El pasado martes 25 de julio el Padre Javier Giraldo Monsalve S.J., defensor de derechos humanos, fue invitado a la Mesa de conversaciones de Quito para aportar su mirada sobre la «responsabilidad del Estado en la violencia sistemática contra el movimiento social». A continuación, brindamos los apuntes de su testimonio tomados por nuestra Delegación de […]
El pasado martes 25 de julio el Padre Javier Giraldo Monsalve S.J., defensor de derechos humanos, fue invitado a la Mesa de conversaciones de Quito para aportar su mirada sobre la «responsabilidad del Estado en la violencia sistemática contra el movimiento social». A continuación, brindamos los apuntes de su testimonio tomados por nuestra Delegación de Diálogos.
El Padre Giraldo basa sus análisis en el Banco de Datos del Cinep-CIJP, creado en 1988, para investigar violaciones de DDHH; ese trabajo no sólo es estadístico, preserva la memoria de las víctimas. El Cinep publica su trabajo en la Revista ´Noche y Niebla´. Hoy cuenta con 15 Bancos de Datos en las regiones de Colombia.
Como parte de su trabajo, acompañan Casos Tipo como los de El Carmen de Chucurí, Trujillo, Bajo Atrato, Bojayá, Cusiana-Cupiaga, Urabá (San José de Apartadó), ASFADES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos).
En 2003 recopilaron 14.476 casos de crímenes cometidos por paramilitares, para contextuar las negociaciones de San José de Ralito; esos datos fueron publicados en el libro ´Deuda con la Humanidad´, complementados con análisis sobre el origen del paramilitarismo, como la Misión de asesores militares Yarborough de 1962, de las Fuerzas Especiales de los EEUU, quienes entrenaron a las FFAA para «hacer acciones terroristas contra los comunistas».
El presidente Valencia (1962-1966), con el Decreto 3398, legalizó la creación de grupos paramilitares, dotados con armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. En 1989 fue derogado este Decreto pero luego, en 1993, les dieron estatus legal para conformarse como empresas de vigilancia.
En el gobierno de Uribe se crearon redes de cooperantes con más de 5 millones de integrantes; de esa forma el régimen terminó de borrar la frontera entre lo militar y lo civil.
Los manuales militares de 1969 impusieron una guerra ajena a los cánones éticos y por fuera de Estado de Derecho. Estos Manuales fueron protegidos por una Ley reserva de 30 años para no hacerlos públicos, y aún hoy el Ministerio de Defensa impide que se hagan públicos 7 manuales, porque «todavía están vigentes».
En el libro ´Deuda con la Humanidad´ también desvelaron las redes paramilitares de la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, y los modelos regionales como el Chucureño del general Gil Colorado; el de Trujillo hecho por el Batallón Palacé y dos capos mafiosos, donde se ha levantado un osario con 350 restos de víctimas; la Operación Génesis en Turbo; la Orión en la Comuna 13 de Medellín; y la de Bojayá, donde el general Montoya admitió haber permitido el paso de los paramilitares. También se describen otros casos como los del Ariari, en San José de Apartadó, o el de la British Petroleum en Cusiana-Cupiagua («Exhumando el genocidio»). El apoyo de EEUU se reseña desde 1962, pasando por las Redes de la Armada en el Magdalena Medio.
Giraldo señaló además que hay más de 70 mil casos de desaparición forzada registrados en la Fiscalía.
Desde 2011 se denunciaron los Falsos Positivos, haciendo una compilación entre 1984 y 2010, de 1.741 casos. La Fiscalía tiene registros de más de 7.000 casos. Todas las Brigadas del Ejército están involucradas. El mayor número de casos fue durante la presidencia de Uribe Vélez, siendo el actual presidente Juan Manuel Santos el ministro de Defensa. Hoy disminuyeron los casos, pero persiste esta práctica genocida, que es institucional.
Hubo un momento en que el 60% de los asesinatos de sindicalistas en el mundo ocurría en Colombia; ese terror buscó anular la sindicalización.
Señaló Giraldo que en 35 años ha conocido muchos grupos de víctimas, que han sido diezmados, problema que debe analizarse yendo a las raíces. Por ejemplo, en los acuerdos de La Habana lo relacionado a la No Repetición se elude, se deja en la ambigüedad y queda un gran vacío. Debe analizarse el pasado y asumir responsabilidades para que haya no repetición.
El Padre afirmó que siente pena por haber animado a testigos a declarar ante los jueces, luego de lo cual fueron asesinados.
La mayoría de las víctimas no son del Conflicto Armado Interno: la intención de homologar a todas las víctimas como consecuencia del Conflicto armado es un error.
El Sistema Judicial es funcional a la reproducción del conflicto. El aparato de Justicia está al servicio de los intereses de los victimarios, desconoce abiertamente el Debido Proceso y los principios del Código Penal. Usa falsos testigos y expedientes falsos; deja el testimonio como única prueba, que está mediado por amenazas y sobornos. La impunidad es del 99%. En 2009 exigieron declarar un «estado de cosas inconstitucional», en el aparato de Justicia de Urabá, pero las Cortes se declararon impedidas para hacerlo.
El Estado tiene dos brazos: uno desplaza y el otro brinda albergue. Es un Estado esquizofrénico, cuya articulación interna debe precisarse.
En San José de Apartadó, durante la masacre de 2005, en La Resbalosa y Mulatos, la orden de operaciones habla de «cuidar los DDHH», pero al tiempo los militares y paramilitares planearon la matanza en el Cerro Bogotá. Este segundo brazo lo camuflan, niegan su existencia con un doble lenguaje que oculta su brazo ilícito.
En los acuerdos de La Habana hablan de «sucesores de los paramilitares», una forma de negar la existencia del paramilitarismo como actor vigente; lo mismo sucede cuando el gobierno dice que «ya no existen».
El negacionismo encierra a las víctimas en un laberinto sin salida al negarles soluciones ante la represión ilegal. Las hunde en la indefensión.
Las 20 estrategias trazadas en La Habana en contra del paramilitarismo -que ya antes se han intentado, con efecto nulo-, son algo decepcionante. Por ejemplo: las comisiones de alto nivel, las alertas tempranas sin efecto.
Millones de víctimas esperan estrategias eficaces para acabar la violencia y el conflicto, enfrentando los factores reales que generan la guerra, para erradicarlos de raíz.
Más allá de lo dramático de la realidad reflejada en su informe, el Padre Javier Giraldo terminó su testimonio con un llamado a redoblar la confianza en el pueblo, con la certeza de que la transformación social será una realidad si no cejamos en los esfuerzos por concretar los anhelos de paz.