Traducido del francés para Rebelión por Caty R.
Franck Gaudichaud es profesor universitario, colaborador de Le Monde Diplomatique y miembro de los colectivos editoriales de las revistas ContreTemps, Dissidences y del portal Rebelion.org. Hace ya varios años que investiga sobre la historia y actualidad de Chile y en particular del movimiento obrero durante la Unidad popular (1). A 40 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, acaba de publicar en Francia dos libros importantes sobre el tema. El primero, Chili: mille jours qui ébranlèrent le monde, Le gouvernement Allende vu par en bas (1970-1973) – Chile, mil días que estremecieron al mundo. El gobierno Allende desde abajo (Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2013), nacido de una tesis de doctorado realizada bajo la dirección de Michael Löwy, analiza la discordancia de tiempos entre las luchas sociales y el tiempo institucional del Gobierno de Allende, así como el nacimiento de los «cordones industriales» y la dinámica colectiva del proyecto de la «vía chilena al socialismo». El segundo, Venceremos (Syllepse, Paris 2013), presenta, en francés, varios documentos históricos del poder popular chileno de los años 1970-1973.
Acabas de publicar dos libros sobre la experiencia chilena de los años 1970 a 1973. Probablemente fue la última gran experiencia de un intento de reforma radical del capitalismo, cuyo terrible resultado conocemos. A lo largo de esa experiencia no sólo asistimos a una política gubernamental, sino también a una impresionante movilización popular, ¿puedes explicarnos en qué consistió esta experiencia popular?
El interés de revisar ese período desde «abajo», a 40 años del golpe, está en ver de qué forma -como en todas las grandes secuencias de auges revolucionarios- aparece un fenómeno de desbordamiento de los grandes partidos, de las centrales sindicales, de las direcciones políticas. En el marco específico de lo que la Unidad Popular (coalición de las principales fuerzas de la izquierda parlamentaria) denominó «la vía institucional al socialismo», constatamos un fenómeno de desbordamiento del marco legal y político-institucional. La apuesta de Allende y de la Unidad Popular (UP) que ganó las elecciones presidenciales de 1970 era precisamente la posibilidad -en plena Guerra Fría y en el patio trasero de EE.UU.- de una transición pacífica o «legal» al socialismo, desmarcándose así tanto de la URSS como de la vía insurreccional-armada cubana. Una transición socialista democrática planeada para que fuera gradual, por etapas, respetando la Constitución de 1925 y el aparato estatal, al que se suponía lo bastante «flexible» para asumir e integrar reformas estructurales radicales. Se entendía igualmente que las fuerzas armadas eran legalistas, «constitucionalistas», que respetarían el sufragio universal, el resultado electoral y asimismo las reformas del presidente Allende. Esas apuestas estratégicas de la «vía chilena» fueron denunciadas desde 1970 como «reformismo burgués» o «programa democrático burgués» por un sector minoritario de la izquierda, la izquierda revolucionaria de la época, en particular por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), dirigido en ese entonces por Miguel Enríquez.
Allende y la UP heredan e integran un marco institucional (mientras la Unidad Popular era minoritaria en el Parlamento) que progresivamente iba a ser sobrepasado por la dinámica de la lucha de clases, por ciudadanos y campesinos movilizados, por el movimiento obrero organizado, incluso aunque dicho movimiento permaneciera ampliamente bajo la influencia de los dos grandes partidos de la coalición gubernamental, el Partido comunista (PCC) y el Partido Socialista (PSC). Hay que completar ese panorama subrayando que la Democracia Cristiana de entonces gozaba también de un auténtico anclaje sindical y popular e intentaba oponerse al papel central de las izquierdas en el movimiento social. Por lo tanto existía una dinámica contradictoria, dialéctica, entre el Gobierno y su base social movilizada, entre los grandes partidos de la izquierda parlamentaria y sus militantes; las direcciones políticas y sindicales a partir de 1972 fueron sobrepasadas, poco a poco, por la dinámica de los conflictos sociales y por las formas de autoorganización -todavía embrionarias- en las poblaciones pobres, en las empresas, en el campo, experiencias denominadas «poder popular».
