En el momento de escribir estas líneas me rondan por la cabeza dos noticias de muertes machistas demasiado recientes: una mujer dominicana y su hija, aparecen asesinadas en un pozo en Zamora, -habían desaparecido en el mes de junio, en Madrid- y el asesino confeso es la pareja de la madre; dos niñas de 7 […]
En el momento de escribir estas líneas me rondan por la cabeza dos noticias de muertes machistas demasiado recientes: una mujer dominicana y su hija, aparecen asesinadas en un pozo en Zamora, -habían desaparecido en el mes de junio, en Madrid- y el asesino confeso es la pareja de la madre; dos niñas de 7 y 9 años, ha sido asesinadas en Asturias, supuestamente por su padre, ciudadano vasco, de Basauri.
Se han activado los protocolos de protesta. Se hacen concentraciones de repulsa. Las instituciones hacen declaraciones de pésame. Y nosotras, desde el movimiento feminista ya sólo podemos respirar rabia e ira. Debemos explicarnos por qué sucede esto, con tanta frecuencia, y por qué nos parece que aquí no pasa nada.
Se da la espantosa casualidad -que realmente no es una casualidad, sino una consecuencia de la impotente e incapaz estructura judicial que existe en el Estado español- de que en ambos casos se habían producido denuncias contra los dos hombres, por malos tratos. Se habían pedido medidas preventivas de alejamiento. No se atendió en ninguno de los dos casos las llamadas de auxilio. Quizá, incluso han servido de acicate y de detonante para que ambos hombres cometieran los asesinatos. Asesinato machista y también ejemplarizante para el resto de las mujeres. Muchas mujeres tendrán todavía más miedo ahora frente a las amenazas de sus parejas y ex-parejas. Resulta que si les denuncias, puede ser que si denuncian el asesino en potencia, realmente la asesine. Esto es lo que quieren que pensemos. Y por esto es nuestra tarea primera rebelarnos, radicalmente. Pero también tenemos que aclararnos y conocer al milímetro los mecanismos de producción y reproducción de la violencia de dominación masculina, para neutralizarlos.
Hay elementos pequeñitos que se señalan de forma frecuente. Desde muchas esquinas se ha destacado la insuficiencia de las medidas protectoras o preventivas. No ya porque funcionan tarde, mal y nunca, sino porque no son las más adecuadas y están dependientes del expediente y la denuncia policial judicial. Más de una vez se ha señalado la conveniencia de que quien tenga custodia policial sea el agresor y a quien se pongan medidas de control sea al maltratador. Si la orden de alejamiento la tiene el hombre ¿por qué la vigilada es la mujer?. Yo he conocido en esta tierra nuestra tan harta de medidas represivas policiales y judiciales, a personas no condenadas por sentencia que han tenido que acudir cada día, o cada tres días, o cada semana, a dependencias policiales. Y allí a veces han permanecido más de dos horas porque el policía de turno encargado de tal trámite estaba en otros asuntos. En algunos casos y pasados dos años o más, estas personas no han resultado imputadas.
Desde muchas esquinas también, hablo desde los ámbitos feministas, se ha alertado del peligro que supone que un hombre denunciado por su pareja, en casos de separación, utilice a sus propios hijos e hijas y las llegue a agredir. En el durísimo debate que se está realizando sobre la custodia compartida, en casos de separación, como norma prevalente si no hay acuerdo, se insiste nuevamente sobre la imposibilidad de aplicar este sistema en casos de agresiones a la pareja o expareja. Es impresionante leer la literatura jurisprudencial alegando una y otra vez que la violencia contra la mujer no conlleva de ninguna forma violencia contra los hijos y que hay que proteger en todo caso el derecho a las criaturas a estar con ambos progenitores. Asesinar a las propias hijas, aparte de un crimen obvio contra ellas, es también un crimen contra la propia madre -o la abuela en el caso de las dos mujeres dominicanas-, también es una forma de venganza.
