Un grupo estadounidense integrado por 21 profesores y expertos en asuntos internacionales denunció que el Gobierno colombiano «ha exagerado de manera sustancial» el contenido de las supuestas computadoras halladas tras un bombardeo a un campamento de la guerrilla en Ecuador, «quizás con fines políticos». En una carta abierta divulgada el viernes pasado en Washington, el […]
Un grupo estadounidense integrado por 21 profesores y expertos en asuntos internacionales denunció que el Gobierno colombiano «ha exagerado de manera sustancial» el contenido de las supuestas computadoras halladas tras un bombardeo a un campamento de la guerrilla en Ecuador, «quizás con fines políticos».
En una carta abierta divulgada el viernes pasado en Washington, el grupo reveló que Interpol hará público esta semana un informe sobre la «autenticidad» de estas computadoras, que el Ejército colombiano asegura haber encontrado luego del ataque en el que murieron 25 personas, entre guerrilleros y estudiantes mexicanos.
«Considerando la cobertura previa por parte de la prensa de la incursión y de los documentos, es para nosotros de suma importancia que los medios de comunicación interpreten de manera muy cuidadosa los hallazgos hechos por la Interpol», expresa la misiva.
Añade que «durante la primera ronda de la cobertura del evento por los medios de comunicación, surgieron considerables problemas de inconsistencia precisamente como resultado de la brecha existente entre las exageraciones de Colombia y lo que realmente dicen los documentos».
La carta afirma además que, aunque se llegue a comprobar que las computadoras portátiles eran de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), «no existe evidencia que indique que los documentos disponibles para el público pudieran servir de base para ninguna de las afirmaciones extremistas hechas por el Gobierno colombiano» contra Ecuador y Venezuela.
Los 21 intelectuales enfatizan que los distintos análisis independientes indican que el Gobierno colombiano «ha exagerado de manera sustancial el contenido de estos documentos, quizás con fines políticos».
Acusaciones fueron «desacreditadas»
Los académicos advierten que cualquier cobertura mediática de los hallazgos de la Interpol «deberá dejar en claro que muchas de las acusaciones colombianas ya han sido ampliamente desacreditadas».
Recuerdan que el propio secretario general de la Organización de los Estados Américanos (OEA), José Miguel Insulza, al rendir testimonio ante el Subcomité de la Cámara de Representantes para Asuntos del Hemisferio Occidental, indicó de manera inequívoca que «no existe evidencia» que vincule a Venezuela con los insurgentes colombianos.
«No obstante, esta afirmación de Insulza ha pasado virtualmente desapercibida para la prensa de habla inglesa», lamenta la carta.
Entre otras fallas en el discurso de las autoridades colombianas, el documento destaca el caso de los supuestos 300 millones de dólares que el Gobierno venezolano habría proporcionado a las FARC.
Lo cual se sustenta únicamente en el extracto de una carta en la cual se habla de «300», sin precisar lo que representan.
«Mientras los colombianos aseguran que se trata de una referencia a los 300 millones de dólares, igualmente podría tratarse de trescientos dólares o incluso trescientos rehenes. Nótese que esta carta tiene fecha del 23 de diciembre de 2007, dos semanas antes de la primera ola de liberación de rehenes por parte de las FARC», enfatizan los expertos internacionales.
Insistan igualmente en que «ya se ha probado la falsedad o lo sospechoso de otras acusaciones colombianas relacionadas con las computadoras portátiles».
Y destacan que las afirmaciones que indicaban que las FARC estaban conspirando para construir una «bomba sucia» fueron desechadas públicamente por el Gobierno de Estados Unidos y por expertos en terrorismo de toda la región.
Mentira tras mentira
La carta recuerda también la falsedad de las acusaciones de Colombia sobre el hallazgo de una fotografía en las computadoras y que mostraba una reunión entre líderes de las FARC y un funcionario del gabinete ecuatoriano.
El caso fue público y notorio, al confirmarse que no se trataba del funcionario en cuestión, sino de un dirigente comunista argentino.
Finalmente, los intelectuales, entre los cuales figuran Charles Bergquist, de la University of Washington; John Womack, de la Harvard University o Mark Weisbrot, del Center for Economic and Policy Research; afirman que en la discusión «se trata del apoyo al terrorismo por parte del Estado, y en el clima político actual nunca había habido tanto en juego».
«Es de vital importancia que los medios de comunicación sean más críticos que lo que han sido hasta la fecha con su propia cobertura», aseguran.
Y los 21 expertos y académicos finalizan que «cualquier cobertura imparcial del próximo pronunciamiento de la Interpol dejará en claro que la autentificación de las computadoras portátiles no implica la validación de las interpretaciones colombianas de su contenido».