¿Qué es lo que hace que en un momento dado los trabajadores, la población en general, se movilicen y empiecen a hacer las cosas por sí mismos? ¿Cómo ocurre tal fenómeno?
Hay que recordar que la llegada de la Unidad Popular al Gobierno no se hizo en el marco de lo que llamo «elección fría», sino que aquella victoria política-electoral fue el producto de un auge de las movilizaciones sociales desde mediados de los años 60. La propia elección de Salvador Allende a la presidencia de la República se hizo en el marco de grandes movilizaciones colectivas. Y la izquierda intentó movilizar en torno a su programa de campaña. Por ejemplo, a través de los Comités de la Unidad Popular (CUP), inicialmente pensados para convertirse en algo más que comités electorales. Se crearon 14.000 comités, movilizando a decenas de miles de militantes y simpatizantes. Así, la llegada de Allende a la presidencia en 1970 no significa un declive de las luchas, sino la ampliación y radicalización de éstas. Los trabajadores utilizaron la elección de Allende no esperando lo que iba a hacer y sus consignas, sino acelerando sus movilizaciones, especialmente con huelgas, tomas y ocupaciones de fábricas. Vemos por ejemplo un crecimiento exponencial del número de huelgas «ilegales», que se aceleró aún más entre 1971 y 1972, a medida que la burguesía y los grandes partidos de derecha comprendían que era en el ámbito económico, sobre el terreno de la lucha de clases, donde debían combatir al movimiento popular que acompañaba -y presionaba- a Allende. Podemos afirmar que frente a cada ofensiva de los sectores dominantes, la respuesta de los actores sociales subalternos organizados no fue únicamente defender al presidente Allende -aunque su figura permaneció como legítima y sumamente popular para grandes mayorías obreras hasta el final-. Los trabajadores, militantes y sindicalistas pensaban que había que proteger al Gobierno como conquista del pueblo, pero sobre todo que había que defender y profundizar el proceso de transformación revolucionaria con las herramientas de las que disponían: ocupación de fábricas, manifestaciones en la calle, autodefensa de las poblaciones, tentativas de control obrero y de abastecimiento directo, etc.
Uno de los grandes proyectos económico-social del Gobierno de Allende fue la constitución del «Área de Propiedad Social» (APS), formada por las empresas nacionalizadas. Hubo nacionalización -y después del cálculo de los «beneficios excesivos» expropiaciones sin indemnización- de las inmensas minas de cobre que estaban en manos de grandes multinacionales y del imperialismo estadunidense; también se nacionalizaron grandes monopolios industriales y manufactureros -más de 70-, el conjunto del crédito y sistema bancario… Pero, con todo, muchos trabajadores no estaban incluidos en esa «Área Social» que también preveía un sistema de cogestión y participación directa de los asalariados. Entonces esos trabajadores dijeron: «nosotros también queremos integrar el sector nacionalizado, tenemos el derecho a participar, conseguir mejores salarios, no depender del patrón y de sus abusos, etc.». Y por lo tanto, con base en las primeras medidas tomadas por el Gobierno, un sector radicalizado exige más y comienza a sobrepasar el marco restringido, legal, de las reformas progresistas propuestas por la Unidad Popular, a ocupar sus empresas para imponer la nacionalización, a invadir las calles y ministerios reclamando más a «su» Gobierno y progresivamente a sentirse gobierno y dueño de su destino.
¿Entonces se puede decir que el fenómeno del «poder popular» empezó en el sector que no se había nacionalizado?
