El viernes 21 de octubre la USO afirmaba que «la negociación con Pacific Rubiales está rota y el paro en Puerto Gaitán puede reanudarse en cualquier momento». El lunes 24 de octubre, unos 4.000 obreros de Campo Rubiales pararon la producción desde las 9 de la mañana porque la empresa había anunciado que iba a desocupar las instalaciones. Desde la mañana del martes 25 de octubre, 5.000 trabajadores se declararon en Asamblea Permanente. La via pública de acceso al lugar ha sido vallada por la empresa y los trabajadores están rodeados por efectivos del ESMAD (policía antimotines) y del Ejército.
Obreros del Campo Quifa en Puerto Gaitán durante la Acción Humanitaria y Laboral, 13 de octubre de 2011. Foto: Sara G. Mendeza
Las mesas de negociación conformadas entre el gobierno nacional, la petrolera Pacific Rubiales y la USO habían superado el plazo del 21 de octubre acordado para resolver el conflicto laboral en Puerto Gaitán (Meta). El sindicato declaraba que las mesas «sólo han servido para dilatar las negociaciones y los problemas presentados por la comunidad siguen sin ser resueltos» y anunciaba que «en cualquier momento se reanuda el paro social en Puerto Gaitán» . La USO denuncia que la petrolera -que produce diariamente el 26% del petróleo de Colombia- cierra espacios de negociación mientras genera conflictos laborales, sociales y ambientales en los Llanos Orientales.
Germán Osmán, vicepresidente de la Unión Sindical Obrera (USO) e integrante de la mesa negociadora, declaró el viernes 21 de octubre que la negociación entre Pacific Rubiales Energy (PRE) y la USO está rota porque la empresa «no tenía nada para negociar» a pesar de que el sindicato había rebajado las pretensiones salariales con el ánimo de llegar a un acuerdo. La USO rechaza la actitud de la petrolera canadiense que «desde el inicio de este proceso ha actuado de forma deshonesta, dilatando la negociación y promoviendo de manera paralela que sus trabajadores directos se afilien a un sindicato patronal llamado UTEN». El viernes por la noche el Ministerio de Protección Social citó a los presidentes de la USO, Rodolfo Vecino, y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, para mostrar su preocupación por el rompimiento del diálogo e intentar reabrir la negociación. Para Vecino, esto es otra «jugada de dilación».
La USO en diferentes comunicados ha denunciado que la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional y de Servicios Públicos Domiciliarios (UTEN), filial de la Confederación General de Trabajadores (CGT), ha afiliado a más de 700 trabajadores en tres días y ha llegado a un acuerdo con la empresa y el gobierno en tiempo récord. La USO afirma que ese sindicato no representa los intereses de las más de 12.000 personas que laboran en Campo Rubiales y Quifa y, según German Osmán, es una estrategia de PRE, la empresa petrolera estatal Ecopetrol -que tiene una participación del 60% en Campo Rubiales- y el gobierno para no dejar ninguna entrada a la USO.
El 21 de septiembre y tras dos jornadas de paro de la producción en el campo petrolero, cinco miembros de la directiva nacional de la USO y el vicepresidente de Asuntos Corporativos de PRE, Federico Restrepo, acordaron unas garantías para normalizar la actividad laboral y establecer una mesa de negociación. El acuerdo fue avalado por los ministros de Protección Social, Mauricio Santamaría, y de Interior, Aurelio Iragorri.
Ese acta de garantías para la instalación de mesas de negociación se centraba en seis ejes: 1) salarios y prestaciones de trabajadores directos, contratistas y subcontratistas; 2) garantía para el pleno ejercicio de las libertades sindicales y el derecho de asociación; 3) vinculación de la mano de obra local de Puerto Gaitán; 4) estabilidad de los contratos; 5) problemas sociales de la población local; y 6) reintegro del personal desvinculado a la empresa tras las protestas del 19 de julio de 2011.
