El denominado escándalo de la »para política» colombiana sigue creciendo luego de conocerse que políticos y jefes paramilitares firmaron un documento secreto que buscaba hacer un »nuevo contrato social», conocido como »Acuerdo de Ralito».
El paramilitar Salvatore Mancuso, quien admitió que ordenó asesinatos selectivos de 336 personas, múltiples masacres y secuestros, fue el responsable del escándalo.
El ex jefe paramilitar, mostró a la fiscalía un documento, en el que 32 personas entre congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales y funcionarios públicos, se reunieron en el 2001, con los jefes paramilitares, para firmar un acuerdo que sellaba la alianza entre armas y votos.
El medio de comunicación colombiano Caracol Radio conoció el controvertido documento, conocido como »Acuerdo de Ralito» que fue firmado por líderes paramilitares y dirigentes políticos. El documento del 23 de julio de 2001 tiene las firmas de los jefes paramilitares »Jorge 40», »Adolfo Paz», Salvatore Mancuso, quien lo suscribe con el alias de Santander Losada, y alias »Diego Vecino».
Entre las 32 firmas que aparecen en el documento aparacen además de las de los lídedres de las autodefensas, cuatro senadores, ocho representantes a la Cámara, dos gobernadores, cuatro alcaldes, cuatro funcionarios públicos, otros tres dirigentes políticos de la Costa Atlántica, dos ganaderos y un periodista. Los cargos eran ocupados durante la época de la reunión.
El documento entregado por Salvatore Mancuso ante el fiscal de Justicia y Paz en Medellín, tiene varias imperfecciones ocasionadas por el paso de los años, sin embargo no tiene ningún tipo de enmienda o cambio.
Los firmantes del acuerdo se comprometieron a realizar grupos de trabajo, y convinieron un nuevo encuentro para el mes de octubre de 2001, sin embargo, según el medio de comunicación colombiano el encuentro no se efectuó.
»Es una buena parte de la clase política tradicional del país haciendo un acuerdo con el narcotráfico para construir conjuntamente lo que ellos denominan una nueva Colombia», comentó el senador Gustravo Petro tras considerar que se trata de » una asociación para delinquir hecha con hombres y mujeres que hacen leyes en el país».
Por su parte, el ex fiscal general de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, consideró que la revelación del documento sólo comprueba la actitud cómplice de sectores políticos y de la fuerza pública, que vendían al paramilitarismo como el camino para acabar con la guerrilla en Colombia.
‘Es un principio por lo menos para develar esta ilícita asociación entre políticos militares, empresarios, ganaderos con una organización que sembró y sigue sembrando el terror en el país al haber cometido las peores masacres en la historia reciente de Colombia», señaló Gómez.
Para el ex ministro Fernando Araujo que permaneció 6 años retenido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el documento confidencial y secreto deberá servir para que las 32 personas que acudieron al encuentro, tengan que responder ante la justicia.
Mancuso, autor de la actual denuncia, presentó este mes su versión libre ante un Fiscal de Justicia y Paz en Medellín, en cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en la denominada Ley de Justicia y Paz para que pueda optar al beneficio de una condena no mayor a los ocho años por sumarse al proceso de pacificación y voluntariamente admitir sus delitos.
El ex jefe paramilitar fungió por varios años como uno de los líderes de las desmovilizadas Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC).
Mancuso reveló además sus relaciones con personalidades del Ejército y del sector político, y el respaldo que recibía desde diversas instituciones del Estado.