Condenan a nuestro colega y amigo, Fredy Muñoz Altamiranda, a 15 años de prisión en otro «Falso Positivo Judicial».
Hace un mes fue condenado Joaquín Pérez Becerra, director de esta agencia de noticias, en un juicio que no tendría asidero en otro país. Ese comentario no es nuestro, es de los colegas colombianos, transmitidos recientemente al Lars Palmgren, corresponsal en América Latina de la Radio Estatal Sueca, SR, después de haber entrevistado a Pérez en la cárcel La Picota. Ahora nos llega la Carta Pública del compañero Fredy, informando sobre otro caso de la macabra trama judicial colombiana: el suyo. Nos cuenta que fue condenado a 15 años de cárcel, a través de un juicio falso y absurdo, ya que el colega fue acusado de ser integrante del Frente 37 de las FARC-EP. Por supuesto en dicho juicio no quedó constancia de que el compañero ejercía su profesión de comunicador social del canal Telesur, lo cual hubiera sido muy distinto y más noble porque esa era su realidad y no la lucha dentro de la organización guerrillera.
La rabia contra Telesur y su corresponsal colombiano
En el año 2005 en el continente americano se abrió el espacio Telesur, causando fastidio indisimulado entre los socios de la SIP -Sociedad Interamericana de Prensa- dirigida y financiada, desde la década del ’40, nada más ni nada menos que por la CIA. Al hacer su aparición, Telesur, la reacción de esos personajes mercenarios de la información fue similar a la que manifestaron cuando ANNCOL hizo su aparición en la mitad de los ´90. Grande fue su malestar porque no podían neutralizar la voz de esta agencia ya que no se encontraba en tierra colombiana. Telesur habría de oponerse al monopolio de los medios oligarcas como por ejemplo, el clan Santos, Santodomingo, Carlos Slim y Cía y eso resultaba demasiado fastidioso. Fredy Muñoz fue uno de los primeros reporteros de Telesur en Colombia y tuvo que soportar bastantes agresiones de la clase social que se siente dueña de Colombia.
Entra en acción el DAS-G3
Durante la primera instancia del juicio, en el año 2007, el compañero fue absuelto y por obvias razones decidió instalarse en Venezuela, sabiendo que su vida en la tierra que lo vio nacer corría demasiado peligro. No sólo Fredy fue objetivo del régimen uribista. También cayó la estigmatización sobre William Parra, jefe de redacción de Reuters en Bogotá y hombre cáustico cuando de formular preguntas se tratara en la Casa Presidencial. Por supuesto ello apresuró la avalancha de críticas que cayeron sobre él, en Colombia no se acepta que un periodista ejerza las bases del verdadero periodismo. William fue apuñalado un domingo, mientras paseaba con su familia por la sabana de Bogotá, salvando su vida de manera inexplicable para quienes no creemos en milagros.
Al igual que Fredy, incapaz de dejarse amedrentar por las hordas fascistas, William continuó con su tarea hasta que aterrizó ante el mismo poder judicial, porque los ideólogos del régimen estaban desesperados por tener gente enredada en la llamada «Farc-política». Después de 5-6 años de juicios, el colega Parra fue absuelta, gracias por la solidaridad internacional de los colegas en el mundo. Un reconocimiento a las autoridades y gobierno de Venezuela que no se dejaron a presionar por el Estado Colombiano. Hoy, William colabora con Telesur.
Los montajes contra Hollman, Lozano. . .
Siguió la lista de periodistas estigmatizados por la «justicia» colombiana, pasando a engrosar la lista Hollman Morris, Carlos Lozano, Claudia Duque, Daniel Coronel, un periodista británico y quien escribe. Todos fuimos objeto de persecución del grupo ilegal DAS-G3 durante un tiempo interminable. Según Santos, el DAS está disuelto. Pero no dejó sus operaciones y guerra psicológica. Juan Gossaín, el legendario director de RCN Radio, una mañana de 2009 leyó su editorial y calificó a la Policía Política Secreta de Uribe como una banda criminal, una mafia y concluyó asegurando que no actuaba como una rueda suelta, sino que lo hace bajo órdenes estrictamente dirigidas para neutralizar todo tipo de oposición contra el régimen criminal de Uribe.
Videomontajes DAS contra Hollman y Emanuelsson
Contra Hollman Morris y mi persona, los agentes del DAS-G3 estaban listos para fabricar videomontajes, ubicándonos como guerrilleros de las FARC, lo mismo que aplicaron a Fredy. Al mismo tiempo tenían el espacio para implementar sus campañas sucias en los medios que históricamente han sido fieles al poder fáctico colombiano. Causa gracia a todos los que conocemos a Freddy Muñoz, verlo en una foto truncada en el cuerpo de un guerrillero de casi dos metros de altura, cuando el compañero no mide más de 1.65 metros. A mi la fiscal en el juicio contra Joaquín Pérez, me acusaba de ser guerrillero, presentando una foto de «prueba reina» para desacreditar mi credibilidad como testigo.