Asamblea Permanente e intento de detención
Desde las 7.30 de la mañana del martes 25 de octubre los trabajadores y trabajadoras de Campo Rubiales (Puerto Gaitán, Meta) se han declarado en asamblea permanente tras la jornada iniciada ayer lunes. Declaran que no aceptan más dilaciones por parte de Pacific Rubiales Energy en la mesa de negociación y quieren que se trasladen los puntos en discusión al campo petrolero: «Juegan con nosotros como si fuéramos vándalos».
Vía pública que conduce a Campo Rubiales cerrada y controlada por Pacific Rubiales. 25 octubre 2011
Los trabajadores no hemos taponado ninguna vía; estamos cercados por todos lados por la Policía y el Ejército y con alambres de púas». Trabajadores de otros campos y pozos petroleros han llegado caminando al lugar de concentración con lo que ya suman 5.000 trabajadores en el campamento El Morichal. Sindicalistas de la Unión Sindical Obrera (USO) han tenido que caminar toda la noche desde el punto conocido como El Oasis para poder acceder a las instalaciones y apoyar la movilización.
Afirman que la empresa no se ha comunicado con el grupo de obreros: «Sólo ha enviado al Ejército». Incluso los trabajadores han tenido que sacar a policías vestidos como obreros de las reuniones del campamento.
Por su parte la empresa declara que cuando tengan alguna información oficial convocará una rueda de prensa o enviará un comunicado público. Por ahora: «No tenemos ninguna información de que el campo esté paralizado; continuamos con la operación normal. La información de los medios de comunicación es extraoficial, no es la nuestra».
Los trabajadores aseguran que la Fuerza Pública «nos está atropellando» y se suceden las amenazas contra sus miembros más representativos organizados en el Comité Interno. Los trabajadores apenas han dormido en la noche y dicen que están unidos y cuidándose «unos a otros». Hoy mismo denuncian que unos hombres encapuchados junto con otros uniformados siguieron a un trabajador durante 45 minutos que se mantuvo rodeado de compañeros. En un momento la Policía intentó subirlo a una camioneta pero no lograron detenerlo por la presión de los trabajadores.
Las comunidades indígenas que habitan alrededor del campo petrolero también están aisladas pues para poder desplazarse hacia Puerto Gaitán necesitan pasar por dentro de las instalaciones petroleras.
Acuerdo con UTEN
Mientras la USO y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) organizaban una caravana humanitaria compuesta de diferentes organizaciones nacionales e internacionales para verificar las condiciones de trabajo en Pacific Rubiales y solidarizarse con trabajadoras y trabajadores, UTEN y PRE publicitaban un acuerdo firmado el 6 de octubre que «ponía fin al conflicto laboral en Puerto Gaitán». La USO denuncia que incluso en ese acuerdo se incorporaron propuestas del pliego de peticiones presentado por el sindicato petrolero como la ampliación de los días de descanso.
El acuerdo aumenta el salario mínimo de todo el personal laboral, incorpora dos días de descanso adicionales para todos los contratos y garantiza que «el 100% de la mano de obra no cualificada será proveniente de la región de influencia del proyecto». La USO denunció el 11 de octubre que es una medida unilateral que busca desviar la opinión pública de la verdadera situación en Campo Rubiales.
En comunicado del 21 de octubre, la USO rechaza «la falta de seriedad del gobierno colombiano, que por un lado habla de respeto a los derechos de asociación, libertad sindical, negociación y contratación colectiva, pero que en la práctica, a través del Ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, se presta para que las multinacionales utilicen la vieja táctica de promover sindicatos patronales para impedir que los trabajadores accedan al derecho de negociación».
Pacific Rubiales Energy, principal petrolera extranjera en Colombia
En enero de 2011, Pacific Rubiales Energy Corp. (Pacific Rubiales o PRE) se convirtió en la acción con mayor ponderación en el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia desde que comenzó a cotizar a fines de 2009. Era la primera vez que una empresa extranjera lograba esto en Colombia. Durante el primer mes del año 2011 Pacific Rubiales, con sede en Canadá, anunció que invertiría 1.121 millones de dólares para aumentar su producción de petróleo en Colombia a 265.000 barriles diarios.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó el 30 de septiembre de 2011 que la producción media de petróleo en Colombia en ese año fue de 904.000 barriles al día. Según datos de la propia empresa, el 9 de agosto de 2011 la producción superó los 236.000 barriles de petróleo. Con estos datos, Pacific Rubiales mantiene una cuota de aproximadamente el 26% del mercado nacional de crudo con unos ingresos totales que la compañía cifra en 957 millones de dólares en el segundo trimestre de 2011.