En el fondo de las políticas públicas contra la violencia sexista y de malos tratos a mujeres y ex mujeres, a mi modo de ver, está la excesiva judicialización de estos casos. La creciente penalización y la enorme dependencia que se crea de las estructuras policiales y judiciales. La consideración de estos casos, en su globalidad, como asuntos de política criminal. Antes de ser un asunto a tratar desde la criminología, hay una cuestión primaria y previa: es una tema claro de dominación patriarcal, de sujeción femenina, de dominación machista. Y se da de forma muy frecuente, en el ámbito familiar, o mejor dicho, de pareja. Y se da con más frecuencia y con más gravedad en supuestos de separación, sobre todo cuando la mujer es la que demanda. Y se da de forma también frecuente cuando los ex maridos no están de acuerdo en la separación, o en los términos concretos de la separación.
Estos elementos están estudiados en las estadísticas, con las que nos abrasan a diario. Sin embargo, cuando se hacen las lecturas públicas, cuando los medios hablan, o por ellos mismos o por boca de los responsables políticos, policiales y judiciales aparecen los siguientes mensaje: «La víctima no había denunciado» o «la víctima puso la denuncia pero la retiró», abundando en la culpabilización de la propia mujer agredida. Y en esto hay que distinguir dos cosas claramente: si te agrede un señor, con toda su prepotencia machista, valiéndose de su prevalencia masculina, concedida por el sistema patriarcal, dentro de la sacrosanta familia nuclear, la causa de esta agresión es precisamente conseguir y perpetuar, en el ámbito concreto de su relación de pareja, la subordinación femenina. Esta es la causa. Una vez iniciado el proceso de la agresión, que siempre tiene un largo camino, hay maneras y formas de salir de él. Probablemente, aquí y ahora, no es la más fácil la utilización de la vía judicial. Es una salida tortuosa, difícil, desesperante, y que no pocas veces no da ninguna satisfacción. Pero no por ello hay que rechazarla. Lo que hay que hacer es mejorar el sistema judicial y policial y hacer la justicia más asequible, más cercana, más eficaz. O sea pedir algo imposible: que nuestros juzgados y tribunales de familia funcionen con la misma celeridad y exigencia con la que actuó el Tribunal Constitucional, por ejemplo, para impedir y prohibir el referéndum del 9N en Catalunya.
Pero alejándonos del sistema judicial, me gustaría hacer dos comentarios sobre medidas preventivas frente a la violencia sexista.
No es recortando servicios sociales y de asistencia a mujeres, tanto municipales como autonómicos, como se mejora la atención a las mujeres agredidas o en situación de peligro de agresión. Tampoco se consigue una mayor autonomía de las mujeres ni una mayor libertad de decisión y de circulación, rebajando o haciendo desaparecer las exiguas «ayudas» sociales para ellas. Llamándolas ayudas, ya nos da la pista de qué va esto. No es permitiendo a las patronales avariciosas la precarización de la condiciones laborales en los sectores más feminizados como se llega a que una mujer pueda decidir tranquilamente enfrentarse a un proceso de separación y denuncia de su agresor.
Y por otro lado, y dado que ya llevamos un mes por lo menos de campaña electoral, a muchas feministas, de las que hemos peleado fuertemente en la calle hasta conseguir la retirada del proyecto de aborto (y del propio ministro al que le han retirado de la política), nos gustaría ver en las campañas, en los programas, en las propagandas, en las preocupaciones reales de tanto aspirante a cambiar esta sociedad, algún rastro de sensibilidad hacia las políticas públicas contra la violencia sexista. Verdaderamente sólo percibimos el silencio. Y cuando hay un asesinato o una agresión, la condena de la «lacra» de la violencia. ¿No podéis, o no sabéis, o no queréis decir otra cosa? El movimiento feminista va a seguir saliendo a la calle para esta lucha.
Begoña Zabala González. Emakume Intrnazionalistak.
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