En realidad se trataba de una dinámica desigual y combinada. Los grandes bastiones obreros integrados en el sector nacionalizado (por ejemplo las empresas manufactureras, textil, siderúrgica, conserveras, etc.) poco a poco empezaron a cuestionar ciertas limitaciones y dificultades del sistema de cogestión propuesto por el Gobierno y la principal central sindical, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT: para resumir, el Estado nombraba un administrador y éste estaba encargado de poner en marcha la empresa y facilitar la creación de un sistema de cogestión con los representantes de los trabajadores y de los «comités de producción». En algunas de esas empresas, donde había una fuerte presencia del ala izquierda de la Unidad Popular, en particular del PS (2), o del MIR, los sindicalistas comenzaron a cuestionar y a profundizar el sistema de participación. Al mismo tiempo, en las empresas que no se habían nacionalizado, la demanda de integración en el APS era cada vez más fuerte. Se hace presionando al Gobierno -manifestaciones, barricadas en las grandes arterias periféricas de Santiago- o más a menudo ocupando fábricas y denunciando los abusos de la patronal. Esas «tomas» se organizaban también cada vez más en reacción defensiva frente los ataques de la burguesía y de la extrema derecha. El salto cualitativo fue en octubre de 1972. En el magnífico documental La batalla de Chile, Patricio Guzmán tituló ese momento «la insurrección de la burguesía»: entonces, el principal sindicato empresarial (SOFOFA) se lanza en una línea de masas, organizando un lock out patronal a escala masiva, el bloqueo del país gracias a la huelga de corporaciones de camioneros (financiados directamente por la CIA) y apoyado por profesionales liberales, taxistas, médicos, ingenieros, etc. En ese contexto, las limitaciones y las debilidades de la «vía legal» de Allende eran cada día más evidentes para muchos militantes; el Gobierno, en minoría en el Parlamento y frente a una Democracia Cristiana cada vez más hostil, parecía paralizado -entonces empezó a apelar a los militares para mantener «el orden» e intentar estabilizar la situación de conflicto que vivía el país. La respuesta de los trabajadores fue ocupar más empresas -en algunas los trabajadores iniciaron formas parciales y transitorias de control obrero de la producción- y ayudar al abastecimiento de las poblaciones de los alrededores, crear sistemas de transporte colectivo alternativo, etc. Ahí surgieron los que se denominaron «cordones industriales», coordinaciones horizontales, territoriales, situadas principalmente en las grandes arterias periféricas de Santiago, pero que también se encontraban (aunque de forma menor) desde Arica, en el norte (en el sector de la electrónica), hasta la Patagonia (Punta Arenas) pasando por ciudades como Concepción o Valparaíso. Así, en todo el país apareció el mismo fenómeno de autoorganización y coordinación territorial que surgió desde abajo gracias al trabajo de los sindicalistas y los militantes. Lo que el historiador Peter Winn nombró «revolución desde abajo».
¿Cómo funcionaban esos «cordones industriales»?
Había varias decenas de esas coordinadoras en Santiago. Existe una discusión historiográfica respecto a las cifras, pero implicaron a varias decenas de miles de trabajadores (alrededor de 100.00 en el ámbito nacional). Trabajé durante varios años en Santiago sobre la prensa e hice decenas de entrevistas, pero sigue siendo difícil establecer el número exacto de aquellas estructuras, ya que algunas eran muy activas y otras solo existían «sobre el papel», en la propaganda y discursos de la izquierda. Sin embargo, representó un fenómeno importante, porque aunque fuese minoritario afectaba a sectores claves de la economía y a franjas muy activas del campo sindical y político.
El más poderoso de aquellos cordones industriales fue el de Cerillos-Maipú, en la comuna más industrializada de Santiago (con 250 empresas y miles de trabajadores fabriles). Su organización territorial lineal estaba muy clara, ya que las empresas estaban construidas a lo largo de las carreteras y de las vías del tren. Como explico en mi libro sobre «los mil días de la UP», existía un «cordón en sí», presente objetivamente en la geografía de la ciudad, que llevaría a un «cordón para sí», una organización movilizada, nacida de la autoorganización de la clase obrera en esos territorios urbanos. En Maipú, un gran número de empresas pequeñas y medianas, que no estaban integradas en el Área de la Propiedad Social, eran bastiones sindicales del MIR y del ala izquierda del PS (muy activa). Desde junio de 1972, por lo tanto antes de la gran crisis de octubre, el cordón industrial empezó a organizarse. Eso indica que esa forma de organización estaba latente en la clase obrera y explica que durante la crisis de octubre esas organizaciones se multiplicaran.