Sin embargo, en los campos petroleros de mayor producción -Rubiales/Pirirí (169.232 barriles diarios) y Quifa (36.010 barriles)- sus 12.000 trabajadores directos o indirectos laboran en condiciones que les llevaron a participar en diferentes huelgas y paros de la producción desde el mes de junio de 2011. A estas movilizaciones se añadieron pobladores del municipio de Puerto Gaitán que protestan por problemas ambientales y sociales no resueltos a pesar de los grandes ingresos de la petrolera: Puerto Gaitán es el municipio de Colombia que mayores ingresos recibe en concepto de regalías, 11.962 millones de pesos fue la liquidación de agosto de 2011 según la Agencia Nacional de Hidrocarburos para un total en Colombia de 209.665 millones.
Acción Humanitaria y Laboral
El 10 de octubre de 2011 una caravana compuesta por unas 400 personas integrantes de 54 organizaciones -sindicatos, trabajadores despedidos, pensionados, colectivos de abogados, defensoras de derechos humanos, ambientalistas, campesinos, estudiantes, grupos juveniles, de mujeres, sectores indígenas y organizaciones internacionales- se desplazó para verificar las condiciones de trabajo en los campos petroleros de Pacific Rubiales en los Llanos Orientales de Colombia. En la coordinación de esta Acción Humanitaria y Laboral se encontraban la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Mientras Pacific Rubiales se encuentra en medio de la negociación del pliegue de peticiones presentado por la USO, a finales de septiembre analistas de Interbolsa recomendaban la compra de acciones de la empresa pues la firma anticipa una adición total de unos 55 millones de barriles de petróleo al total de las reservas probadas de la compañía al 28 de febrero de 2011 (365 millones de barriles).
Sin embargo las conclusiones de la Acción Humanitaria y Laboral no son tan halagüeñas. Denuncian el «desplazamiento de los territorios ancestrales a las comunidades indígenas y campesinas y la contaminación permanente de los ecosistemas de esteros, morichales, caños, quebradas, ríos, humedales y fuentes hídricas». También se manifiestan en contra del «confinamiento de las comunidades a las áreas no exploradas y sometimiento a humillantes controles e imposición de restricciones a la libre locomoción». La lista sigue: «Extremada militarización de la vida social, comunitaria y laboral; así como la instalación de guarniciones militares en medio de los centros poblados, áreas laborales y zonas de dormitorios, contrariando los principios de distinción del Derecho Internacional Humanitario»; «Negación de un desarrollo sustentable y sostenible en el marco de la responsabilidad solidaria para las comunidades que perviven y conviven con la industria petrolera, ya que adolecen de la satisfacción de las más elementales necesidades, tales como servicio de energía eléctrica, agua potable, gas domiciliario, saneamiento básico, vías de acceso pavimentadas, servicios de salud, vivienda y educación».
En materia laboral, la Acción Humanitaria en su declaración pública expresa que hay «sobreexplotación laboral con jornadas extenuantes, contratos basura, acoso laboral, despidos injustos, desconocimiento a la estabilidad reforzada deficientes condiciones de bienestar y salarios precarios». Asimismo: «Exclusión laboral de la mano de obra existente en la comunidad y falta de programas de capacitación para las artes y oficios de la industria petrolera». Afirma que la petrolera impide la libre asociación sindical, «ya que muchos trabajadores que se han afiliado a la USO han sido injustamente despedidos o suspendidos sin justa causa sus contratos violando los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo». Además constatan que existen despidos injustificados de trabajadores incapacitados, «sin reconocer los accidentes laborales que a algunos de ellos los han dejado con incapacidad permanente» y «malos tratos de muchos capataces y administradores de empresas contratistas, sometiendo a trabajadores y trabajadoras a la humillación aprovechándose de la necesidad del empleo».
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