Detrás del golpe de estado en Chile y los crímenes de lesa humanidad, estaban selectos grupos económicos bajo una red de corrupción política y militar que impuso un régimen a través de la Constitución para instalar un modelo neoliberal y otorgar una serie de ventajas, provechos y privilegios a oligarquías, quienes literalmente han saqueado y depredado al País hasta el día de hoy.
Masacres, asesinatos selectivos, torturas, desapariciones, conspiraciones, crímenes contra miles de personas cuya acción fue para el control del estado para el saqueo de un País a favor de un selecto grupo económico. Esa fue la tónica de fondo del golpe del 11 de septiembre de 1973 y todo el periodo de la dictadura cívico militar en Chile hasta 1990, cuyo modelo y régimen político sigue reinando hasta el presente, basado en la privatización de la naturaleza como las aguas, mar, la explotación minera, la explotación forestal, la explotación pesquera y acuícola, como también, en la mercantilización de la educación, la salud y el sistema previsional.
Con el golpe de estado, la mayoría de los erarios, bienes y servicios, empresas estatales y elementos de la naturaleza, fueron otorgados con amplios beneficios y ventajas a un grupo de privados, con la posterior apertura y desregularización de los mercados, los que se abrieron en la administración de los gobiernos de la Concertación, principalmente de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, quienes por medio de una serie de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales multilaterales, posibilitaron su expansión, consolidando a esta elite.
Los principales grupos beneficiados con la dictadura militar y la administración del modelo neoliberal en democracia, han sido: Matte, Angelini, Paulmann, Edwards, Luksic, Ponce Lerou y Piñera Echeñique, con fortunas en miles de millones de dólares.
El empresario que encabezó los enlaces con los servicios de inteligencia de Estados Unidos para la planificación del golpe de estado en Chile y la instalación de Augusto Pinochet en el poder, fue Agustín Edwards Eastman, quien fue propietario de la empresa periodística El Mercurio S.A.P., que publica los diarios chilenos El Mercurio y La Segunda, entre otros. Las acciones de conspiración en Chile incluyeron medidas para la desestabilización del gobierno, campañas comunicacionales, la polarización del País, la promoción de la violencia civil, sabotajes, entre otras.
Dictadura y crímenes de lesa humanidad
No existe unanimidad respecto al número real de víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Chile, sin embargo se estima en 40.280 personas entre asesinados, desaparecidos y torturados. El dato consta en el informe oficial en 2011 de la Comisión Asesora para la Calificación de Presos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.
Entre 1990 y 1991, la Comisión de Verdad y Reconciliación -más conocida como Comisión Rettig- reunió miles de testimonios y documentos sobre los muertos y desaparecidos. Su trabajo fue completado entre 2003 y 2004 por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura -más conocida como Comisión Valech-, que conoció los relatos de las víctimas y los métodos que utilizaron los militares y agentes de la dictadura.
La Comisión Rettig estimó en 2.279 el número de muertos y/o desaparecidos, pero un tercer grupo de trabajo, la Comisión de Reparación y Justicia, añadió una nueva lista de 899 crímenes, que elevó la cifra final de víctimas a 3.197 en el País.
El informe elaborado por las Fuerzas Armadas, entregado a una mesa de diálogo cívico-militar que se reunió entre 1999 y 2001, figuraron 200 nombres de detenidos desaparecidos. Todos ellos fueron lanzados al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile o sepultados en lugares ignorados, sobre un total de 1.198 hombres y mujeres, publicaba laverdad.es.
El año 2002, Codepu daba cuenta de la historia de 10 mujeres detenidas desaparecidas embarazadas: Cecilia Miguelina Bojanic Abad (23 años), María Cecilia Labrin Lazo (25 años), Nalvia Rosa Mena Alvarado (20 años), Reinalda del Carmen Pereira Plaza (29 años), Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra (27 años), Michelle Peña Herreros (27 años), Diana Arón (24 años), Gloria Lagos Nilsson (28 años).
