Unas 2.000 familias de toda España solicitarán recuperar el dinero, emitido por el bando republicano, que les fue incautado por el régimen franquista a partir de 1938 y hasta entrada la posguerra. La Agrupación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista ha recogido las copias de todos los recibos que emitieron las autoridades cuando […]
Unas 2.000 familias de toda España solicitarán recuperar el dinero, emitido por el bando republicano, que les fue incautado por el régimen franquista a partir de 1938 y hasta entrada la posguerra. La Agrupación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista ha recogido las copias de todos los recibos que emitieron las autoridades cuando les requisaron el dinero.
Una de las impulsoras de dicha entidad, Lidia Jiménez, y otros asociados se reunieron ayer en Barcelona para estudiar qué posibilidades tienen para recuperar el dinero incautado. A los abuelos maternos de Jiménez les incautaron 1.365 pesetas y, a cambio, obtuvieron un recibo, que fue la dote de la madre de Lidia, Montserrat Capdevila. Jiménez ha acudido en continuas ocasiones desde los años 60 al Banco de España para intentar cobrarlo.
«La respuesta siempre ha sido la misma, que aún no tocaba», precisó Jiménez, quien indicó que la reivindicación de la asociación es que se reconozca la confiscación y se restituya a los afectados y sus descendientes el dinero con un valor actualizado al curso. Estiman que una peseta de 1936 serían ahora 2,85 euros.
En 1938, en plena guerra civil, un decreto del Ministerio de Hacienda del Gobierno franquista, con sede en Burgos, ordenó la prohibición de «la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo», según reza el Boletín Oficial del Estado. Esta orden gubernativa establecía la incautación del papel moneda impreso por el Gobierno republicano a partir de 1936, que también pusieron en circulación algunos ayuntamientos e, incluso, cooperativas.
Sin ahorros
Vecinos de toda España tuvieron que entregar sus ahorros al Banco de España, entidades bancarias privadas y consistorios, y nunca cobraron la cantidad abonada. Eso sí, todas ellas recibieron un recibo oficial donde se certificaba la cantidad entregada. «Pedimos justicia, que a los perjudicados se nos devuelva el dinero incautado al igual que se restituyeron los bienes de partidos políticos o sindicatos», solicitó Jiménez.
Los historiadores que colaboran con la entidad tuvieron acceso al Archivo Histórico del Banco de España y comprobaron que, según los registros, se reconoce que se incautaron y no se devolvieron, al menos, 3.560 millones de pesetas de la época. Hay aproximadamente unas 1.200 familias afectadas que viven en Catalunya. El resto, unas 800, viven en el resto de España.