· El Gobierno mantiene una política de opacidad sobre el Plan de desconexión de la tecnología militar israelí y todo indica que la dependencia de la tecnología israelí se ha mantenido durante el medio año de aplicación del Real Decreto-ley.
· El Real Decreto-ley ha sido una respuesta a la presión popular, pero no ha puesto fin a las relaciones armamentistas con Israel.
· El Ministerio de Defensa no ha anulado ningún contrato adjudicado después del 7 de octubre de 2023 a empresas de seguridad y defensa israelíes, a sus filiales en España o a uniones temporales de empresas en las que participan dichas empresas, que suman 1.208 millones de euros.
Transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, que establece medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, el Gobierno español sigue proporcionando información escasa y deliberadamente imprecisa sobre la implementación de este decreto ley y sobre su eficacia para poner fin al comercio de armas con Israel.
Una nueva publicación del Centre Delàs de Estudios por la Paz concluye que el análisis de medidas, casos y declaraciones concretas, incluidos la aplicación de la cláusula de excepción, el plan de desconexión militar de Israel y los diferentes programas de armamento con participación israelí, genera serias dudas sobre la verdadera eficacia del Real decreto-ley y hacen pensar, más bien, que las relaciones militares entre España e Israel no se han eliminado. En diciembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la primera excepción a la prohibición de transferencias de material de defensa y productos de doble uso, permitiendo la integración de componentes israelíes en aeronaves como el A400M, el A330MRTT, el C295, y el dron táctico SIRTAP. Del mismo modo, la política del Gobierno en torno al Plan de desconexión de la tecnología militar israelí es de notable opacidad. Aunque es mencionado por altos cargos del Ministerio de Defensa, no se ha hecho público ningún documento que aclare su contenido ni los efectos concretos del mismo. Por otro lado, no se ha especificado si los 79 Programas Especiales de Modernización (PEM) de armamento aprobados incluyen componentes de la industria israelí de defensa. De los programas mencionados, solo se han identificado dos PEM afectados por el plan de desconexión: la adquisición de misiles Spike LR2 y el sistema lanzacohetes SILAM. Tampoco se han hecho aclaraciones sobre posibles componentes israelíes en el programa del vehículo Dragón VCR 8×8 valorado en 2.612 millones de euros. En diciembre de 2025, se entregaron 30 unidades al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa no ha anulado ninguno de los contratos adjudicados a la industria israelí de seguridad y defensa desde el 7 de octubre de 2023. Los principales contratos con la industria militar israelí
Desde el 7 de octubre de 2023 se ha informado de la anulación de anuncios de adjudicación o de anuncios de formalización de contratos adjudicados a empresas israelíes de defensa y seguridad, lo que no implica la anulación de los contratos en cuestión. El análisis publicado hoy por el Centre Delàs, apunta a una maniobra de desinformación por parte del Ministerio de Defensa, y recoge un listado con los 35 contratos afectados por las anulaciones de los anuncios de adjudicación o formalización.
Anular los anuncios de los contratos en ningún caso significa anular los contratos en sí.
De los contratos que siguen en vigor, hay que destacar los contratos de misiles Spike LR2 (287 millones €), el sistema SILAM (697 millones €), y el Acuerdo Marco POD Designador para sistemas de combate aéreo (207 millones €), acumulando un total de casi 1.192 millones de euros.
Se han presentado alternativas a los contratos de los misiles Spike LR2 y el sistema SILAM, y el Ministerio de Defensa ha confirmado que ambos programas están incluidos en el Plan de Desconexión de la industria militar israelí, pero hasta la fecha no se ha aportado información concreta sobre cómo piensa sustituir la tecnología israelí asociada a ellos.
En el caso de los misiles contra carro Spike LR2, que desarrolla PAP Tecnos -la filial en España de la empresa israelí Rafael-, la misma PAP Tecnos presentó en febrero de 2026 una propuesta al Ministerio de Defensa para sustituir el misil Spike por el MELLS, un desarrollo europeo del Spike cuyos componentes, aunque no procedan directamente de Israel, siguen siendo de patente israelí. El hecho de que sea la propia PAP Tecnos, cuyo accionista único es el Estado de Israel, quien presenta esta alternativa ya debería, por sí mismo, invalidarla.
Según las dos opciones conocidas hasta la fecha, la alternativa propuesta para el Spike LR2 seguiría siendo de patente israelí e incluyendo a filiales de la industria militar israelí, manteniendo así la dependencia de su industria.
En el caso del SILAM (Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad), un contrato de casi 700 millones €, el consorcio de empresas a cargo (Escribano y Rheinmetall-Expal) ha planteado una alternativa nacional que supuestamente deja fuera la transferencia de tecnología de Elbit Systems. Sin embargo, y dada la total opacidad respecto a esta propuesta, el Ministerio de Defensa debería aclarar si la alternativa a los componentes israelíes que se ha planteado es introducirlos a través de la filial alemana de Elbit Systems Deutschland o el programa alemán EuroPULS (en el que participa Elbit – principal empresa armamentista israelí).
Un embargo integral
«Ante la falta de transparencia, los subterfugios y la desinformación, es crucial que el Gobierno rinda cuentas respecto a la relación continuada con la industria militar israelí y rompa definitivamente esos lazos», apunta el investigador del Centre Delàs y autor de la publicación, Eduardo Melero.
Para que el embargo sea efectivo e integral, deberían incluirse entre otras medidas, las transferencias dentro de la Unión Europea (introducciones y expediciones) de material de defensa y productos y tecnologías de doble uso de patente israelí. También deberían establecerse prohibiciones legales de contratar con empresas israelíes de seguridad y defensa, sus filiales en España o con uniones temporales de empresas en las que participen. Así como medidas concretas para prohibir el tránsito de barcos y aviones con material militar, o para frenar el uso de bases militares estadounidenses en España como plataforma para el comercio de armas con Israel.
Estos puntos han sido recogidos en enmiendas concretas que más de 600 organizaciones de la sociedad civil, articuladas en la campaña Fin al comercio de armas con Israel, han demandado que se incluyan en la tramitación del Real Decreto-ley como Proyecto de ley (paralizada desde octubre de 2025) para hacer efectivo de una vez un embargo de armas. La sociedad civil ya advirtió entonces que “el texto incluye graves excepciones y no garantiza un blindaje real para poner fin al comercio de armas con Israel” y que, por lo tanto, la norma debe ser enmendada para que suponga un embargo. Tenemos la misma exigencia para que se incluyan las enmiendas en la Proposición de Ley presentada en julio de 2024 que blinda la figura del embargo. Deben incluirse las enmiendas y cerrarse el periodo de enmiendas para poder avanzar.