El Informe Rettig, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), señaló 307 casos de menores de 20 años ejecutados por agentes de la dictadura de Pinochet, entre los cuales se encuentran niños de seis meses hasta adolescentes. El informe presenta 75 casos de niños detenidos desaparecidos, de los cuales se reconocen 26 casos de niños asesinados por militares durante la dictadura.
Un informe de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche (AIDMapuche) junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos el año 2016, identificó 171 los casos de personas la Nación mapuche asesinadas/desaparecidas por la dictadura militar. Entre los casos documentados, está el de una lactante menor de 1 año y el de una señora de 73 años asesinadas por agentes del estado. También se hace referencia al caso de un hombre y su familia que vivían en el sector Montaña Recortada comuna de Lautaro. Al momento del secuestro del comunero, encerraron en el domicilio a su mujer y sus siete hijos, tras lo cual prendieron fuego a la casa. Los familiares de la víctima apenas alcanzaron a salvar sus vidas gracias al auxilio prestado por vecinos que alcanzaron a llegar.
Se estima en más de 250.000 las personas detenidas durante los primeros días del golpe y más de 200.000 mil personas exiliadas a diferentes países del mundo.
Control del estado y saqueo del País
725 era el número de compañías en manos del Estado al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La mayor parte fue a parar a manos de grupos económicos como los señalados anteriormente. Se estima también, que al menos, se perdieron 2.500 millones de dólares, en cifras de la época, solamente en la transferencia a manos privadas de las 30 empresas más grandes. Estos montos, de acuerdo al porcentaje del PIB, corresponderían hoy a unos 6.000 millones de dólares, según señalaba un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el año 1991 en medio de diversos sabotajes, el que fue complementado y reactualizado durante 2004/2005, que además incluyó el servicio de las deudas a grupos privados, el otorgamiento de créditos sin garantía, la condonación de deudas a terceros y las múltiples formas de subsidio al sector privado que se desarrollaron durante la dictadura.
Varias de estas empresas recayeron en amistades cercanas e incluso parientes, como el yerno del dictador, Ponce Lerou, con la empresa Soquimich que significó 261,9 millones de dólares menos que su valor real. Corfo, además, dejó de percibir 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa. La generadora de electricidad Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, otra generadora del mismo rubro, Chilgener (hoy Gener) de 171,1 millones de dólares, la distribuidora Chilectra de 96,4 millones de dólares y el Banco de Chile de 66,9 millones de dólares, dicta el informe parlamentario. Asimismo, se enajenaron 15.000 propiedades inmuebles de bienes nacionales, de los cuales 11.000 fueron a parar directamente a manos de privados. “Estamos hablando de cerca de ocho millones de hectáreas que estaban en manos del Estado, cerca de 20% se mantuvo en poder de campesinos, pero el resto fue transferido a otros privados”, explicaba el diputado Carlos Montes sobre este informe.
Por otra parte, más de 600 empresas privadas fueron cerradas durante la dictadura militar tendiente a privilegiar el monopolio sobre ciertas actividades a favor de grupos aliados o también llamados co gobernantes. Cierre de medios de comunicación, empresas de servicio, energía, entre otras. Finalmente, la imposición del modelo neoliberal impuso marcadamente una pirámide.
El dictador Augusto Pinochet por su parte, murió con una fortuna estimada en 26 millones de dólares, cuya mayoría provino de la apropiación de dineros de la compraventa de armamentos y de la malversación de fondos públicos. Sin embargo, buena parte de su fortuna habría estado vinculada por los favores concedidos a los grupos económicos que han saqueado al País.
En los últimos años se han destapado diversas prácticas de colusiones empresariales (Celulosas papeleras, Afps, farmacias), robos de miles de millones de pesos de arcas fiscales por parte de altos mandos de Carabineros (Pacogate) y de militares al fondo reservado del cobre (Milicogate), como también, las denuncias e incluso condenas por diversos actos de corrupción entre sectores empresariales y políticos como: Casos Penta, Soquimich, Caval, Ley de pesca, entre otras, actos de delincuencia que precarizaron los derechos sociales de la población y que ha involucrado a diversos partidos políticos que por décadas han sido parte del sistema político del duopolio.
