A veces con voladores de luces, y otras entre gallos y medianoche, Sebastián Piñera muestra celo en demostrar que «gobernará hasta el último día» (11 de marzo). Ahora se supo que a precio de vaca flaca se vendió el archivo de 97 años de La Nación, que fue un diario público hasta que Piñera lo […]
A veces con voladores de luces, y otras entre gallos y medianoche, Sebastián Piñera muestra celo en demostrar que «gobernará hasta el último día» (11 de marzo). Ahora se supo que a precio de vaca flaca se vendió el archivo de 97 años de La Nación, que fue un diario público hasta que Piñera lo desguazó en 2010, al comienzo de su gobierno de 4 años.
A veces, con luces voladoras, y otras, entre gallos y medianoche, Sebastián Piñera muestra celo en demostrar que «gobernará hasta el último día» (11 de marzo). Ahora se supo que a precio de vaca flaca se vendió el archivo de 97 años de La Nación, que fue un diario público hasta que Piñera comenzó su desguace en 2010, al comenzar su gobierno de 4 años.
Piñera inaugura alegremente «primeras piedras» de puentes, hospitales y otras obras, con cámaras de TV y un repetido doble discurso recargado siempre con tres adjetivos al hilo. Cuando dijo en la ONU, en septiembre 2011, que los estudiantes chilenos luchaban por una «causa noble, justa y hermosa» y él hacía esfuerzos por «una solución justa, legítima y verdadera», por pura coincidencia y quizás mala suerte, a la misma hora las fuerzas especiales apaleaban a esos luchadores en las calles de Santiago.
Al día siguiente del show, los tinglados han desaparecido, no se ven máquinas ni parafernalia, el terreno luce más pelado que nunca, los vecinos y supuestos futuros beneficiarios locales se hallan desolados, pero la audiencia nacional de la TV se comne un nuevo cuento hiperkinético de un presidente que sabe usar las cámaras para subir en las encuestas como «el único líder serio» de la derecha chilena. En rigor, Piñera inaugura obras que comenzarían meses después que el millonario-presidente se haya ido del cargo a enriquecer su «capital electoral» de cara a la reelección y atender de frente su verdadero capital, el financiero, que ya bordea los 3 mil millones de dólares.
El archivo de La Nación
La presidenta electa Michelle Bachelet se refirió escuetamente a la venta del diario La Nación, cuyo proceso de desmantelamiento está en su etapa final, consultada el domingo en la conmemoración del asesinato del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Entonces, Bachelet dijo aspirar a que «Chile tenga bienes públicos en los medios de comunicación, totalmente públicos, tanto en los medios como en la televisión». El programa de gobierno de la Nueva Mayoría contiene compromisos respecto al pluralismo en los medios, así como reformas a Televisión Nacional (TVN). «Sin embargo, hasta ahora no existe una posición sobre la situación terminal que afecta al medio público más antiguo del país», dijo la futura mandataria, según Otra Prensa.com.
Distinguidas personalidades de la cultura y el patrimonio reclamaron que el gobierno Piñera no garantizó el carácter público del archivo del diario La Nación, en una carta publicada por El Mercurio del domingo con la firma de Sonia Montecinos, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades; Claudia Zaldívar, directora del Museo de la Solidaridad; Clara Budnick, ex directora de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam); Nivia Palma, también ex-directora de DIBAM y ex vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales; Bárbara de Vos Eyzaguirre, ex-directora del Museo Histórico Nacional el historiador Mauricio Rojas, el arqueólogo Mauricio Uribe, la activista político-cultural Loreto Bravo, el museólogo Leonardo Mellado González, el antropólogo Luis Alegría Licuime; y el arquitecto Patricio Gross Fuentes, de conocida trayectoria en la recuperación de obras de patrimonio arquitectónico.
Diego Matte Palacios, actual director del Museo Histórico Nacional, aportó más datos a la duda y solicitó garantías sobre el acceso íntegro al Archivo que adquirió la universidad privada Diego Portales (UDP). Explicó que su institución ofreció 120.000 dólares (aproximadamente 60 millones de pesos) a la Comisión Liquidadora de La Nación, pero la oferta no fue tomada en cuenta y se adjudicó el Archivo a la UDP en 160.000 dólares (80 millones de pesos). Como nadie informa sobre estos temas, la operación entre gallos y medianoche fue difundida por medios alternativos como Otraprensa.com y Lanaciondetodos.wordpress.com.
«Fuimos la primera institución que hicimos una oferta formal a iniciativa propia. Después, internamente, supimos que llegó otra oferta y luego nos pidieron igualar la oferta. La diferencia (con lo que pagó la UDP) yo entiendo que no fue mucha, fueron alrededor de $20 millones», dijo Matte.
La carta a El Mercurio
«Señor director:
«Con sorpresa e indignación hemos tomado conocimiento de dos decisiones gubernamentales que afectan gravemente nuestro patrimonio cultural. A menos de dos meses de concluir el mandato del Presidente Piñera, y a menos de dos semanas del inicio del receso parlamentario, el Gobierno ha resuelto vender el archivo periodístico del diario La Nación y ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley de Monumentos Nacionales.
«El archivo histórico de La Nación contiene testimonios valiosos de nuestra historia política, social, económica y cultural. Sus documentos nos hablan de lo que hemos sido como sociedad, y, por tanto, son una gran contribución a los ejercicios de memoria que requiere nuestro país. Debemos recordar que este archivo es parte del patrimonio cultural de Chile, es un bien de relevancia pública, y su gestión es una responsabilidad del Estado, que debe servir a toda la sociedad.
«Inevitablemente nos preguntamos ¿por qué tanto apuro del Gobierno para enajenar este patrimonio documental? ¿Por qué el Gobierno -a través de la Dibam- no garantizó su carácter público? Las explicaciones de poco sirven por ahora, pues Chile ya perdió este patrimonio, aunque mantenemos la esperanza de recuperarlo.
«Por otra parte, sin considerar la participación de organizaciones sociales e instituciones civiles muy activas en el campo patrimonial, y, peor aún, desconociendo la opinión de los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales, el Gobierno ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley de Monumentos Nacionales.
«Más allá de compartir la necesidad de perfeccionar y modernizar esta legislación, nos parece lamentable, grave y peligrosa esta propuesta gubernamental. Con ribetes de autoritarismo, se elimina la participación en el Consejo de Monumentos Nacionales de instituciones tan relevantes como el Colegio de Arquitectos y la Sociedad Chilena de Arqueología, entre otros, excluyendo la participación ciudadana y desconociendo las prácticas democráticas de la sociedad actual.
«Nuevamente, ¿por qué el Gobierno presentó este proyecto ahora, con tanto apuro, sabiendo que los actuales parlamentarios no podrán estudiarlo ni votarlo? Anhelamos profundamente que cuando haya asumido la presidencia, Michelle Bachelet retire este proyecto del Parlamento e implemente uno de sus compromisos programáticos más destacables en el campo cultural: llevar adelante un proceso amplio y participativo de elaboración de una nueva Ley del Patrimonio, valorando y garantizando la efectiva participación ciudadana en sus órganos resolutivos».
Fuentes:
– http://www.elmercurio.com/
– http://www.otraprensa.com/
*Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, director del Círculo de Periodistas de Santiago