Los cordones nacieron, generalmente, de la iniciativa de militantes de izquierda y sindicalistas. En las empresas más movilizadas fueron el resultado de auténticas asambleas obreras que elegían uno o dos delegados a la asamblea del cordón industrial de la zona. La investigación que realicé sobre el terreno y gracias a la prensa de la época, indica sin embargo que hay que relativizar la imagen del «soviet a la chilena», ya que sólo se trataba de un embrión de formas de poder dual (en el sentido de Lenin o del marxista boliviano Zavaleta Mercado), no siempre consolidado, lo que también explica en parte la rapidez del golpe de Estado. A menudo, los cordones tenían dificultades para superar el estadio defensivo y transitorio, debido a las orientaciones políticas mayoritarias de la izquierda, de conflictos interpartidistas o interpersonales en las empresas y a los problemas de coordinación comunal y nacional. Las asambleas estaban abiertas a todos, pero en general eran sobre todo los militantes de los partidos y los dirigentes sindicales quienes acudían y las animaban.
¿Esas asambleas eran una forma de superación o desarrollo de los comités de la Unidad Popular (CUP) u otra cosa distinta?
Eran una cosa muy distinta, ya que los Comités de la Unidad Popular entraron en recesión desde 1971 a falta de orientación política, más allá de la campaña electoral, por parte de la dirección de la Unidad Popular. Los cordones estaban realmente anclados en la clase obrera industrial y sindical, reclamaban el control obrero, la aceleración de las reformas, siempre defendiendo al Gobierno frente a la burguesía. Entraron en contradicción con la Central Única de Trabajadores (CUT), que tenía una organización territorial débil. Entonces los cordones suplieron y superaron el déficit de organización.
¿Cómo funcionaba la asamblea de los trabajadores en una fábrica? ¿Era una asamblea general de todos los asalariados o solamente participaba una parte de ellos?
Existe, a menudo, una historia sensiblemente diferente en cada fábrica. El historiador Peter Winn (3) ha hecho un estudio monográfico de la gran fábrica textil Yarur, un bastión de la clase obrera donde el nivel de organización era tal que se trataba de auténticas asambleas de los trabajadores, en las que se discutía de política, de la orientación productiva de la fábrica y también de la lucha de clases a nivel nacional, de la participación en los cordones, de las limitaciones de la izquierda gubernamental o de la vía institucional de Allende… En otras fábricas había más dificultades y las asambleas generales solo reunían a los asalariados más organizados y politizados, a menudo personas pertenecientes al ala izquierda del PS. Según el ambiente político de la fábrica, la dinámica era diferente. Por ejemplo, un estudio empírico que se realizó durante la UP en más de 30 empresas, confirmaba que donde dominaban la Democracia Cristiana o el PCC, el nivel de participación era mucho más débil, la burocracia sindical marcaba la línea y la construcción de los cordones no era una prioridad (incluso estaba contundentemente rechazada) (4). Ahí se ve el papel fundamental desempeñado entonces por el PCC para canalizar y «moderar» las movilizaciones, pero también para frenar ese tipo de iniciativas de poder popular «desde abajo» que sobrepasaban el marco de la CUT y la orientación «gradualista» del Gobierno. En un primer momento, la dirección del PCC condenó firmemente los cordones industriales considerados como un elemento de división de los trabajadores, una iniciativa «izquierdista» y «aventurera»; sin embargo, fueron los cordones industriales los que, en octubre de 1972 y después en junio de 1973, o sea en los grandes momentos de crisis política, permitieron que Allende se mantuviera en la presidencia. Es ahí donde aparece claramente el papel de todo un sector de la Unidad Popular, en particular del Partido Comunista debido a su implantación sindical, para frenar las iniciativas de autoorganización y de lo que yo llamo formas de «poder popular constituyente», ya que eso podía poner en peligro las negociaciones con la Democracia Cristiana en el Parlamento y las tentativas de Allende de encontrar cierto apoyo institucional. Al contrario, el ala izquierda del PS, los cristianos revolucionarios y el MIR llamaban a «avanzar sin transar» y «crear, crear, el poder popular», aunque por otra parte esto no fue siempre seguido de acciones concretas y, sobre todo, no permitió construir una vía alternativa al socialismo concreta y comprensible para las grandes mayorías. El vanguardismo, el propagandismo y el verticalismo también marcaron mucho a la izquierda revolucionaria «rupturista». ¡Entre la propaganda y la acción, a veces, hay mucha distancia!
