrieron las movilizaciones de 1968) y formaban parte de la crisis de legitimidad del viejo régimen. En 1994, las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas vetaron a Televisa y, más allá de unas cuantas voces aisladas, nadie cuestionó esa decisión.
Se inicia entonces un proceso de reorganización para recuperar la legitimidad perdida. Se comenzó por poner cierta distancia frente al poder público, se cambió la visión de los noticieros elaborando algunas críticas al poder público, se incorporó a voces y presencias «críticas» para elaborar el nuevo discurso de la empresa. Ahora, a Televisa le preocupa y busca tener cierto nivel de credibilidad. Una serie de intelectuales críticos participan como comentaristas de sus noticieros, se trajo al payaso Brozo para realizar la crítica a la clase política, se cambió el lenguaje para que el discurso cumpliera un doble papel: primero, ubicarse como ajeno al poder político para ubicarse, después, como el representante por antonomasia de la sociedad civil. Ese proceso se desarrolló en el conjunto de los medios de comunicación.
La ultra derecha religiosa veía con cierta preocupación esa dinámica de modernización de los medios de comunicación: la sexualidad, la homosexualidad, los abusos de los curas, etcétera, eran tratados con todo desparpajo.
Pero ¿qué es lo que está atrás de ese discurso? Los medios de comunicación se han erigido en los jueces de todo lo público, desde los espacios de la sociedad civil. Por eso, en los espacios noticiosos se plantean una serie de críticas en contra de la clase política y de los partidos políticos; MTV México crea entre sus premios anuales uno que se otorga al mejor video que muestre la corrupción de la clase política; programas como la Parodia, que inició como un espacio para burlarse de miembros de la farándula, se dedica hoy a caricaturizar a la clase política.
Esto tiene que ver con la lectura que hicieron los ideólogos de los medios de un hecho indudable: la crisis de la democracia representativa (la cual por cierto en México nunca ha existido, del sistema del partido único pasamos a un remedo de democracia representativa), de sus instituciones, de sus mediaciones y de los políticos profesionales.
Al mismo tiempo, al quebrantarse los viejos mecanismo de control social, y ante la evidencia de que los nuevos no llenaban los requisitos políticos mínimos para generar una dominación estable, los medios de comunicación buscan llenar ese vacío promoviendo una especie de apoliticismo regocijado y siempre culposo, tratando de imponer un nuevo discurso ideológico. Lo que se busca es generar la idea de que los medios de comunicación no son negocios con altos niveles de rentabilidad, sino que se trata de empresas ciudadanas que se ubican como defensoras de la sociedad civil frente a la clase política y el poder político, en especial en lo que tiene que ver con la corrupción. Nada más conmovedor que ver los anuncios de 20 empresas mexicanas hablando de la honestidad (Televisa, TV Azteca, Telmex, Cimex, Bimbo, Banamex…).
Esto ha generado una ideología: honesto igual a empresario.
Desde luego, el resultado de todo esto es por decir lo menos dudoso. En un promocional del PRD se veía a un candidato a presidente municipal de Ecatepec hablando de que él era honesto porque era empresario, al final, cerca del 55 por ciento de la gente se abstuvo.
Por otro lado, en los noticieros, de una manera recurrente se utiliza la mayor parte del tiempo para hablar de los diversos crímenes y robos y para evidenciar las «miserias morales de la sociedad» (madres que golpean a sus hijos, hijos abandonados…). La otra parte es para hablar de la ineficacia de la clase política.
¿Qué queda? ¿Quiénes son los paladines de la ética ciudadana? Ellos mismos.
Que incluso organizan, año con año, grandes teletones como egotrips que los hace verse orgullosamente en el espejo todos los días. Pero el presidente de Fundación Televisa es el hijo de Claudio X González, uno de los empresarios más favorecidos por la corrupción salinista.
El asunto es aún más perverso; los partidos políticos hacen lo fundamental de su campaña electoral en los medios de comunicación. De esta manera, en el 2003 gastaron en propaganda en medios de comunicación alrededor de 538 millones de pesos, que pasaron sin mediación de los bolsillos de los ciudadanos a los grandes medios de comunicación (estamos hablando de siete grupos financieros que controlan oligopólicamente este sector). De esta manera el mismo día que Brozo ponía en evidencia la corrupción de René Bejarano (exsecretario particular de Andrés Manuel López Obrador) los anuncios comerciales nos hablaban de lo bien que van las cosas en la Ciudad de la esperanza. Desde los noticieros se hace un juicio crítico sobre lo desorbitado del dinero público que se entrega a los partidos, cuando ellos se benefician en una cantidad cada vez más importante de ese dinero público.
Y más cuando se ha hecho ideología de que lo que no aparece en los medios no existe.
De esta manera, la crisis de los viejos mecanismos de dominación y la crisis de la reciente e insípida democracia representativa mexicana abre el espacio para que los medios de comunicación promuevan lo que Noam Chomsky ha bautizado de una manera muy acertada como la democracia del espectador. El orador del ágora es sustituido por el lector de noticias, el telegurú.
