29 de octubre, a las 19,30 horas; un vecino del municipio de Algemesí (27.400 habitantes, Valencia) se agarra a la cancela de una puerta –en una casa de la calle Montaña-, para no ser arrastrado por la avenida de agua y tierra; las lluvias intensas causan el desbordamiento del río Magro, que discurre por la periferia del pueblo, y provoca la tragedia: tres muertos en el municipio, a fecha 30 de octubre.
El vecino de Algemesí pudo ser rescatado –in extremis– por otro ciudadano, que se hallaba en la casa; el panorama es el de viviendas (plantas bajas), comercios, vehículos y talleres (incluidas las máquinas) arrasados por el agua y el fango; el municipio queda incomunicado por vía ferroviaria; se suspenden las clases en los centros educativos, y la biblioteca municipal ha perdido gran parte de sus volúmenes y mobiliario.
Las víctimas acumulaban los enseres -fuera de uso- en la calle; la juventud voluntaria –con escobas, pozales y azadas- cooperaba ya al día siguiente en las tareas de emergencia (alimentación y reparto de productos de limpieza, por ejemplo –días después- en una camioneta llegada desde Sevilla).
La vecindad de esta población de La Ribera reclamaba por la demora en la ayuda oficial, sobre todo maquinaria de desescombro, limpieza y servicio de bomberos; asimismo se denunciaba la ineficacia en los avisos de emergencia y señalaban a los cargos políticos; al silenciamiento mediático de los primeros días, se sumaba la devastación en El Raval, uno de los barrios empobrecidos de Algemesí.
El Gobierno español hizo público, el 10 de noviembre, el siguiente balance de víctimas por la DANA: 222 personas muertas, de las que 214 correspondían al País Valenciano, 7 a Castilla-La Mancha y una persona fallecida en Andalucía (75 municipios afectados en el País Valenciano, 2 en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía); decenas de personas continúan desaparecidas.
En un Informe sobre los daños provocados por la DANA (principalmente en 6 comarcas, 75 municipios y tres barrios de la capital), Cámara Valencia destacó en un informe del 2 de noviembre que suman 845.371 habitantes (cerca del 32% de la provincia de Valencia).
Respecto a la actividad económica, si se consideran los municipios más perjudicados, “entre 1.600 y 1.800 locales corresponderían a tiendas o establecimientos comerciales minoristas muy afectados”; el Informe resalta, además, el impacto sobre el funcionamiento de –al menos- 34 mercados municipales.
En una primera estimación (7 de noviembre), la Unió Llauradora i Ramadera cifró las pérdidas en el sector agrario valenciano (estructurales, de cultivos y granjas) en 816 millones de euros; a ello se suman los efectos de las lluvias e inundaciones sobre la ganadería: 9.000 animales muertos, y también la desaparición de numerosas colmenas de apicultores.
Alaquàs, Sedaví, Alfafar, Benetússer, Aldaia, Massanassa, Catarroja, el barrio de La Torre (Valencia), Picanya, Utiel, Requena, Chiva, Torrent, Lloc Nou de la Corona (124 habitantes), Albal, Beniparrell, Cheste… La huella de la catástrofe se percibe en casas, calles y rostros.
En una de las vías principales de Algemesí, brigadas de voluntarios acarrean –el 9 de noviembre- tierras y restos de pertenencias, para que sean retirados de la calle por las excavadoras; además, los trabajadores cooperantes reparten en las puertas de los domicilios bienes de primera necesidad.
Paiporta (27.200 habitantes) es uno de los epicentros de la destrucción en la provincia de Valencia: al menos 62 personas fallecidas (6 de ellas en una residencia de personas mayores), por factores como la crecida del barranco del Poyo.
Una muestra de la indignación popular tuvo lugar el 3 de noviembre, durante la visita a Paiporta de Felipe VI de Borbón; la monarca consorte, Letizia Ortiz; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del PP; además de la protesta vecinal, periodistas como Fonsi Loaiza y Miquel Ramos documentaron –en las redes sociales- la presencia de ultraderechistas en el acto.
Pero la exigencia de respuestas tuvo como gran foco la manifestación convocada el 9 de noviembre en Valencia (que partió de la plaza del Ayuntamiento), con el lema Mazón dimissió; 130.000 personas participaron en la manifestación, según la Delegación del Gobierno; movilizaciones de solidaridad se produjeron en otras ciudades, como Castellón, Alicante o Elche.
Una veintena de colectivos vecinales, asociaciones culturales y sindicatos convocaron la marcha de Valencia; la Generalitat “ha tenido una respuesta con más de 12 horas de retraso, lo que en parte provocó una desgracia mayor (…)”; asimismo, las entidades criticaron la decisión de las empresas “que exigieron a sus trabajador@s continuar con las actividades laborales, a pesar de los riesgos para la seguridad”.
Otro aspecto señalado por las organizaciones es “el desmantelamiento de la Unitat Valenciana d’Emergències (UVE), así como la negativa a admitir el colapso del teléfono 112 de emergencias durante la DANA, y posteriormente el teléfono de asistencia a las familias de las personas desaparecidas”; en conclusión, una “previsión ineficaz” y una “gestión tardía” por parte del Gobierno Valenciano.
La manifestación del sábado en Valencia terminó en las puertas del Palau de la Generalitat; en la fachada, los asistentes realizaron pintadas con la consigna Mazon dismissió; también dejaron carteles con las leyendas Criminalitat Valenciana; Sols el poble salva al poble; Les nostres de fang, els vostres de sang o El que avisa no es Mazón.
Además en un afiche visible en la Plaza de la Virgen, detrás de la fuente del Turia, podía leerse Ayuso mató ancianos, y Mazón valencianos; vecinos del área metropolitana –desde municipios como Alfafar – se desplazaron caminando hasta la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.
En el frente judicial, la CGT anunció el 5 de noviembre la presentación de una demanda contra Carlos Mazón y el Gobierno Valenciano ante la Fiscalía, por la “gestión criminal” de la crisis; “se avisó tarde, mal y a veces con mensajes contradictorios”, explicaron (otra de las políticas señaladas es la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, de quien depende el área de Emergencias de la Generalitat).
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