¿Cuál era en 1970-1973, la tasa de afiliación sindical? ¿Y la influencia de los partidos políticos en el movimiento popular?
La tasa de afiliación sindical era muy distinta según los sectores. En el sector público era casi obligatoria, por lo tanto llegaba a más del 85%. En el sector privado era importante -del orden del 20% como promedio. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) era hegemónica y fundamental para las movilizaciones, pero no representaba a todo el movimiento sindical, ya que en las pequeñas y medianas empresas había numerosos sindicatos no afiliados a la CUT, debido entre otras cosas al código del trabajo. A pesar de todo, la CUT agrupaba alrededor de 700.000 trabajadores en 1970 (de una población de 9 millones de habitantes). En la Central había tres corrientes políticas principales: el PC, muy fuerte, muy estructurado y disciplinado, fuertemente marcado por el estalinismo (tenía más de 250.000 miembros) que era el principal apoyo de Allende; el PS, mucho más heterogéneo, con una fuerte ala izquierda capaz incluso de llamar a la huelga general insurreccional armada, más interclasista (alrededor de 180.000 miembros); y no hay que olvidar a la Democracia Cristiana, que era la segunda o tercera fuerza sindical, dirigiendo a grandes sindicatos. Entonces la izquierda extraparlamentaria estaba formada sobre todo por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización muy joven (formada en 1965), marcada por la teoría de la «guerra popular prolongada» y obligada a hacer frente a la hegemonía de los grandes partidos obreros, insertándose en los sectores más marginales de la clase obrera, menos «controlados» -a menudo abandonados- por la CUT, con un número de militantes entre 10.000 y 15.000 y un círculo de simpatizantes amplio y dinámico. Existían, por otra parte, algunas otras pequeñas organizaciones o grupos, como el PSR (Partido Socialista Revolucionario, trotskysta), el PCR (maoísta) o la Liga Comunista. Cuanto más aparecían las limitaciones o dificultades del proyecto pacifico de Allende y a medida que las posibilidades de una transición legal-institucional al socialismo entraban en crisis, más se desarrollaba la influencia ideológica del MIR dirigida por Miguel Enríquez, en particular en la izquierda de la Unidad Popular. La política del MIR oscilaba entonces entre una crítica radical del «reformismo y el legalismo burgués» de la izquierda y los intentos de alianza con el ala izquierda del PS. A pesar de todo, el MIR se reunía regularmente con Allende, incluso proporcionó un tiempo una protección personal al presidente (los Grupos de Amigos Personales, GAP).
En el debate que has moderado en la Universidad de Verano del NPA, un camarada chileno señaló que en las estructuras del poder popular la gran mayoría de los trabajadores eran al mismo tiempo «allendistas». ¿Cómo explicas esta situación, los avances prácticos que desbordan la legalidad y al mismo tiempo cierta forma de subordinación ideológica?
