En el último año, el conflicto colombiano ha recorrido el mundo entero a través de las páginas de los más importantes diarios del planeta. El canje humanitario y la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, como símbolo de los rehenes en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ha movido a […]
En el último año, el conflicto colombiano ha recorrido el mundo entero a través de las páginas de los más importantes diarios del planeta.
El canje humanitario y la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, como símbolo de los rehenes en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ha movido a millones de personas a clamar la libertad de todos los secuestrados y a exigir la desarticulación de la guerrilla.
Pero, el conflicto colombiano no genera sufrimiento de un solo lado, la realidad tiene dos caras. Frente a los más de 700 rehenes en manos de las Farc se encuentran los 7.200 presos políticos del Estado, quienes enfrentan cargos por «rebelión o conexos».
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos colombianos (Cspp), defensor de los derechos humanos y en permanente alerta sobre la situación que viven estos detenidos, afirma que las violaciones a las garantías de los reclusos son constantes por parte del Estado.
«Aun cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dice que en las cárceles no hay distinción de presos, que todos son iguales y se envían a cualquier penal, en la práctica la diferencia de trato que recibe el preso político, del reo social y del paramilitar sí existe», indicó Carolina Rubio, representante del Cspp en Santander en conversación con Últimas Noticias. Para Rubio, la política del Inpec es sólo parte de la estrategia gubernamental para desconocer el conflicto armado que vive Colombia.
Delito: ser campesino. El Cspp divide la población penal que atiende en dos grupos: aquellos que forman parte de la insurgencia armada y los que dentro de la vida civil hacen oposición al Estado en la búsqueda de un cambio social.
Los primeros representan unos 1.500 detenidos y los segundos, entre los que se encuentran estudiantes, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, familiares de los miembros de la guerrilla, madres y campesinos, suman los 5.700 presos políticos restantes. Y dentro de este grupo, la mayoría son campesinos.
«El campesino está preso porque la insurgencia habita en su zona. Milite o no milite, piense igual o no, está preso.
Llega a estar en las cárceles», afirma Rubio.
Según explica, tras la decisión del Gobierno de generar un movimiento nacional de informantes contra la guerrilla, con un sistema de recompensa, se han producido casos de acusaciones falsas sobre campesinos basadas en diferencias vecinales y en odios personales.
Además, comentó Rubio, los jueces no piden pruebas de las acusaciones para condenar al denunciado. Sólo les basta con su apreciación subjetiva sobre la veracidad del hecho y la confiabilidad del testimonio de al menos dos personas.
Sistema penal. Como parte de su política penitenciaria, el Estado colombiano estableció acuerdos con Estados Unidos y el Buró Federal de Prisiones y creó un conjunto de centros de alta seguridad que funcionan a imagen y semejanza de las cárceles estadounidenses.
Al respecto, el Cspp manifiesta que este modelo carcelario aniquila al ser humano y dentro de él se vulneran los derechos humanos de los reos.
Todos los presos políticos son enviados a estas prisiones de máxima seguridad. Condenados o sindicados, todos corren la misma suerte.
El Código Penal de Colombia (CPC) contempló hasta el 2005 una pena de seis a nueve años por rebelión, la cual podía ser reducida por buen comportamiento a tres años. En 2006, la condena se incrementó de nueve a doce años.
Según cifras del Cspp, la mitad de los detenidos por rebelión están sólo sindicados por la comisión de este delito. No obstante, debido a los retrasos en el sistema judicial, pueden llegar a purgar hasta tres años y luego ser dejados en libertad.
«En una familia detuvieron a mamá y papá, dejaron a sus dos niños volando y fueron absueltos 15 días antes de cumplir tres años», dijo Carolina Rubio. «Y esto es muy normal.
Con los campesinos es normal, con la gente de los movimientos sociales esto es normal», agregó.
Aún cuando el CPC define al rebelde como la persona que bajo las armas hace oposición al Estado, los civiles que se oponen y buscan un cambio social esgrimiendo sus ideas, suman casi 80% de los presos políticos de Colombia.
COMO VIVEN LOS PRESOS
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