Acosado por la caída libre en las encuestas de opinión ante su descrédito, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció, hace seis meses, con bombos y platillos, la entrega de 100.000 viviendas gratis a millones de colombianos que carecen de ellas y viven en ranchos y tugurios padeciendo las más infames condiciones sanitarias. Todo lo […]
Acosado por la caída libre en las encuestas de opinión ante su descrédito, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció, hace seis meses, con bombos y platillos, la entrega de 100.000 viviendas gratis a millones de colombianos que carecen de ellas y viven en ranchos y tugurios padeciendo las más infames condiciones sanitarias.
Todo lo más que ha ocurrido es que se expidió la Ley 1537 de junio del año en curso, otro farragoso estatuto que facilita la acción de los políticos corruptos que se raponean los subsidios de vivienda.
Los demás es pura pantalla del Ministro Vargas Lleras (investigado por parapolitico) a quien casi se le cae el helicóptero por estar haciendo demagogia en Sandona (Nariño), donde los campesinos sobreviven en condiciones infames de pobreza.
Las viviendas gratis son otro «falso positivo» del gobierno, pues hasta el momento tal compromiso tiene mucho de titlin y poco de paletas.
A los que si les va bien con Vargas Lleras es a los constructores que le financian sus campañas politiqueras ya que obtienen jugosos contratos y prebendas presupuestales y financieras en las redes del sistema bancario.
Pero a los que les va muy mal es a los desplazados y a las victimas de la violencia que no reciben los subsidios de vivienda.
Los subsidios, equivalentes a ínfimos 25 millones de pesos, fueron asignados desde junio del 2007, y 5 años después, cerca de 3,2 billones de pesos están represados en Fonvivienda y en las Cajas de Compensación, que hacen el gran negociado con estos dineros. Los desplazados no reciben nada, 60 meses después siguen como nómadas por las calles de las principales ciudades del país pidiendo limosnas.
Es increíble que se mienta de manera tan descarada. En Cúcuta y su Área Metropolitana hay 100.000 desplazados del Catatumbo viviendo en chozas y carpas improvisadas pero no reciben el subsidio de vivienda que lo manipulan los politiqueros con sus Cajas de Compensación y con el Fondo Nacional del Ahorro, puesto al servicio de una secta cristiana.
Súmele la mediocridad del Alcalde de Cucuta, Donamaris Ramirez, quien desconoce los Autos de la Corte Constitucional para reformar el POT y habilitar terrenos adecuados donde se construyan en condiciones de dignidad y decoro las habitaciones para las victimas de la violencia.
La paz es con justicia social para los desplazados que solo reciben promesas del régimen oligárquico, pero cuando protestan los asesinan, desparecen o encarcelan.
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