Ahora, después de la marcha contra la inseguridad, los medios de comunicación están más envalentonados que nunca (según una encuesta, el 75 por ciento de los participantes de la marcha respondieron diciendo que quien los convocó fueron los medios de comunicación, solamente un 6 por ciento dijo que habían respondido al llamado de los organizadores formales).
Trabajan con la hipótesis de que no sólo son los nuevos educadores de la población (en especial de «los jodidos» como le gustaba decir al viejo Azcárraga Milmo), incluso los que ponen en la mesa de debate de la Nación la agenda a discutir (la inseguridad), sino que, además, son los únicos (así lo piensan ellos) con capacidad de movilización social.
Desde luego, lejos estamos de victimizar a los que fueron a la marcha contra la inseguridad; la marcha en sí misma debe tener su propia lectura. Pero lo que aquí me interesa es la actuación de los medios de comunicación, en especial Televisa, Radio Centro y Reforma, en la promoción y realización de la manifestación y el significado de todo en función de la reorganización de la dominación.
El fin de la historia o la historia sin fin «… la gobernanza se presenta como el proyecto de constitución política más adaptado al neoliberalismo, para el cual ha llegado la hora de eliminar todo riesgo de que las mayorías sociales hagan oír su voz. No basta para ellos reunirse en Qatar. Hay que liquidar los fundamentos básicos de la democracia y ello con un aire juvenil y libertario. Su proyecto de devolución del poder a la sociedad civil significa la desaparición misma del espacio público de la participación política ciudadana que queda sustituido por el espacio privado del mercado y de la ‘sociedad civil’. (…) De hecho, en este particular esquema, el Estado no expresa ningún interés general debiéndose arbitrar entre los intereses particulares, con lo cual sólo representa el interés particularísimo de sus burocracias». J.D. Moreno, «De la gobernanza o la constitución política del neoliberalismo».
Esta forma de reorganización de la dominación tiene una serie de ideas fuerza: El fomento a los valores propios del individuo que, a lo más que puede aspirar, es a convertirse en ciudadano si participa del proceso electoral y cuya representación colectiva solamente se ubica en la familia.
El Estado debe abandonar una serie de espacios públicos: la educación, la producción, los servicios, los medios y debe reducirse a sus funciones jurídicas y políticas, las más elementales.
El Estado debe delegar en las instituciones de interés privado las funciones que abandona.
La privatización del poder debe reducir los espacios públicos, las comunidades, lo colectivo, banalizar el debate público y la agenda social.
El ciudadano se convierte en cliente del Estado y de las instituciones privadas que promueven la filantropía social. Las viejas corporaciones siguen teniendo utilidad en tanto mecanismo de sujeción pero ya no caben en la construcción estratégica del nuevo tipo de poder.
A pesar de lo apabullante que puede aparecer el panorama, la realidad es que en muchos lados el modelo está haciendo agua.
El fracaso de esta concepción neoconservadora se ha iniciado.
En el terreno de la economía, cada vez está más claro que no ha sido el mercado el gran regulador de los procesos productivos sino, al contrario, la manifestación de su desorganización; el poder oligopólico ha permitido un control en el conjunto de las esferas productivas. Simplemente hay que recordar cómo se han enfrentado los diversos «crash» de las bolsas de valores. Subiendo o bajando las tasas de interés, asegurando una inyección de capitales suplementarios, limitando o liberalizando la emisión de bonos de la tesorería, limitando o liberando la emisión de papel moneda. Desde luego, estos mecanismos de regulación están al servicio de los grandes capitales. Es decir, se busca crear un mecanismo para impedir el estallido de crisis, pero no con el objetivo de regular los factores de la producción, sino de asegurar las grandes ganancias del capital. El Estado neoliberal busca entonces regular la economía en beneficio de los grandes capitales y en especial del sector especulativo. Esto rompe con el viejo pacto social que buscaba, de alguna manera y por razones estratégicas, no desproteger del todo a los sectores populares.
Por otro lado, no se ha detenido la corrupción. Lo que sucede es que ésta se manifiesta ahora totalmente vinculada a la economía especulativa. La quiebra de algunos bancos, o el dinero del narcotráfico o de la mafia, las caídas espectaculares de las bolsas de valores, que han sido un mecanismo impresionante para quedarse con el dinero de los pequeños ahorradores, o casos como los de Enron, Parmalat, o el Fobaproa mexicano, son las versiones modernas e incrementadas de los incendios provocados por los mismos dueños, de los que nos hablaba la película polaca La tierra de la gran promesa, o de los robos cometidos desde el poder en la época gloriosa del Estado benefactor. Esta corrupción está llegando a las más altas esferas del poder estatal, revelando el carácter profundamente mezquino de los nuevos estadistas.
En el caso del anteriormente llamado tercer mundo la situación es peor: se ha obligado a un cambio que ha arrasado la economía tradicional, muchas veces elemento fundamental de la alimentación de nuestros pueblos, bajo la promesa de una integración a un mercado capitalista totalmente copado.
