En Colombia, las tractomulas (o camiones de carga pesada), fueron los principales beneficiados con la destrucción del sistema de ferrocarriles, que hace 100 años había recibido para su financiación los 25 millones de dólares del pago por la venta o asalto de Panamá. Desde entonces las pocas carreteras se volvieron más intransitables y los diseños ampliados para camiones medianos fueron superados rápidamente por enormes máquinas que triplicaron lo pensado. En este siglo se volvieron esenciales para el transporte de mercancías dado su papel crucial en la cadena logística y de abastecimiento.
Se conoce que los grandes conglomerados económicos de potentados como L.C. sarmiento, Grupo GEA- Argos, Gillinski-Bacal, Cortes Cotal, Echavarría, entre otros, tienen el control del transporte, junto a las principales empresas de transporte de carga pesada como Coltanques S.A.- especializada en el transporte de hidrocarburos, químicos, mercancías peligrosas y especiales como líquidos y químicos-, Cootranscarga, Transportadora de Carga y Courier CCA, Coordinadora Mercantil S.A., Servientrega S.A., Transportes Vigía S.A., Transportadora La Prensa S.A. (TLP), Sotranscol S.A. y las poderosas Asociaciones de Transportadores de Carga que desempeñan un papel crucial en la representación de los intereses de transportadores individuales y empresas, la negociación de tarifas y la defensa de los derechos de sus miembros, en cuyo primer lugar está la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) y la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) y Fedetranscarga.
Septiembre comenzó con un paro promovido por estas grandes empresas transportadoras de carga que representa los intereses de un sector abiertamente privatizador, conformado por propietarios que en esta ocasión al menos, han sobrepuesto sus intereses políticos a los económicos en aparente rechazo a un incremento ampliamente anunciado y llevado a 14 sesiones de concertación. El aumento es de 50 centavos de dólar en el precio del diésel que estaba congelado desde hace cinco años y recibe un elevado subsidio con recursos de los impuestos de la nación, en detrimento de obras públicas y gasto social. Si es un paro político es para disputar poder, aunque la influencia de los camioneros en Colombia, hasta ahora se haya orientado más a la presión por intereses económicos específicos, que a apoyar cambios radicales en el sistema político. Ante la carencia de argumentos de orden económico, las señales del paro son ideológicas, llevando a que necesariamente el gobierno tenga que responder a las preocupaciones del sector de manera efectiva en las dos direcciones, política y económica, para evitar situaciones de descontento que podrían ser explotadas en escenarios de crisis como parece desprenderse de lo esperado con el paro de los camioneros.
Decía uno de sus representantes que “se trata de medirle el aceite el gobierno” y la presidenta de Colfecar anunciaba que seguramente habría que acudir a tener seguridad y protección propia que entre líneas podría evocar al paramilitarismo, lo que lleva a por lo menos insinuar la posibilidad de que las empresas de camioneros en Colombia sí están disponibles para apoyar la desestabilización del gobierno popular. El mayor antecedente de este tipo fue el papel jugado por los transportadores en el golpe de estado contra Salvador Allende en el septiembre negro de Chile en 1973. Los camioneros allí organizaron huelgas masivas preparando el ambiente propicio para consumar el golpe de Estado.
El paro en curso no puede ser entendido como una movilización social, ni comparado con las protestas indígenas, ni el estallido social, aunque pueda tener un impacto considerable, con grandes afectaciones “prediseñadas para provocar descontento por alzas de precios” (que beneficia a los intermediarios, muchos de ellos dueños también del transporte), por la reducción en la distribución de alimentos, combustible y otros productos esenciales, así como la parálisis de actividades cotidianas de la función pública, la movilidad en las ciudades y cambios en las dinámicas de educación, entre otras. Lo que está ocurriendo es una acción de poder para sumar a la fórmula de recuperación del gobierno y recomposición del Estado creado y dirigido históricamente por las élites y sus partidos.
Sin embargo, a pesar del carácter de político del paro de los camioneros para convertirse en instrumento de apoyo a la desestabilización del gobierno o de un hipotético golpe de Estado, este paro requiere no solo del visto bueno de los presidentes de los gremios, jefes de los partidos hegemónicos tradicionales, expresidentes, congresistas, algunos alcaldes y gobernadores y medios de comunicación, sino que requiere forjar una percepción y volverse efectivamente una movilización social, de amplia insatisfacción con el gobierno, disputarle su legitimidad en los sectores populares y las instituciones democráticas. No basta con que existan descontentos con ciertas políticas y situaciones sociales. Desestabilizar exige contar con apoyo popular masivo para emprender un cambio radical que implique un golpe de Estado.
Ocurre sí que el paro suma a la tensión que polariza, intranquiliza, impide avanzar hacia la paz y destruye aún más las garantías de convivencia.
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