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El Supremo confirma la nulidad de la venta de vivienda pública de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs

Fuentes: El Salto

Paso importante para la reparación del daño causado al erario público y a miles de familias con la venta por parte del PP de Madrid de casi 3.000 viviendas a un fondo de inversión.

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite los recursos de Azora y la Comunidad de Madrid contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de declarar nula la venta de vivienda pública -hasta un total de 2.935 viviendas- vendidas en 2013 por el Gobierno de Ignacio González a Azora-Encasa Cibeles, socio local en la operación del gigante Goldman Sachs.

En un comunicado hecho público por la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), las personas que vieron cómo sus hogares cambiaban de manos, se muestran satisfechos por la decisión del Supremo, que confirma que «el propietario de esas casas debe volver a ser el IVIMA, o más bien nunca debió dejar de serlo». Piden así la restitución de los inmuebles al Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA), hoy rebautizado como Agencia de la Vivienda Social (AVS).

La venta de estas viviendas tuvo lugar en junio de 2013. 32 promociones que engloban 2.935 viviendas, 2.849 plazas de garaje y 1.865 trasteros repartidas por los municipios de Madrid (1.380 viviendas), Majadahonda (332), Móstoles (259), Parla (240), Torrejón de Ardoz (224), Navalcarnero (192), Arroyomolinos (127), Valdemoro (80), Collado Villalba (44), Leganés (36) y Tielmes (21). Fueron adjudicadas, por 211 millones de euros, al fondo de inversión Azora Gestión -que operó bajo el nombre comercial Encasa Cibeles-, fondo en el que participa Goldman Sachs.

La Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social recuerda que quedan todavía dos recursos interpuestos por Azora y por la Comunidad de Madrid en el TSJM, pero confían en que la esperanza de una «victoria» de cientos de familias y de quienes confían en un sistema público de vivienda está más cerca tras la inadmisión de recursos por parte del Alto Tribunal. Como han recordado desde 2013, el cambio de propietarios se ha traducido en desahucios y una modificación sustancial de las condiciones de contratación para las personas que residían en las viviendas vendidas a Goldman Sachs.