La enormidad de la tragedia humana que causaron los atentados de Madrid el 11 de marzo, el delirante proceso manipulador en el que se zambulló el Gobierno de José María Aznar, la novedad que supusieron las movilizaciones populares de la víspera electoral exigiendo información y responsabilidades, y el vuelco que se produjo con la victoria […]
La enormidad de la tragedia humana que causaron los atentados de Madrid el 11 de marzo, el delirante proceso manipulador en el que se zambulló el Gobierno de José María Aznar, la novedad que supusieron las movilizaciones populares de la víspera electoral exigiendo información y responsabilidades, y el vuelco que se produjo con la victoria del PSOE y el cambio de Gobierno, han hecho que la atención sobre lo acontecido aquellos días se haya fijado en los centros de poder españoles. Sin embargo, con el tiempo van apareciendo datos que hacen conveniente que la ciudadanía vasca vuelva su vista hacia lo que ocurrió en aquellas fechas amargas también en Euskal Herria. Por un lado, la publicación de una «nota informativa» del Centro Nacional de Inteligencia, ha revelado que parlamentarios y cargos institucionales vascos son espiados por los servicios secretos españoles, y sus conversaciones empleadas como un elemento más de manipulación política. Por ejemplo, se ha pretendido hacer ver que la dirección de la izquierda abertzale mantuvo dudas sobre la autoría del atentado, cuando diversas conversaciones ocultadas hasta el momento, demostrarían, al margen de apreciaciones coloquiales, exactamente lo contrario. Aunque sólo fuera por un instinto de defensa corporativa, la Cámara de Gasteiz debería tratar de esclarecer cuál es el grado de libertad con el que desarrollan su actividad política los parlamentarios y emprender actuaciones acordes a la gravedad de lo ocurrido. Y, por otro lado, cuando todos los partidos a excepción del PP y la propia Lehendakaritza han denunciado públicamente que el Gobierno de José María Aznar mintió a sabiendas sobre la autoría del atentado con la intención de obtener un beneficio político de esta manipulación, sería conveniente que la ciudadanía vasca conociera de forma fehaciente con qué información contó el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe sobre esta cuestión y si hubo intencionalidad política en su obcecación por no dejar de señalar a ETA durante toda la jornada del 11 de marzo y buena parte del día 12. Porque hay indicios que invitan a pensar que tenían más de un dato para atribuir la responsabilidad a organizaciones islamistas y ninguno, más allá de los prejuicios, para señalar a ETA. ¿Por qué razón para el mediodía agentes de la Policía española y otros muchos expertos en seguridad descartaban la autoría de ETA y bien entrada la tarde el Departamento de Interior seguía acusando a la organización armada vasca?