Se trata de una de las acusaciones más graves en la historia del Ejército Nacional. A la unidad militar se le sindica del descuartizamiento de ocho personas, entre ellas varios niños. En la investigación están vinculados dos oficiales, nueve suboficiales y 58 soldados profesionales
La Fiscalía aclaró que no son 56 los militares, como inicialmente se informó, sino 69, los uniformados que deben responder por los delitos de «homicidio en persona protegida» y «terrorismo» por la masacre de San José de Apartadó. Oficialmente se informó que a la investigación, a cargo de un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, quedaron «vinculados dos oficiales, nueve suboficiales y 58 soldados profesionales, quienes tendrán que responder en indagatoria por la supuesta comisión de esos delitos».
También se informó que con respecto a la comunidad de paz de San José de Apartadó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas provisionales que implican, entre otros aspectos, la especial protección del Estado colombiano a los pobladores de ese corregimiento.
La medida judicial se produjo dos años después de la masacre, una de las más espeluznantes ocurridas en Antioquia y de las de mayor impacto internacional, pues se trata de una acción contra líderes de una comunidad con amplio reconocimiento. Con esta decisión se van despejando las dudas sobre los autores del asesinato, a machete, de cinco adultos y tres niños que tenían 1, 6 y 11 años de edad.
Se puede decir que muchos habitantes de la región y los colombianos en general respiran al saber que la justicia comienza a surtir efecto. Sin embargo, es preocupante que los responsables sean 69 representantes del Estado (entre ellos un capitán del Ejército Nacional) cuya misión es la de combatir los grupos ilegales y defender a la población civil, y no despedazar y esconder en fosas comunes a dos familias campesinas.
El fiscal del caso, que tardó dos años para analizar las pruebas y determinar la responsabilidad de los militares, encontró suficientes méritos para llamarlos a indagatoria con el fin de que presenten sus descargos y, dependiendo de la versión, se les resuelva su situación jurídica. Lo que quiere decir en principio es que es falsa la versión que en su momento dio el Ejército cuando responsabilizó a las Farc de la masacre.
Ahora los militares deberán responder por los delitos de homicidio en persona protegida y terrorismo, tras los asesinatos, el 21 de febrero, de Luis Eduardo Guerra, representante de la comunidad de paz; su esposa, Deyanyra Areiza Guzmán; Deiner Andrés Guerra, de 10 a años de edad; Alfonso Tuberquia Graciano; Sandra Muñoz Pozo, y sus hijos Santiago, de 1 año, y Natalia, de 6 años de edad.
Inicialmente, la investigación se dirigió hacia las Farc por el material que habían suministrado los miembros del Ejército. Sin embargo, en el transcurso de las averiguaciones se estableció que algunos uniformados estaban mintiendo para encubrir el hecho.
Un relato histórico
El 26 de febrero de 2005 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en una carta al vicepresidente Francisco Santos, al Procurador Edgardo Maya y al Defensor del Pueblo Vólmar Pérez, denunció la masacre. SEMANA.COM publica los apartes de ese documento por su alto valor testimonial y porque hoy cobra una vital vigencia.
«Nuestra Constancia Histórica y Censura Moral ante los daños irreparables cometidos por miembros de la Brigada XI del Ejercito Nacional contra siete campesinos que habitaron en el corregimiento de San José de Apartadó, entre ellos tres menores de edad. Todas y todos fueron amenazados de muerte, detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados, y luego enterrados en dos fosas.
Hoy sábado en horas de la mañana hemos tenido la confirmación de que los restos que se encontraban en dos fosas comunes eran Luis Eduardo Guerra, reconocido coordinador y defensor de derechos humanos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, de 30 años; Sandra Milena Muñoz Pozo, de 24 años; Bellanira Areiza Guzmán, de 17 años; Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Santiago Tuberquia Muñoz, de 2 años; Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, de 6 años.
Como ha sido de conocimiento a través de la Comunidad de Paz y organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, el lunes 21 de febrero Luis Eduardo fue detenido arbitraria e ilegalmente por hombres armados que se identificaron como integrantes del Ejército Nacional, Brigada XI, en los alrededores del caserío de Mulatos. Los uniformados amenazaron de muerte a los campesinos, expresando que los iban a asesinar. Dos días después, varios pobladores informaron del hallazgo de una fosa común en la que se observaron los restos de uno de los niños, Deiner Andrés.
De acuerdo con lo que hemos conocido a través de acompañantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el día viernes 25, en horas de la tarde, fueron encontradas dos fosas comunes. En ellas se encontraron los restos de las personas que han sido un signo de esperanza y de vida para San José de Apartadó y para muchas comunidades en Colombia y la humanidad.
El próximo 23 de marzo serán ocho años desde cuando nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Desde su mismo nacimiento esta experiencia ha vivido una persecución que no dudamos en calificar de sistemática. Las estrategias militares estatales-paraestatales han estigmatizado, perseguido sistemáticamente a sus integrantes, bajo el argumento de enfrentar a la guerrilla de la Farc. Amenazas de muerte, bloqueo económico, falsas acusaciones, torturas, desapariciones, asesinatos selectivos, masacres, desinformación mediática han sido parte de las técnicas de control y de represión que han pretendido destruir una iniciativa de la población civil de autonomía en medio de la confrontación armada, de afirmación de la verdad en medio de la mentiras institucionales, de afirmación de la justicia en medio de la impunidad y de la dinámica de institucionalización paramilitar en la región.
