La recuperación de tierras se da como única vía de subsistencia de las comunidades indígenas, debido al incumplimiento del Gobierno de entregarles más de 25.000 hectáreas que desde 1991 fueron estipuladas en diferentes acuerdos. Armas de fuego y artefactos no convencionales son utilizadas por el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) contra indígenas que desde el pasado […]
La recuperación de tierras se da como única vía de subsistencia de las comunidades indígenas, debido al incumplimiento del Gobierno de entregarles más de 25.000 hectáreas que desde 1991 fueron estipuladas en diferentes acuerdos.
Armas de fuego y artefactos no convencionales son utilizadas por el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) contra indígenas que desde el pasado 26 de febrero adelantan un proceso de recuperación de tierras en diferentes predios del norte de Cauca.
Los hechos fueron constatados por la Comisión de Verificación y Acompañamiento del Frente Amplio por la Paz y la Cumbre Agraria que el 2 de marzo visitó la zona. «A la fecha, se reportan 57 indígenas heridos, producto de agresiones directas de la Fuerza Pública; nueve heridos por artefactos no convencionales utilizados por el ESMAD; varios por arma de fuego disparada de manera directa» (ver informe).
La situación en la zona es denunciada como crítica, donde se informa la desaparición y posterior asesinato de dos comuneros a mediados de febrero, y que se relaciona con el actual y «continuo patrullaje de hombres armados, presuntos paramilitares en las Haciendas La Emperatriz y el Municipio de Caloto». Y se agrava por los actos de estigmatización del alcalde de Corinto, Oscar Quintero, quien califica de manera permanente de «terroristas» a las comunidades, y por las amenazas a la vida que se dan a través de «la circulación de panfletos emitidos por grupos paramilitares – Rastrojos y Águilas Negras – anunciando limpieza social y amenazando de manera directa a organizaciones y dirigentes. Quienes tildan a la comunidad y sus dirigentes de ‘Roba tierras'».
La ocupación de los predios, en las que se encuentran varias haciendas del ingenio Incauca, se da como única vía de subsistencia de las comunidades indígenas, debido al incumplimiento del Gobierno de entregarles más de 25.000 hectáreas que desde 1991 fueron estipuladas en diferentes acuerdos. Razón por la cual la Comisión anota que la «crítica situación que se presenta en los territorios del Norte del Cauca, requiere una solución a través del dialogo y no con el uso de la fuerza, que conduzca al establecimiento de UN PACTO TERRITORIAL que comprometa grandes empresarios de la Caña con el respeto a los derechos ancestrales de los indígenas a la tierra y el territorio».
Finalmente la Comisión llama a las vías del diálogo solicitando la instalación de una Mesa de Interlocución entre los indígenas y el Gobierno, y a que no haya más represión por parte del Estado; del mismo modo insta a que se investiguen los hechos que comprometen a la Fuerza Pública con violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y se encuentre a los responsables de los asesinatos y amenazas en la zona.