Hasta el final, Allende fue para la gran mayoría del movimiento obrero «el camarada presidente», es decir mucho más que un símbolo de la victorial electoral. Incluso Allende tuvo una influencia cada vez más fuerte sobre los obreros demócratas cristianos, que veían claramente que el Gobierno había tomado medidas a favor de los trabajadores, de los pobres -aumento de los sueldos, nacionalización del cobre, participación y gestión obrera conjunta… El aura carismática de Allende nunca se cuestionó a pesar de las limitaciones de su programa o las ilusiones de la izquierda con respecto a las fuerzas armadas «constitucionalistas». La contradicción dialéctica es que el poder popular se desarrollaba en nombre de la defensa de «su» Gobierno, pero sobre la base de reivindicaciones propias de los trabajadores, de la clase… con herramientas de lucha que sobrepasaban ese mismo Gobierno, como todos los partidos y poderes constituidos, por otra parte. Por ejemplo, los lemas del cordón industrial Cerrillos y Maipú de 1972, son a la vez la ampliación del sector nacionalizado, algunos exigiendo una Asamblea Constituyente y el cierre del «Parlamento burgués», haciéndose eco de la Asamblea Popular de Concepción de mayo de 1972, el abastecimiento bajo control popular, una intervención política en el ejército para echar a los reaccionarios, el control obrero de la producción, etc.Tenían por lo tanto reivindicaciones que iban mucho más allá del marco político fijado por Allende, pero casi siempre en nombre de la «vía chilena al socialismo». Así lo demuestra también la carta «al camarada presidente», del 5 de septiembre de 1973, de la coordinadora provincial de los cordones industriales de Santiago (que aparece publicada en el libro Venceremos), y decía en esencia «si usted no confía en las masas, si continúa tergiversando y buscando alianzas parlamentarias con la Democracia Cristiana o integrando a los militares en el Gobierno, usted tendrá la responsabilidad de la masacre fría de la clase obrera más organizada de América Latina». Y es lo que pasó… La carta se dirige a Allende para que se apoye más fuertemente en las formas de poder popular y no busque consensos con la oposición. Esto indica también que el sector denominado «rupturista» por la historiografía actual -el MIR, el ala izquierda del PS y los sectores cristianos revolucionarios- no tuvo éxito para plantear, para proponer un proyecto alternativo al de Allende, a la estrategia de una transición legal, pacífica, al socialismo. El sociólogo Tomás Moulian habló de la «doble incapacidad» de los dos polos de la izquierda, en ese momento histórico.
En dos ocasiones, Allende integró a los más altos representantes de las fuerzas armadas en su Gobierno, incluso al lado de los principales dirigentes de la CUT, a quienes también nombró ministros… Fue Allende quien nombró a Pinochet jefe del Estado Mayor en agosto de 1973, convencido de que se trataba de un «legalista». Y fue el ejército, encargado de controlar el abastecimiento o aplicando la «ley de control de armas», el que comenzó, un año antes del golpe, a evaluar las resistencias y fiscalizar violentamente las fábricas, reprimir los marinos de Valparaíso que denunciaban los preparativos golpistas. Todo eso durante el gobierno de la UP.
Aunque los militantes del MIR tuvieron razón en una serie de cosas -anunciaron el golpe de Estado más de dos años antes, insistieron en la necesidad de un trabajo político con los soldados así como en la necesidad de reforzar las formas de poder popular- esa pequeña organización revolucionaria no pudo tampoco representar y proponer una alternativa política nacional, que habría podido cambiar el curso de la historia.
¿Puedes volver a la Asamblea Popular de Concepción?
En 1972, las divergencias se acumulaban en la izquierda, a raíz de los intentos de Allende y del PC de buscar acuerdos con la Democracia Cristina para continuar sus reformas, consolidando la política del Gobierno, mientras la izquierda -ya lo dije y eso era esencial- era minoritaria en el Parlamento. Frente a eso, asistimos al crecimiento de las luchas sociales que hacen que los sectores políticos de la ciudad de Concepción del PS, del MAPU -los cristianos radicalizados procedentes de la Democracia Cristiana- y del MIR llaman a acelerar las cosas, a «avanzar sin transar», a romper con el Estado burgués y el orden dominante. Tras grandes manifestaciones callejeras, en mayo de 1972 se celebró una «Asamblea Popular» en Concepción, convocada por decenas de organizaciones sindicales y sociales, comités de poblaciones y toda la izquierda, salvo los comunistas. La Asamblea llamó a la unificación de las formas de poder popular. A veces, a posteriori, se ha querido ver en este acto público una especie de doble poder local. En realidad fue más que todo una gran asamblea deliberativa, de alerta, de una parte de la izquierda de la Unidad Popular y de la extrema izquierda, un acto más de interpelación del Gobierno que de poder dual. Al principio debía tratarse de un debate público entre dirigentes de partidos, pero los sindicalistas, los habitantes y los militantes sociales presentes en la sala se impusieron para hablar de su cotidiano y esperanzas, pero también temores, interviniendo sobre las contradicciones del período, criticando sus direcciones políticas y las debilidades de la izquierda, llamando a la unidad y denunciando el imperialismo y los «momios», etc. La asamblea fue denunciada inmediatamente por el PC (que fue el único partido que se negó a participar) como una maniobra izquierdista, incluso «manipulada por el imperialismo»; el propio Allende, que desde el día siguiente en una tribuna del Mercurio señaló que podría tratarse de una división peligrosa para el gobierno popular, llamó a la unidad tras del ejecutivo.