Hace menos de un año, en mayo de 2004, el presidente Álvaro Uribe Vélez, en visita a Apartadó, se expresó contra la Comunidad de Paz y los acompañantes internacionales, y no solamente dejó una estela de dudas sobre esta experiencia, sino que una serie de abusos de autoridad encontraron su aval en las expresiones del primer mandatario, Supremo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.
Algunos de ustedes, como nuestra Comisión de Justicia y Paz, conocieron a Luis Eduardo Guerra, campesino, gestor de la experiencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ustedes conocieron la rectitud, la honestidad y la transparencia de su vida y de sus palabras; lo que ha sucedido en san José de Apartadó es grave y absolutamente repudiable, la defensa institucional no se puede realizar a merced de la mentira y de la ceguera ante los abusos de poder.
Los cuerpos sin vida encontrados en dos fosas comunes son los de Luis Eduardo, su compañera y su hijo, los de los niños y los adultos corresponden a los que fueron detenidos arbitrariamente por agentes estatales. Hoy estamos siendo testigos, una vez más, de una expresión de terror institucional, de inconmensurables dimisiones que debe generar en la conciencia institucional no solamente su repudio sino la necesidad de un replanteamiento a fondo de una política de seguridad que continua sustentando su razón de ser en el ataque a la población civil.
De la amenaza de muerte se pasó a la detención arbitraria, de la amenaza a la realización del acto cobarde de asesinar de forma cruenta y en total estado de indefensión a niños, adultos y a una persona como Luis Eduardo, que representó en los niveles nacional e internacional a la Comunidad de Paz. Estamos ante la absoluta ausencia de garantías, los remedos bajo los cuales el Estado ha obrado se han desecho, estamos ante el desbordamiento absoluto de la autoridad y de la fuerza. Si esto sucedió con Luis Eduardo, reconocido coordinador de la Comunidad de Paz que se ha entrevistado con las altas instancias desde el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, pasando por el de Andrés Pastrana Arango y el actual de Álvaro Uribe, exigiendo la protección de su comunidad, ¿qué se puede esperar de aquellos miles de anónimos para las esferas de gobierno, para los militares que en una suerte de obediencia ciega, amenazan, detienen, torturan y matan como borregos lógicos o mejor sin razón?
La actuación institucional refleja la ausencia absoluta de respeto al cuerpo humano, la negación absoluta del respeto a los mínimos de la dignidad humana por parte de los agentes del Estado en un contexto de conflicto armado interno.
La actuación de sus victimarios refleja la degeneración absoluta de la guerra estatal. Una guerra que no se ha dirigido contra los armados sino contra campesinos inermes que han cometido, a los ojos de la institucionalidad, el delito de pensar, de construir, de afirmar alternativas a la guerra. Sus victimarios no sólo destruyen la vida humana, sus técnicas criminales son bárbaras, reflejan odio e impulsos irracionales en prácticas proscritas por la conciencia de la humanidad, que se asemejan a la de los campos de concentración en Alemania o de las experiencias de las dictaduras del Cono sur. Su capacidad de mentir pretende atribuir al otro polo de la guerra sus crímenes, mediáticamente esta mentira que se hace verosímil encubre la deslegitimación de la autoridad.
No existen palabras para expresar el hondo, el profundo daño que ya se ha causado a la Comunidad de Paz, a la conciencia moral de la humanidad. Pero tal vez, lo que más conmoción produce es la posibilidad, es la certeza de conocer que estos crímenes reflejan el Estado de Hecho que se ha ido instaurando en Colombia.
«La detención arbitraria de Luis Eduardo y la amenaza de muerte, era tal vez previsible en las lógicas de seguridad de hoy. Era inesperable, sin embargo, o nadie podría imaginar tamaña barbaridad el haberlo asesinado con seis personas más y enterrarlos a todas y todos en dos fosas comunes. No hay sindéresis, todo es irracional. Detener arbitrariamente, amenazar de muerte, desaparecer y asesinar a un hombre transparente, coherente con lo que construyó a través de la Comunidad de Paz, es absolutamente desbordado.
El asesinato colectivo ha sido una decisión criminal absolutamente cobarde y banal, síntoma de temor que inspira al poder cuando se ven descubiertos en sus mezquinos propósitos o en su gesta de barbarie. Hoy no existe el mínimo pudor, el mínimo intento de diferenciarse de estructuras criminales. Pasa en Arauca, en el bajo Atrato chocoano, en Cauca, en Cundinamarca, en Nariño. Se repite una y otra vez. No es un accidente, es un modo de pensar y de actuar. Lo ejecutado bajo la institucionalidad se mimetiza en lo irregular, lo ejecutado bajo la institucionalidad se justifica en el combate legítimo, lo ejecutado bajo la institucionalidad se atribuye al enemigo militar.
En la nueva masacre de San José de Apartadó, se percibe la tragedia de este país, la implementación de una política de seguridad que no tiene límites, pues el Derecho es el Hecho. No hay distinción, no hay regulación, no hay garantías, no hay protección, sólo terror.
Ante los signos evidentes de la erosión del Estado de Derecho, nos unimos a las exigencias de la Comunidad de Paz, exigencias que son una Constancia Histórica y para nosotras y nosotros los creyentes, una Censura Moral».
Una triste reacción
Después de conocer los detalles de esta carta, el presidente Álvaro Uribe Vélez apareció en televisión e hizo énfasis, más que en la condena de la masacre, en asegurar que la comunidad de paz estaba infiltrada por la guerrilla. Ahora, con la medida tomada por la Fiscalía, parece que la historia es otra.