La fiscalía «googeleando» buscando pruebas
En realidad todos pueden darse cuenta que soy un rubio sueco. Vale agregar que la foto fue sacada por mí mismo en el año 2001. Y seguimos agregando, en el mismo grupo fotografiado están los comandantes, Pastor Alape (FARC) y Gallero (ELN) y otros guerrilleros cuyas edades oscilaban entre los 18 y 25 años. Sus cabellos negros contrastaban con los míos, canos, ya que yo casi había llegado a los 50 años. Es más, la foto que la fiscal descargó de Google desde la portal de Prensa Rural, unos días antes de mi testimonio, el 19 de agosto (2012), había sido publicada en tres columnas en el semanario VOZ la primera semana de febrero del 2001 junto con el reportaje que hice ese día cuando cinco fortificaciones de los paramilitares habían sido tomadas por una combinada fuerza guerrillera de la FARC-ELN. Es más que obvio, que el juez no pudo hacer otra cosa que rechazar la foto de la fiscal que quedó totalmente desenmascarada.
A rechazar el terrorismo judicial colombiano
Este comentario accesorio no está desprendido de la realidad que hoy padece nuestro compañero Freddy Muñoz. Vemos, con los datos aportados, que nuestro colega es víctima de una justicia caricaturesca, dañina y como tal, demasiado peligrosa. Hoy está siendo estigmatizado por semejante caricatura de justicia, nuestro compañero. Urge que nuestros colegas en el mundo levanten su voz contra semejante atropello a la libertad de expresión y garantías plenas de ejercer el periodismo sin ser asesinado o encarcelado. Exijamos JUSTICIA PARA FREDDY MUÑOZ, el terrorismo de estado colombiano buscará más víctimas y sólo nuestra solidaridad podría detener semejante barbarie.
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Carta Pública de Freddy Muñoz
UNA CONDENA CONTRA LA PAZ
Rechazo de forma categórica la condena proferida por un juez colombiano en mi contra. Nunca he sido, ni seré un «terrorista», «explosivista»,» bombardeador de centrales eléctricas» como dice su fallo. Nada más absurdo que eso. En toda mi carrera, cuya huella es pública y notoria, sólo he bombardeado a la mentira con lo que mejor sé hacer: escribir la verdad.
En 2005 representé en Colombia como corresponsal a la multiestatal teleSUR, hasta el año 2007, cuando salí de la cárcel, acusado de rebelión por fiscales espurios. En ese tiempo un juez valiente determinó que el testimonio de tres, cinco, diez, o cien hombres condenados a pudrirse en los intestinos del sistema judicial colombiano, a cuarenta años de cárcel, y motivados por promesas de rebajas de penas, no eran suficientes para acusarme, menos aún para condenarme.
Hoy, con esas mismas pruebas: los testimonios de hombres coaccionados y en desgracia, un juez decide condenarme a pagar 15 años de cárcel por hechos cuyos autores son confesos y están condenados desde hace tiempo.
Esta condena evidencia que mis denuncias siguen vigentes: la Fiscalía, y una buena parte del Sistema Judicial colombiano están al servicio del narcotráfico y del paramilitarismo, para judicializar y disminuir a la resistencia social en Colombia. Miriam Martínez Palomino, la fiscal que me acusó inicialmente durante este proceso, es un personaje funesto de la «justicia» colombiana, famosa por archivar el sonado proceso de los campesinos desplazados, víctimas del paramilitarismo en Las Pavas, Sur de Bolívar. (Ver http://www.lasillavacia.com/historia/los-sonados-casos-de-la-fiscal-que-no-les-creyo-los-campesinos-de-las-pavas-30278)
Martínez Palomino, condenada por sus decisiones contra el patrimonio público, tomadas en el caso del desfalco de Foncolpuertos, y responsable, por su impericia intencional, de la salida de Alfonso Hilsaca de la cárcel, es junto al fiscal Demóstenes Camargo de Ávila, y el ex director de Fiscalías en Cartagena, Jaime Cuesta Ripoll, parte del equipo de narco-para fiscales manejados por el ex jefe paramilitar de los Montes de María, Rodrigo Mercado Pelufo, y el ex fiscal general Luis Camilo Osorio, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
La condena en mi contra es un estertor de la presencia uribista y paramilitar en nuestro entorno judicial. Cuando fui detenido en el aeropuerto El Dorado, el 19 de noviembre de 2006, la orden de captura en mi contra estaba en los sistemas del DAS desde el 3 de noviembre de ese mismo año, y yo salí del país, con esa orden vigente, el 6 de noviembre, tres días después. Los organismos de inteligencia decidieron hacerla efectiva a mi regreso de Caracas, para involucrar y perjudicar el nombre de la multiestatal teleSUR y al Gobierno venezolano con mi captura por rebelión y terrorismo. Hoy este fallo condenatorio, que estaba listo en agosto de este año, es publicado a una semana de haberse dado los resultados electorales en Venezuela, y a dos días de iniciarse formalmente en Oslo el inicio de unos nuevos acercamientos de paz con la insurgencia colombiana.
Condeno esta decisión judicial por ser una persecución a mi público disentimiento con el sistema que nos ha gobernado siempre, por mis denuncias frontales y en nombre propio de nuestros detractores, y porque es una manera de amedrentar a quienes encaramos sin capuchas la vocería de los procesos políticos que buscan nuestra justicia social.
Seguiré dinamitando a la mentira, bombardeando con mi trabajo periodístico a las estructuras de un sistema que tiene al mundo movilizado en su contra, y amplificando las voces de quienes quieren una Colombia y un mundo mejor.
Fredy Muñoz Altamiranda – octubre 17 de 2012