Has hablado de los Cordones Industriales. Estaban también los que se denominaban «Comandos Comunales», ¿puedes decirnos en qué se diferenciaban de los cordones?
Los Comandos Comunales eran esencialmente una reivindicación del MIR y de ciertos sectores de la izquierda de la Unidad Popular. Se suponía que agruparían, más allá de la clase obrera, a todos los sectores sociales subalternos, los «pobres de la ciudad» como decía el MIR, los estudiantes, los pequeños comerciantes, los campesinos, la pequeña-burguesía. Debían ser una prefiguración de futuras comunas revolucionarias y de un doble poder. Esa era la teoría que defendía en MIR en particular. En la práctica se comprobó que tenían muchas dificultades para ir más allá de los sectores sociales urbanos denominados «marginales», de los pobladores y las problemáticas específicas (abastecimiento, vivienda, cesantía) de esas poblaciones. La falta de unión entre la clase obrera y esas fracciones importantes del movimiento social, fue una dificultad real para el proceso revolucionario: ¿Cómo construir la unidad de ese campo social, tan heterogéneo y con prácticas históricas lejanas? La izquierda del PS, por el contrario, deseaba dar la prioridad a los cordones, cuando el MIR insistía en los comandos. Muy a menudo, ese debate representó la diferencia de la inserción social de los partidos: el PS era muy fuerte en los cordones industriales y la clase obrera, el MIR, que tenía una débil inserción industrial, desarrolló los comandos comunales, partiendo de las poblaciones urbanas pobres, como en Nueva La Habana. A posteriori, esto se puede analizar como una orientación errónea del MIR, que siempre quiso que los cordones industriales -la forma más avanzada del poder popular constituyente chileno- se reintegrasen como organización de base de la CUT, ya que en su concepción el comando comunal era la forma auténtica del poder popular. Porque lo que realmente funcionó fueron los cordones industriales, al menos en Santiago y en algunas ciudades medianas… Por supuesto, también habría que analizar lo que sucedía en el campo, pero ese es otro debate y significa otra investigación. Sea como sea, el MIR nunca asumió la necesidad de centralizar, de coordinar esos cordones industriales que quedaron entre los «tesoros perdidos», en palabras de Hannah Arendt en su Ensayo sobre la revolución, de los mil días de la Unidad Popular… y que a 40 años del golpe de Estado y del inicio de la represión de 17 años de dictadura neoliberal, merecen salir del olvido con el fin de enseñar lecciones para el futuro. Un legado esencial para esa nueva generación de chilenas y chilenos que reencontró el camino de las movilizaciones sociales.
Notas:
(1) Ver el libro de testimonios y historia oral: Franck Gaudichaud, Poder popular y cordones industriales (1970-1973), Santiago, LOM, 2004.
(2) El Partido Socialista chileno en la época era un partido marxista con un sector de izquierda muy fuerte, especialmente del trotskismo. No tenía nada que ver con la figura del Partido Socialista actual y no pertenecía a la Segunda Internacional.
(3) Peter Winn, Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile s Road to. Socialism, New York, Oxford University Press, 1986.
(4) Juan Espinosa y Andrew Zimbalist, Economic Democracy: Workers Participation in Chilean Industry, 1970-1973, London, Academic Press, 1978.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.