En 1992, en plena «cresta de la ola» del fenómeno del niño, las sequías y los niveles más bajos de los embalses en la cronología del país, Colombia experimentó la denominada «hora Gaviria» que incluyó racionamientos de energía, pérdidas económicas multimillonarias y un inédito cambio horario a nivel nacional. Para finales de ese mismo año, […]
En 1992, en plena «cresta de la ola» del fenómeno del niño, las sequías y los niveles más bajos de los embalses en la cronología del país, Colombia experimentó la denominada «hora Gaviria» que incluyó racionamientos de energía, pérdidas económicas multimillonarias y un inédito cambio horario a nivel nacional.
Para finales de ese mismo año, más precisamente el 15 de diciembre, con bombos y platillos se inauguraba la hidroeléctrica de El Guavio, la segunda en capacidad energética en Colombia y que se vaticinaba sería la solución a dicha crisis. Los hechos demostraron ser más recalcitrantes que la superflua alegría del momento y el desfalco resultante de la obra salió a la luz pública: Hidro-Guavio se convirtió en uno de los detrimentos patrimoniales más recordados de la historia por un monto cercano a los 2000 millones de dólares.
El gerente de la Empresa de Energía de Bogotá de aquel entonces, el célebremente recordado Fabio Puyo Vasco, fue condenado a 7 años por aquella garrafal estafa por la cual no pagó ni un solo segundo de cárcel al huir del país para refugiarse en las siempre hospitalarias tierras españolas. En 2007, la justicia colombiana desestimó aquel fallo por prescripción de términos.
Las medidas tomadas de ese momento en adelante para evitar a futuro nuevos desajustes se centraron en la implementación del Cargo por Capacidad (que operaba como colchón energético únicamente en temporada de verano) reemplazado posteriormente por el Cargo por Confiabilidad o ingreso de dinero fijo a las empresas generadoras de energía obtenido de un impuesto pagado por los usuarios en sus facturas.
La intención de dicho gravamen, que entró en marcha a finales de 2006 (Resolución 071), era solventar financieramente a los operadores con los recursos necesarios para promover la expansión del sistema de interconexión eléctrica nacional y con el cual se financiaron parcialmente las principales termoeléctricas que operan en la actualidad. A la fecha, por este concepto, se han recaudado alrededor de 14 billones de pesos cuya operación contable en detalle se desconoce.
El punto álgido de la matriz de las crisis energéticas que ha sufrido el país en los últimos 25 años, más allá del generalizado fenómeno de corrupción que ha caracterizado la construcción de decenas de termoeléctricas e hidroeléctricas a lo largo y ancho del territorio nacional, corre por cuenta del error garrafal de haber insistido en una cada vez más caduca, costosa e ineficiente fórmula: el seguir empecinados en confiar la seguridad energética nacional a las fuentes no renovables de energía.
Tanto el modelo de generación basado en hidroeléctricas como en termoeléctricas ha generado para el país durante su implementación externalidades ambientales superiores a los ingresos económicos logrados. En 2013, la Corte Constitucional se pronunció a favor de dicha premisa en la sentencia T-135 al abogar por la necesidad de encontrar opciones diferentes a las represas, debido a que los costos sociales y ambientales sobrepasan los beneficios obtenidos[1]
Múltiples estudios a nivel mundial, entre los que podemos citar los realizados hace poco tiempo por la Universidad de Oxford denominado ¿deberíamos seguir construyendo más represas?[2] y el de International Rivers (IR) titulado «el estado de los ríos del mundo»[3] ponen el dedo en la llaga sobre los efectos colaterales de las hidroeléctricas relacionados con la sedimentación del agua, la mortandad de especies que amenaza la biodiversidad, y el obstáculo para la migración de los peces entre decenas de otros daños ambientales.