Nada más trágico que las recomendaciones formuladas hace algunos años por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a Somalia para reestructurar su situación productiva y llevar a cabo una política de ajuste estructural, con el objetivo de ocupar un lugar en el comercio internacional; el resultado está a la vista.
Incluso en países con un nivel productivo importante, como México, ese proceso no ha significado un cambio estable y sobre todo duradero, del nivel de acumulación. En la práctica hemos visto un fenómeno variado que está marcado por los siguientes aspectos: crecimiento como nunca de las maquiladoras (más allá de sus vaivenes, representa el sector exportador de manufacturas más importante), sin que esto haya tenido el efecto multiplicador que se pensó en el inicio. Todavía más del 90 por ciento de las materias primas auxiliares y de los insumos que se utilizan para el funcionamiento de esas empresas son importados. Crecimiento de la inversión del capital extranjero en los sectores especulativos. La conversión de un 70 por ciento de la deuda pública «interna» en débitos a extranjeros. Una buena parte del capital extranjero invertido en México se está ubicando en la compra de Certificados de la Tesorería, con una volatilidad muy grande. Modificación espectacular de toda la estructura agraria, sin que hasta la fecha se concrete la llegada de capitales extranjeros para este sector. En cambio, estamos viendo la agudización de la miseria en el campo y el incremento de la migración de un número cada vez más creciente de campesinos. En conclusión, el modelo neoliberal no se ha consolidado en el terreno de la economía, su única ventaja es que cada vez más sectores de la izquierda institucional lo ven como algo imposible de sustituir, a pesar del sentimiento de rechazo social que genera en su contra.
En el terreno ideológico, a diferencia de la época del surgimiento del Estado benefactor, los partidos que están en los gobiernos no poseen una clara definición ideológica y política que los haga atractivos a largo plazo.
Esto, sumado al ataque que el mismo neoliberalismo ha implementado contra los aparatos burocráticos de control, está creando situaciones sumamente complejas, en las que el Estado pierde capacidad de administrar los conflictos. El perfil bajo que el neoliberalismo le quiere dar a la política le impide la consolidación. Así nos podemos explicar que a pesar de que el movimiento social, y en especial el movimiento obrero, han sufrido una serie de derrotas, sin embargo, como nunca antes en su historia la izquierda latinoamericana está confrontada al estallido de grandes movilizaciones populares que retan el sistema de dominación y se ubican al margen de la democracia representativa tradicional.
En el caso del Estado mexicano, se ha pretendido modificar sustancialmente el pacto social que provenía de la revolución mexicana (ejido, contratos colectivos de trabajo, educación gratuita y laica, etcétera) y, a cambio, se ha promovido el desarrollo de un «solidarismo» que no es más que el intento de una nueva estatización de la sociedad civil, tratando de eliminar cualquier tipo de acuerdo o negociación colectiva (es impresionante la terquedad del gobierno por no permitir que los trabajadores conquisten, vía sus organizaciones sindicales, aumentos generales de salarios, incluso cuando los patrones están de acuerdo; en cambio, se promueve el desarrollo de los estímulos sin ninguna participación de los sindicatos). Se busca, a partir de esos programas de solidaridad, hacer del individuo un cliente del Estado, permitiendo que se desarrollen iniciativas solamente si éstas están en relación con las políticas del Estado.
Al eliminarse una serie de mediaciones del anterior tipo de Estado, se ha dado un fenómeno que alguna vez Foucault llamó: «la gubernamentalización del Estado», nosotros iríamos más lejos y hablaríamos de una especie de «presidencialización del Estado». Tanto Collor de Mello, como Fujimori, como Menem, Carlos Andrés, Salinas, Lula y Fox (con diversos grados de éxito o fracaso) están eliminando una serie de elementos e instituciones estatales, para no hablar de mediaciones, que permitieron la estabilidad de la que hemos hablado.
Muy pocos se atreven a negar hoy la importancia de la sociedad civil; en ese sentido requiere de una preocupación central de las fuerzas políticas. Pero la sociedad civil no está suspendida en el aire, no está compuesta simplemente de ciudadanos con derechos iguales, sino que está compuesta por diversas clases sociales, etnias, hombres y mujeres, pobres y ricos, niños y ancianos, policías y presos, psiquiatras y «locos», etcétera, con intereses no equivalentes o, para ser más precisos, muchas veces contradictorios. Los que nos ubicamos en un proyecto rebelde tenemos entonces un arduo trabajo: reivindicar y luchar por los derechos de la sociedad civil en su conjunto y al mismo tiempo reivindicar y luchar por los derechos de los explotados y oprimidos; ubicarnos en su perspectiva sabiendo que esto, tarde que temprano, entrará en contradicción con otros sectores de la sociedad civil. Esto es natural, no podía ser de otra manera, a menos que se quiera caer en un eclecticismo paralizante y en última instancia profundamente ineficaz para luchar contra la dictadura del mercado, es decir del dinero.