En una Carta Abierta, 150 ONG de todo el mundo exhortan a la Unión Europea a que se pronuncie en contra de la ley «Justicia y Paz», con la que el gobierno colombiano pretende articular el proceso de paz. La ley «Justicia y Paz» no es justa ni garantiza la paz duradera para Colombia, dicen […]
En una Carta Abierta, 150 ONG de todo el mundo exhortan a la Unión Europea a que se pronuncie en contra de la ley «Justicia y Paz», con la que el gobierno colombiano pretende articular el proceso de paz.
La ley «Justicia y Paz» no es justa ni garantiza la paz duradera para Colombia, dicen las organizaciones no gubernamentales en una Carta Abierta publicada hoy jueves. De la misma opinión es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
El próximo seis de septiembre, la Unión Europea se pronunciará sobre el llamado «Proceso de Desmovilización» puesto en marcha por el presidente colombiano Álvaro Uribe. Las ONG esperan que desde Europa fluyan las críticas, y que la Unión no conceda apoyo financiero ni moral al gobierno de Colombia si no se llevan a cabo cambios fundamentales en la legislación.
Inmunidad para los paramilitares, injusticia para las víctimas
«La ley ofrece muy generosos beneficios judiciales […] a quienes hayan cometido graves crímenes, sin una contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y la reparación», escribe la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El peligro de que los paramilitares caigan en un limbo de inmunidad, mientras se olvida la justicia para con las víctimas, es una de las principales críticas que hacen a la ley las organizaciones firmantes de la Carta. «Constantemente nos llega información de regiones en las que los paramilitares, aunque desmovilizados, conservan su poder y siguen aterrorizando a la población. La ley no prevé ningún tipo de medidas contra esos actos», dijo a DW-WORLD Christiane Schwarz, de la organización alemana Kolko, Derechos Humanos para Colombia.
La entrega de las tierras de las que se apropiaron por los paramilitares será voluntaria. Los desmovilizados recibirán ayudas 40 veces mayores a las que se destinan a las familias desplazadas. Los paramilitares involucrados en graves delitos, como matanzas de civiles, no serán inhabilitados para la política y podrán seguir ejerciendo cargos públicos.
Objetivo: el fin de la violencia
Un Cuerpo Técnico de Fiscales se encargará de investigar a los paramilitares que quieran acogerse a la desmovilización. Sólo podrán beneficiarse de la ley aquellos que confiesen todas las actividades delictivas y colaboren con la Justicia. La fiscalía continuará, paralelamente a la ley «Justicia y Paz», con las investigaciones ordinarias. Si el paramilitar confiesa, las imputaciones contra él desaparecen. Si no colabora, tendrá que responder ante la Justicia.
«Las críticas a la ley son conocidas en Colombia. Pero en todos los procesos de paz existe una cuota de sacrificio. Nuestro objetivo es aclarar los hechos», dijo a DW-WORLD Rodrigo Barrera, Jefe de Prensa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
Pero para las ONG, el sacrificio es demasiado grande si sólo lo hacen las víctimas. «La única solución es tomar medidas para desmantelar completamente las estructuras paramilitares, económica y políticamente», afirmó Schwarz, «sería un sinsentido que la Unión Europea financiase a criminales que mantienen poder ilegal y riquezas robadas», añadió.