Al menos 13.634 personas murieron por «la violencia sociopolítica» en Colombia bajo el actual gobierno, según un informe de ONG revelado en la antesala del encuentro este martes del presidente Álvaro Uribe con la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navanethem Pillay. El encuentro con la alta comisionada hace parte de la agenda […]
Al menos 13.634 personas murieron por «la violencia sociopolítica» en Colombia bajo el actual gobierno, según un informe de ONG revelado en la antesala del encuentro este martes del presidente Álvaro Uribe con la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navanethem Pillay.
El encuentro con la alta comisionada hace parte de la agenda que cumple Uribe en Nueva York, a donde viajó para asistir a la asamblea general de Naciones Unidas. El documento dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirma que entre 2002 y diciembre de 2007, «por lo menos 13.634 personas perdieron la vida fuera de combate, a causa de la violencia sociopolítica» y que esa cifra supera las 23.000 muertes, si se agregan los muertos en combate.
Según las ONG, que citan informes judiciales y policiales, el Estado es responsable directa o indirectamente en 75% de los casos en los que el autor fue identificado. En 24,5% de las muertes la responsabilidad recae sobre la guerrilla.
En seis de cada diez casos la responsabilidad del Estado está relacionada con la «tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por los paramilitares» de extrema derecha, añaden las organizaciones no gubermentales.
«Han aumentado dramáticamente los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado», sostiene el documento firmado por más de un millar de organizaciones agrupadas en la Alianza de Organizaciones Sociales, la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos.
En diciembre, el Consejo de Derechos Humanos tiene previsto realizar un examen detallado a la situación en Colombia.
El documento también asegura que «al contrario de lo que manifiesta el gobierno, el paramilitarismo no ha sido desmantelado» y unos 9.000 combatientes de esos grupos siguen combatiendo, pese al proceso de paz concluido en 2006 en el cual -según cifras oficiales- se desarmaron más de 31.000 milicianos de extrema derecha.
Señala el informe que tan sólo 116 de esos paramilitares están siendo investigados por sus crímenes «y ninguno ha sido condenado, por lo que no se han garantizado los derechos de las víctimas».
El texto igualmente denuncia «los ataques permanentes del gobierno en contra de la Corte Suprema de Justicia» que investiga vínculos de paramilitares y congresistas.
Unos 60 legisladores, casi todos oficialistas, han sido investigados por nexos con las organizaciones armadas de extrema derecha.