Según Patricio Medina los conglomerados tradicionales, Chile Vamos y Nueva Mayoría, tienen un alto rechazo en la población. Su aprobación apenas ronda el diez por ciento. Piensa que el actual panorama abre espacio a una alternativa distinta, con rostros jóvenes, que pueda renovar la política. Piensa también que la gente está demandado nuevas conductas de […]
Según Patricio Medina los conglomerados tradicionales, Chile Vamos y Nueva Mayoría, tienen un alto rechazo en la población. Su aprobación apenas ronda el diez por ciento. Piensa que el actual panorama abre espacio a una alternativa distinta, con rostros jóvenes, que pueda renovar la política. Piensa también que la gente está demandado nuevas conductas de los dirigentes, mayor participación e injerencia en la toma de decisiones. Dice que los acuerdos cocinados entre cuatro paredes ya no son aceptables porque la gente ya no les cree a los «cocineros» y siente que los políticos tradicionales no legislan para la ciudadanía, sino para ellos mismos o los grupos económicos que los controlan.
El vocero de la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (Confech) y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Patricio Medina Johnson (25), es egresado de ingeniería comercial y licenciado en ciencias económicas. Está preparando su tesis y paralelamente comenzó un magister en economía en la misma universidad. Hijo de profesores, dice que la prioridad del movimiento estudiantil es hoy consolidar sus demandas históricas en un año que considera clave, porque en el Congreso Nacional se está discutiendo la nueva ley que regula el funcionamiento de la educación superior. Medina es cristiano y milita en Revolución Democrática, partido que contribuyó a fundar hace cuatro años.
«Estamos viviendo el fin de un ciclo, caracterizado por la decadencia de las fuerzas tradicionales que han dominado la vida política durante más de 25 años, sin considerar la opinión ni los intereses de la ciudadanía. Pienso que las elecciones municipales serán las últimas de ese ciclo, y votará muy poca gente. Paralelamente existen buenas expectativas para constituir nuevas coaliciones y se abren atractivas perspectivas para las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año, dónde espero que emerja esta tercera fuerza que exprese la unidad de la Izquierda», argumenta.
Patricio Medina recuerda que seis organizaciones: Revolución Democrática (Giorgio Jackson), el Movimiento Autonomista (Gabriel Boric), Izquierda Libertaria, el Partido Humanista, Nueva Democracia (Cristián Cuevas) y Convergencia de Izquierdas, dieron un primer paso hacia la unidad, al reunirse el 20 de agosto para analizar propuestas locales y municipales. «Espero que esta nueva alternativa pueda reencantar a la ciudadanía que no está participando en política», dice.
¿Bastará con hacer un buen trabajo electoral para reconquistar la confianza de la gente?
«Hay que ir más allá y crear instancias sociales que superen la liturgia de votar cada cuatro años; lograr que la comunidad sea parte de la toma de decisiones. Necesitamos abrir los mecanismos de una democracia participativa, porque si no se renueva la forma de hacer política ni hay transparencia, la gente seguirá alejada de los políticos.
Creo que la ciudadanía se cansó de que existan instituciones privadas que manejen fondos previsionales de millones de chilenos en su propio beneficio. La última marcha del Movimiento No+AFP ha sido la más grande de la que yo tenga memoria. Pero hay que poner atención en que, igual como ocurrió con el movimiento estudiantil, las personas se movilizan todavía por sus intereses particulares, por su pensión individual o su bolsillo. Aunque cada vez son más los que quieren establecer un sistema de pensiones basado en la solidaridad, falta más cultura ciudadana para comprender que ésta es una lucha contra un sistema de pensiones injusto y no solamente una pelea individual por la propia pensión.
También vemos esta misma conducta entre los actores sociales de la educación. La gente está cansada del despojo bancario que lucra con el endeudamiento de las familias. Pero todavía no logra asumir plenamente que los problemas son originados por un modelo cultural, social y económico que concibe a las universidades como un negocio y no como entidades que aportan al desarrollo del país».
DEMANDAS SOCIALES
Por lo visto hay mucho en común entre el modelo educativo y el modelo previsional…
«Ambos sistemas responden a una visión mercantilizada de los derechos sociales. Tenemos familias que están endeudadas en más del noventa por ciento de sus ingresos. Cuando existen salarios precarios y los derechos sociales están privatizados, la única forma de cubrir las necesidades básicas de la gente es endeudarse. De esta forma, las personas se convierten en rehenes de los bancos o de las casas comerciales, y viven angustiadas por la posibilidad de perder sus trabajos o no poder pagar sus deudas.
Los grupos económicos deben sacar sus manos de los fondos de pensiones y los bancos deben salir del crédito universitario, porque la ciudadanía no quiere al mercado en la administración de esos derechos básicos privatizados durante la dictadura. La administración de los derechos sociales debe volver al Estado, porque de cualquiera otra forma la sociedad seguirá siendo rehén de los grupos económicos.
Necesitamos una nueva Constitución generada mediante Asamblea Constituyente, para que los derechos sociales sean garantizados al más alto nivel institucional y no queden sujetos a las políticas de un gobierno determinado. La única manera de terminar con el Estado subsidiario es a través de una Constitución legitimada directamente por la ciudadanía».
¿De dónde podrían venir respuestas para estas demandas sociales?
«A las coaliciones que hegemonizan el poder político no les interesan los anhelos de cambio de la ciudadanía. Tienen como objetivo garantizar cierta gobernabilidad para que haya crecimiento económico y evitar explosiones sociales. El ex ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo que no se puede gobernar para la calle y eso deja claro que no se está pensando en solucionar los problemas que afectan a la gente. Es cierto que el crecimiento económico es una variable importante, pero los gobiernos deben sobre todo responder a sus compromisos con la ciudadanía que los eligió.