Constitución política ilegítima y anti democrática
La Constitución Política que rige fue impuesta de manera coercitiva por la dictadura, excluyendo o limitando derechos humanos, siendo la herramienta principal que ha sostenido el brutal y violento modelo económico neoliberal.
Si bien la Constitución en su base de la institucionalidad hace referencia que el estado está al servicio de las personas y su finalidad es promover el bien común, esto en la practica no sucede, porque diversos derechos humanos han sido privatizados para potenciar privilegios de ciertos grupos de elite los que se contraponen al bien común.
Asimismo, la carta magna hace referencia de la seguridad nacional, que su administración está descentralizada o desconcentrada, sin embargo, Chile enfrenta una serie de despojos a favor del interés corporativo privado y afuerino transnacional, su funcionalidad es radicalmente centralizada y la soberanía ha sido extendida a intereses económicos particulares.
La Constitución no reconoce la realidad sobre la diversidad de los Pueblos que habitan Chile. Es etnocentrista, homogenizante, unicentrista y colonial. La existencia de un estado no es igual a la existencia de una sola Nación. Se niega y excluye la existencia de los Pueblos y Naciones originarias cuya existencia antecede en miles de años a la formación del estado.
En el marco de los desafíos constituyentes en el presente, la soberanía debe recaer en todos los Pueblos que habitan Chile, con un reconocimiento explícito como sujetos de derechos colectivos. No hacerlo, es seguir extendiendo los actos históricos y sistemáticos de violencia, despojos, masacres, discriminación, abuso, arbitrariedad y dominación.
La Constitución Política restringe derechos , no establece mecanismos que protejan el conjunto de estos, para que puedan ser reclamados y garantizados debidamente por y ante las instituciones estatales. Las actuales garantías constitucionales en su artículo 19, excluye una amplia cantidad de derechos humanos, hace referencia a un listado de derechos individuales fundamentales y sólo otorga a algunos de ellos posibilidades reales de ser reclamados, como el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley en algunos casos, según criterios de jerarquía.
En la Constitución Política el derecho a la propiedad se encuentra protegido de manera preferente y no se asegura que el estado resguarde derechos sociales de manera directa. Esto quiere decir que el Estado no se posiciona como primer responsable de satisfacer estos derechos sino que los ha endosado al uso y abuso de su administración de entes privados en temas tan elementales como salud, vivienda, educación y previsión, cuyo ejercicio de estos derechos no se encuentra debidamente garantizados para la población, a pesar de las obligaciones internacionales que el Estado tiene.
Asimismo, este régimen y modelo ha permitido entre otras cosas la privatización de los bienes naturales. Por ejemplo, el derecho humano al agua, que si bien es considerado de uso de “todos los chilenos (as)”, se otorga su uso a empresas mineras, agroexportadoras, energía y transnacionales; lo que produce una escasez de este vital elemento y un alto costo del servicio para las personas.
La Constitución, incluyendo las reformas efectuadas en tiempos post dictadura, está lejos de cumplir con principios y valores humanos y democráticos sobre justicia, equidad, igualdad, libertad, paz social y reparación.
El 25 de octubre de 2020 se realizará el plebiscito sobre la Constitución Política. Una papeleta sobre apruebo o rechazo para una nueva carta magna. Una segunda cédula se referirá al tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución, referido a Convención Mixta Constitucional”, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarias o parlamentarios en ejercicio; o bien, “Convención Constitucional”, integrada por miembros elegidos popularmente, sin embargo, un amplio sector mantiene las protestas por la arbitraria exclusión de la “Asamblea Constituyente”, como organismo más representativo para la configuración de un nuevo modelo de legislación constitucional, de organización de Estado y de sociedad.
Derechos humanos en el Chile de hoy
El Estado chileno comete, constantemente, violaciones a los Derechos Humanos. En el actual gobierno de Sebastián Piñera se han cometido crímenes de lesa humanidad considerado como uno de los periodos más graves de la historia republicana democrática. La denominada revuelta social que comienza en octubre de 2019 y se extiende hasta antes del confinamiento por la pandemia es un ejemplo de tales atropellos.
El informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reporta un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares. De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH ha presentado 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas. Más de 11.300 personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas durante el estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020, calcula el informe mensual del Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH). Por su parte, Fiscalía Nacional reporta 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020 e indica 5.558 casos que investiga de víctimas de violaciones a DD.HH.
Además, y de forma histórica y constante, el Estado no ha sabido responder a las demandas territoriales del Pueblo- Nación Mapuche. El modo de operar ha sido a través de numerosos hechos de represión, asesinatos, montajes, odio, intolerancia y discriminación.
Actualmente, existen graves focos de violencia contra la población mapuche en el sur de Chile, particularmente respecto de conflictos territoriales. Existen intereses económicos que involucran el dominio de empresas forestales, tales como Copec, Arauco, Celco y CMPC Mininco en territorios ancestrales. De ahí que el Estado no haya sido capaz de garantizar la paz social a través de mecanismos de reparación, justicia y respeto a los derechos indígenas, por el contrario, se han violado gravemente sus Derechos Humanos mediante la violencia física y simbólica ejercida en el territorio.
Durante la noche del 1 de agosto del 2020, grupos de civiles armados racistas atacaron a comuneros mapuche, quienes habían ocupado, en modo de protesta, edificios municipales en la provincia de Malleco con el fin de apoyar la huelga de hambre que llevaron 27 presos mapuche en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu. Frente a esto, sectores conservadores y empresariales justificaron tales acciones, entre estos personeros está la ex Ministra del actual gobierno, Marcela Cubillos y el empresario Andrónico Luksic.
El actual gobierno de Sebastián Piñera tiene en su cartera ministerial a personeros vinculados a crímenes de lesa humanidad, cómplices del terrorismo de Estado durante la dictadura militar. Entre ellos, se encuentran los Ministros del Interior Víctor Pérez y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quienes han sido denunciados con diversos antecedentes de haber estado vinculados a sectas nazis dentro de Colonia Dignidad.
Cabe mencionar que mientras se violan Derechos Humanos de numerosas personas en el marco de protestas sociales o de reivindicaciones indígenas en Chile, el gobierno ha realizado diversos esfuerzos para liberar a criminales que han cometido delitos de lesa humanidad. A fines de julio de este 2020, Sebastián Piñera indultó a Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzman, condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar y recluidos en 2017 y 2018, respectivamente.
Asimismo, en el actual periodo gubernamental, continúa en la impunidad el asesinato por la espalda del joven comunero Mapuche Camilo Catrillanca, cometido el 14 de noviembre del 2018 por agentes represores estatales del GOPE de Carabineros. Asimismo, del werken Alejandro Treuquil, asesinado con disparos el 4 de junio del 2020, quien había denunciado previamente junto a su familia y comunidad, amenazas de muerte y hostogamientos por agentes represores de Carabineros.
También, sin que aún sean condenados y favorecidos con cambios de medidas cautelares, de prisión preventiva a arresto domiciliario, están los agentes que fueron parte de la “Operación Huracán”, involucrados en diversos montajes de inteligencia de Carabineros para inculpar a numerosas personas Mapuche, siendo la antesala a otro plan que no alcanzó a concretarse y de características transfronterizas: “Operación Andes”. Tampoco ha sido condenado el oficial en retiro de Carabineros, Marco Treurer, responsable del asesinato del joven mapuche Alex Lemún, cuyo caso tuvo que reabrirse por la Corte Suprema a petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En Chile aún sigue vigente la sombra de la dictadura militar, incrustado en diferentes capas del aparato público estatal, lejos del cumplimiento de las obligaciones de los principios, valores y normas en derechos humanos, siendo fundamental el cambio del régimen político así como la regulación del abusivo campo de acción de ciertos grupos de poder, con un freno efectivo a las redes de corrupción político económico que han saqueado y depredado a los territorios y derechos de los Pueblos, potenciado en diversos acuerdos comerciales internacionales a favor del lucro insaciable de una oligarquía que es capaz de seguir impulsando crímenes y conspiraciones.