Las tensiones fronterizas entre los Gobiernos de España y Marruecos aceleran el proceso de la implementación de sistemas de control biométrico en las fronteras de Ceuta y Melilla. Ante ello, diversos colectivos señalan el peligro que suponen estas medidas racistas.
En el año 2019 Marlaska anunciaba que Interior gastaría 4,1 millones para la implementación de una serie de sistemas tecnológicos para reforzar las fronteras de las ciudades de Ceuta y Melilla. Debido a las tensiones entre los gobiernos de España y Marruecos en torno a los controles migratorios, en 2020 se creó una comisión interministerial, que engloba a Presidencia, Política Territorial, Interior, Asuntos Exteriores, Hacienda, Sanidad y el CNI, para acelerar la implementación de esta y otras medidas en los pasos fronterizos entre ambos países.
El Gobierno de España se suma así a la tendencia europea de recogida de datos biométricos en sus fronteras a través del uso de los llamados sistemas de inteligencia artificial (IA), como cámaras de reconocimiento facial. Ante el avance de este proyecto, más de 50 asociaciones y colectivos antirracistas que trabajan en la defensa de derechos humanos, entre los que se encuentran SOS Racismo, Centre Delàs, Oxfam o los Sindicatos de Manteros de Madrid y Barcelona, han manifestado su seria preocupación al respecto.
“Es de sobra conocido que los algoritmos de reconocimiento facial suelen arrojar falsos positivos y falsos negativos en rostros no caucásicos, lo cual, en este contexto concreto, podría suponer graves consecuencias para personas identificadas erróneamente como sospechosas de actos terroristas”, añaden. Tal y como ocurre en otras aplicaciones similares de este tipo de sistemas en espacios públicos, como en las estaciones de autobuses o tren, todo el proceso adolece de una clara falta de transparencia y auditabilidad.
Por estos motivos, las plataformas que suscriben el manifiesto exigen la aplicación de la legislación elaborada por el Consejo Europeo en torno a la regulación de IA y protección de datos para que se aplique también en estos contextos, como el fronterizo, que suponen una excepción al denominarse como ‘securitarios’. Piden también que, en caso de que lleguen a aplicarse estos sistemas, sea con la debida información y el consentimiento de quienes son registrados por ellos, para lo cual se precisaría de una incorporación sistemática de observadores de derechos humanos en la frontera.
Por último, además de sistemas de auditorías y control estatal, demandan que los algoritmos que operan en estos sistemas sean públicos para que organizaciones de la sociedad civil puedan también analizarlos e investigarlos.
Véase el manifiesto aquí.