Candidatos como los ex presidentes Lagos y Piñera, son evidencia de una dramática crisis de liderazgo en la Nueva Mayoría y en Chile Vamos, porque ambos representan la continuidad del injusto orden existente. La gente no está pidiendo ahora estabilidad, gobernabilidad ni orden; quiere soluciones a sus problemas y eso pasa por un cambio en la manera como se hacen las cosas y en definitiva, por el cambio del modelo de Estado y de cómo ese Estado encara los problemas de la sociedad.
Mucha gente está descontenta con el actuar de los políticos tradicionales y la única forma en que esos dos candidatos del pasado no vuelvan a La Moneda es que la gente descontenta participe y busque alternativas. Existe la posibilidad de tener un Estado garante de derechos, que termine con las pensiones miserables, con los estudiantes endeudados y con los problemas de salud y de vivienda que han sido largamente postergados. Pero las soluciones sólo pueden venir de fuerzas políticas que están fuera del duopolio y apoyadas por el pueblo.
Las fuerzas alternativas debemos levantar una candidatura creíble y con claro liderazgo, que recoja las demandas sociales con la idea de construir un proyecto de mayorías, que sume a muchos de los que hoy no están participando. Esta alternativa de Izquierda debe construir un programa que incluya la recuperación de derechos sociales básicos, la educación gratuita, el fin de las AFP y proponga un modelo económico distinto al actual. El candidato o candidata a la Presidencia debe ser aquella persona con legitimidad social que mejor encarne las ideas de transformación que están detrás de esta nueva alianza de Izquierda que viene surgiendo».
EDUCACION SUPERIOR
En tanto vocero de la Confech, ¿cómo ve el proyecto de ley?
«Rechazamos este proyecto de educación superior. Los gobiernos de la Concertación dejaron entrar empresarios sabiendo que lucraban, que entregaban mala calidad de enseñanza y que engañaban a los estudiantes con títulos de profesiones que no sirven. Para creer en la buena fe del gobierno, nos gustaría que presentara una indicación que tipificara el lucro como delito y que terminara ahora con la bancarización del Crédito con Aval del Estado (CAE).
El gobierno debe erradicar a la banca del financiamiento, porque el CAE es el corazón del mercado de la educación. Permite que cuatro bancos manejen con criterio comercial gran cantidad de fondos del Estado. No se penaliza el lucro, porque se le considera una falta administrativa; ni se restringen los contratos de los centros de educación superior con empresas relacionadas, como inmobiliarias, a las que muchas universidades traspasan sus utilidades.
La cobertura del financiamiento también está muy lejos de lo aceptable. Se habla de una gratuidad progresiva que queda al arbitrio del mercado; el ritmo de cobertura lo marca el potencial de crecimiento económico del país, con lo cual tendrían que pasar treinta o cuarenta años para lograr gratuidad universal. El concepto de gratuidad del gobierno no representa al movimiento estudiantil, porque en ningún país existe un sistema de financiamiento de la educación en el que la banca sea el eje, con el agravante que fija los aranceles más caros del mundo y produce un gigantesco nivel de endeudamiento de los estudiantes y sus familias.
Sabemos que la gratuidad no puede hacerse de un día para otro, pero deben implementarse medidas progresivas capaces de garantizarla, sin que sucesivos gobiernos tengan que defender todos los años el porcentaje de cobertura de la gratuidad a través de una glosa presupuestaria. Nada se dice en el proyecto, por ejemplo, respecto a la posibilidad de establecer un impuesto a los egresados o titulados que hayan estudiado con gratuidad.
En relación con el gobierno universitario y la democratización de los centros de estudio de educación superior tampoco hay avances importantes. Se habla de los mecanismos de participación de los académicos, pero nada se dice respecto de los estudiantes y los funcionarios.
Hoy día el sistema está beneficiando con la gratuidad a los estudiantes más pudientes a través de un sistema de acceso que considera como el factor más importante para el ingreso a las universidades la Prueba de Selección Universitaria (PSU). El aumento de la incidencia de los propedéuticos(1), el ranking de notas, pruebas de aptitud específicas, el incremento de las matrículas en las universidades públicas u otros métodos complementarios podrían democratizar el acceso, pero no están propuestos. Bajo este modelo los más pobres siempre van a estudiar en universidades de menor calidad y estarán endeudados. El CAE financia a más de veinte instituciones privadas y el ochenta por ciento de los estudiantes de universidades privadas que no tienen un rol público están endeudados por esa vía».
La Confech ha dicho que hará una propuesta al gobierno. ¿En qué consiste?
«Para la Confech es importante que antes que se envíe la ley de presupuesto 2017, en septiembre, el gobierno se pronuncie sobre la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Ese sería el primer paso de una redistribución de recursos que permita financiar de manera permanente la gratuidad, sin depender de una mera glosa presupuestaria. En la práctica, el CAE ha sido muy negativo para la educación pública, porque ha ampliado la matrícula del sector privado en la educación, generando un déficit en la matricula del sector público universitario, que hoy representa apenas el quince por ciento del total de los estudiantes.
Es también una paradoja que el 75 por ciento de los recursos del CAE vaya a cuatro grupos económicos que lucran con la educación: Laureate, Inacap, Santo Tomás y el Duoc de la Universidad Católica. Eso es particularmente grave, porque la transnacional Laureate, que acaba de admitir en Estados Unidos que lucra en Chile, se lleva 600 mil millones de pesos anuales a través del CAE. No descansaremos hasta que aquellos que reciban recursos públicos queden sometidos a una estricta institucionalidad, que reguarde y fiscalice el destino de estos fondos públicos».
(1) Enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina o profesión.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 860, 16 de septiembre 2016.
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