Peter Bosshard, director ejecutivo de IR, ONG norteamericana dedicada a luchar por la protección de los ríos y los derechos de quienes viven de ellos hace hincapié en su artículo «10 cosas que usted debe saber sobre las represas» sobre las externalidades económicas que subyacen de la construcción y que ponen en entredicho la eficiencia de las hidroeléctricas al señalar «Se estima que unos 2000 mil millones de dólares se han gastado en las represas desde 1950. Debido a errores de planificación, problemas técnicos y la corrupción, las presas experimentan demoras promedio de 44% y excesos de costos de un 96%. Tales excesos las hacen poco rentables»[4].
A la luz de los hechos, y poniendo en retrospectiva la seguidilla de traspiés que la generación de energía no renovable ha supuesto para las arcas públicas y para el devenir del medio ambiente nacional es menester poner en la palestra pública el siguiente interrogante: con los dineros aportados para la construcción de hidroeléctricas y termoeléctricas en todos los rincones del país ¿no hubiese sido mejor en su momento implementar gradualmente un programa de sustitución de energía basado en Fuentes Renovables no Convencionales (FRNC) financiado con parte de los recursos del Cargo por Confiabilidad?
Más allá de una tímida mención a la incorporación de las FRNC en la Ley 1715 de 2014, no existe un plan de acción para dinamizar la oferta eléctrica con fuentes alternativas como lo son la solar, la eólica o la biomasa.
Y si de comparaciones se trata, sin hacer alusión a las estadísticas de países con políticas consolidadas en la materia como Dinamarca, España, Alemania o las inversiones multimillonarias del advenedizo China, las tendencias actuales muestran un desalentador rezago nacional frente a algunos países latinoamericanos que asignan ingentes cantidades de dinero en este campo como Uruguay (que genera el 56% de su energía en base a las FRNC y destinó 1100 millones de dólares en 2015); Chile (3400 millones) o México (4000 millones) según se desprende de las cifras presentadas en el reciente informe «Tendencias Mundiales en inversiones en energías renovables» elaborado en asocio por la Escuela de Finanzas y Administración de Frankfurt (Alemania) y la compañía británica Bloomberg New Energy Finance (BNEF) con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma)[5].
Naciones en desarrollo a miles de kilómetros de distancia y países de idiosincrasias similares a la nuestra continúan inyectando flujos de dinero anuales para las FRNC que se miden en miles de millones de dólares para sustituir el anquilosado modelo energético no renovable por el auto sostenible renovable. A espaldas de esta insoslayable realidad, el ministerio de Minas y la UPME hasta ahora proyectan, para este tipo de iniciativas, valores que no superarán para los próximos 15 años los 600 millones de U$, la misma cifra invertida por Honduras en solo 2015.
El viento de las energías limpias sopla a favor alrededor del planeta mientras la incipiente política energética nacional, que hasta hace poco se pavoneaba de exportar electricidad a sus vecinos y ahora hace lo contrario, continúa al vaivén de las precipitaciones y las sequías en tiempos donde se empiezan a padecer los agudos efectos del cambio climático.
Notas
[1] Colombia, Corte Constitucional (2013, marzo), «Sentencia C – 135», M.P Palacio Palacio. Fuente: http://bit.
[2] ¿deberíamos seguir construyendo más represas? Universidad de Oxford, junio de 2014. Fuente: http://bit.ly/1hY9dhm
[3] International Rivers (2014), el estado de los ríos del mundo. Informe anual, Berkeley (U.S.A). Fuente: http://bit.ly/1lujuee
[4] Bosshard, Peter. Diez cosas que usted debe saber sobre las represas. Portal de International Rivers, mayo 27 de 2014. Fuente: http://bit.ly/1LRWJhI
[5] Escuela de Finanzas y Administración de Frankfurt – Bloomberg New Energy Finance (BNEF). 2016. Tendencias Mundiales en inversiones en energías renovables 2016. Fuente: http://bit.ly/1RAJA8w
Felipe Pineda Ruiz, Publicista, investigador social, colaborador de la Fundación Democracia Hoy. Miembro de la plataforma política Somos Ciudadanos. Editor de www.democraciaenlared.com
Fuente: http://www.