Los llamados “Urabeños”, que adecuaron su imagen, slogan y uso indebido del nombre de Gaitán en sus panfletos y grafitis y por decisión del alto mando pasaron a ser llamados “clan del golfo”, fueron los primeros en anunciar públicamente con recibos, su inmediato aporte económico, a lo que podría conducir a una especie de “vaca paraca”, en la que todo vale, como respuesta política a la propuesta del gobernador, para pagar, las obras públicas de Antioquia, con recursos “donados” por la población. El alcalde y el “líder” del partido de la seguridad democrática ya anunciaron su respaldo.
El pedido de tipo “monárquico” proviene de la autoridad local elegida, por lo que resulta extraño que ocurra en el marco del Estado de derecho, que “prohíbe y castiga” toda contribución privada para resolver asuntos públicos, en especial los de la República como las obras públicas, el ejército o el gasto social. En 1215, la nobleza le ponía “limitaciones de fiscalidad” al rey Juan Sin Tierra (el de la carta magna), y le fijaba límites en su relación con los otros poderes y; en 1689 la declaración de Bill o Rigths declaraba la independencia en Estados Unidos, al tiempo que limitaba el poder del monarca quitándole la potestad para pedir dineros o tributos a sus gobernados a su voluntad. En la democracia moderna el asunto está abolido y prohibido, captar recursos a voluntad es delito y falta grave.
En el contexto feudal europeo, los monarcas tenían cierta autoridad para exigir tributos a la nobleza en determinadas circunstancias, según el período de tiempo y las condiciones políticas específicas en cada reino, por ejemplo, pedían dineros para ceremonias de coronación o eventos importantes como bodas reales o celebraciones festivas y podían tomar la forma de regalos, contribuciones financieras o servicios militares. En tiempos de guerra o crisis con fondos, suministros o tropas para financiar la guerra o defender el reino, que podía implicar el pago de impuestos adicionales o la prestación de servicios militares. Como parte de acuerdos políticos o para garantizar su lealtad y apoyo, para mantener el equilibrio de poder y la estabilidad política en el reino y; para financiar la construcción de fortificaciones, mejora de la infraestructura o la financiación de la corte real. Eso era en el feudalismo al seno de la monarquía, en democracia está prohibido.
Este poder en el que los monarcas tenían cierta discreción para exigir tributos y regalos que podían ser obligatorios y destinados a garantizar el funcionamiento eficiente del gobierno fue posible y “legal” de acuerdo con la capacidad de los monarcas ante la nobleza, aunque podía estar limitada por leyes, costumbres locales, o por la influencia de la nobleza en la corte real. En 2024 esta práctica está totalmente abolida, ningún funcionario puede promover o recibir regalos, souvenirs, aportes, ni recoger dineros para fiestas o celebraciones de jefes, ni para cumplir las acciones propias del estado. Al tiempo y en complemento también están abolidas y prohibidas otras prácticas feudales como las “correas” y trabajos forzados, que fueron comunes para financiar y llevar a cabo obras públicas con campesinos trabajando en proyectos de construcción de infraestructura, como caminos, puentes, canales de riego o fortificaciones, como parte de su obligación feudal hacia su señor.
En Colombia la práctica de las donaciones, no permitidas en el Estado, tienen una historia trágica. Con ellas se construyó el para-estado a través del paramilitarismo, cuyas “donaciones” estuvieron a cargo de empresarios, empresas, ganaderos y terratenientes, sectores políticos, clanes de poder local, entre otros aportantes, afines a la “seguridad democrática” que tuvieron responsabilidades en la barbarie que dejo más de 450.000 asesinados,10 millones de víctimas y la destrucción de los sistemas sociales que quedaron en ruinas o desfinanciados como salud, educación, obras públicas, vivienda, como puede verificarse en el informe de la comisión de la verdad, el informe basta ya, y las confesiones ante justicia y paz y la JEP de paramilitares y altos cargos en juicio o en prisión. La vaca para las obras públicas “dirigida” por el gobernador con el aval de su partido, congresistas y otras autoridades y del propio líder de la “seguridad” se suma a la iniciativa paralela de crear frentes solidarios de seguridad de ganaderos y terratenientes. Así se agrieta el Estado de derecho y se sobrepasan los límites del funcionamiento del orden democrático que es puesto en riesgo.
En todo caso vendrán las actuaciones de la procuraduría general de la nación, que a la fecha tiene al menos a un funcionario del gobierno suspendido de su cargo por una presunta iniciativa de menor impacto por pequeños aportes de entidades orientados a la Guajira. Y por parte de la fiscalía el análisis vendrá de la aplicación del art 316 del código penal en su imperativo de que quien desarrolle, promueva, patrocine, induzca, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual y sin contar con la previa autorización de la autoridad competente incurrirá en prisión de 10 a 20 años.
P.D. Los comentarios del gobernador de Antioquia presidente del Consejo Superior de la UdeA, sobre que estudiantes con más de 10 semestres (2160 estudiantes) tienen un propósito distinto (¿sesgo terrorista?) y la suma de otros eventos extraacadémicos, tienen en vilo la democracia universitaria y en suspenso la designación de rector o rectora. A esta situación se suma el rechazo a la decisión “técnica” de designación de rector de la Universidad Nacional que ha llevado a la Declaratoria de Paro Universitario con participación del profesorado, estudiantes y trabajadores que hace tiempo no coincidían en sus agendas y; así mismo dilaciones y ámbitos de “reelección” en la Universidad Tecnológica de Pereira, lo que permite prever un panorama de ingobernabilidad” y debates abiertos sobre democracia y constituyentes universitarias que movilice al sistema universitario estatal.
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