Nosotros, que integramos el Movimiento Bolivariano, y otros patriotas más, que integramos distintos sectores del pueblo colombiano, miles de campesinos y trabajadores, hombres y mujeres, afros e indígenas, población LGTBI, jóvenes y estudiantes, intelectuales y artistas, víctimas del conflicto armado y pobladores excluidos de las grandes urbes, desempleados y migrantes, hemos visto desmoronarse la esperanza […]
Nosotros, que integramos el Movimiento Bolivariano, y otros patriotas más, que integramos distintos sectores del pueblo colombiano, miles de campesinos y trabajadores, hombres y mujeres, afros e indígenas, población LGTBI, jóvenes y estudiantes, intelectuales y artistas, víctimas del conflicto armado y pobladores excluidos de las grandes urbes, desempleados y migrantes, hemos visto desmoronarse la esperanza que significó la heroica consecución de un Acuerdo de Paz, que de haberse implementado con voluntad y buena fe hubiera podido evitar la continuación del desangre de la patria, posibilitando significativos avances para lograr un país incluyente, sanando las heridas que en los colombianos han dejado más de 55 años de abandono estatal y de una guerra sostenida contra las mayorías en todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural.
Lo pactado en La Habana con el Estado colombiano apuntaba a avanzar hacia una nueva época para la república, donde se dieran los primeros pasos para la realización efectiva de una Reforma Rural Integral que dignificara a nuestro campesinado y sacara el agro colombiano del atraso inveterado. Esto fue solo una ilusión prontamente burlada por el establecimiento que embolató las 10 millones de hectáreas acordadas para los campesinos y continuó con su política a favor de las transnacionales de la agroindustria, los terratenientes y los especuladores financieros.
Lo que hoy llaman fin del conflicto y dejación de armas, fue reducido a la entrega y desmonte unilateral e incondicional de la capacidad militar del ejercito popular y rebelde de las FARC-EP, gesto al que el Estado respondió consumando la perfidia sobre la totalidad de lo acordando y reanudando la guerra a muerte contra excombatientes, líderes sociales y comunidades enteras. Una guerra sucia contra las organizaciones sociales y políticas que lleva desde la firma del acuerdo hasta julio de este año la triste suma más de 500 líderes en los territorios y más de 140 ex guerrilleros asesinados; una guerra sucia que ha frustrado de facto la promesa de la apertura democrática consagrada en el Acuerdo Final y que sigue obstaculizando la posibilidad de construir alternativas políticas por fuera de las clientelas tradicionales y las mafias legales e ilegales, como quedará evidenciado en las próximas elecciones regionales.
La persecución y la desfiguración del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, ha sido una puñalada artera a las víctimas, a quienes el espíritu del texto de La Habana ponía en el centro del Acuerdo. Con la exclusión de la obligatoriedad de comparecencia de terceros ante la JEP, se le ha negado la satisfacción de sus derechos a la mayoría de las víctimas del país y se ha violentado un sistema cuyo sentido mismo pasaba porque este cobijara a todos los actores del extenso conflicto armado y no que se convirtiera en un tribunal de juzgamiento de los rebeldes.
Los enemigos de la paz han azuzado aún más la inseguridad jurídica para los firmantes del Acuerdo y la alteración de lo convenido por las partes. Montajes judiciales como el construido contra Jesús Santrich, la prolongación del presidio para casi 400 rebeldes que aún hoy esperan su excarcelación, y una sarta de micos, y de trampas santanderistas en los desarrollos legales e implementación de las normas del SIVJRNR, han hecho trizas la apuesta por una justicia restaurativa que era esencia del Acuerdo Final.
Los millones de colombianos y colombianas que creímos en esa promesa de paz, que beneficiaría a las inmensas mayorías de nuestro pueblo, excluidas por el Estado y golpeadas por el conflicto, ahora asistimos a una especie de vuelta al pasado. El gobierno títere de Duque, bajo la égida de Álvaro Uribe Vélez, está implementando una estrategia militar a la que ha llamado eufemísticamente «Política de Seguridad y Defensa para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad», pero que es la resurrección del plan de guerra llamado Seguridad Democrática, esta vez articulado con los planes globales de la OTAN, que han convertido nuestro suelo patrio en una vil plataforma militar, lo que ya está cosechando sangre y padecimientos para el pueblo colombiano y la exportación de la muerte hacia nuestros países hermanos.
La política exterior y la política interna siguen siendo dirigidas desde Washington. El nuevo presidente, al igual que sus antecesores, ha entregado la soberanía a los intereses geopolíticos imperiales y la voracidad de las grandes corporaciones. Sin embargo, como pueblo no renunciamos a nuestro derecho a ser una patria soberana, a vivir en paz con justicia social y a recrear alternativas para hacer realidad este bien tan preciado para todos los colombianos.
Pero el pueblo no puede seguir disperso. Estamos en mora de reeditar y reencausar espacios que realmente acojan a las amplias mayorías que creímos en el acuerdo y que anhelamos la paz. A 200 años de la victoria en Boyacá, es necesario volver a reivindicar al ideario patriótico y «nuestroamericano» para construir el porvenir y la utopía, convocando a todo el movimiento social y político bajo históricas y actuales consignas bolivarianas como la unidad, la soberanía y la paz para una Nueva Colombia. Las banderas conservan vigencia porque los problemas lejos de ser resueltos se han acrecentado.
El Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia propuesta, encabezada por el histórico Comandante insurgente, Alfonso Cano hace más de 19 años significa una propuesta aún vigente, donde pudimos encontrarnos los patriotas de corazón y de convicción, luchando y expresándonos en muchos y variados modos por la causa del pueblo colombiano.
Queremos contar con todas y todos los patriotas que abracen este sueño aplazado. En particular, nos ha conmovido profundamente y enardecido nuestra moral de lucha, la gesta heroíca de Jesús Santrich y la conducta digna y revolucionaria de Iván Márquez y los camaradas que lo acompañan, expresada de manera diáfana en su histórica autocritica, insumo fundamental para reencauzar todos los esfuerzos emancipadores y revolucionarios. Con estos patriotas, y otras muchos más, queremos contar para convocar juntos al resto de colombianos inconformes, organizados y no organizados, mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes, indígenas, afros, campesinos y campesinas, conservadores y liberales patriotas, nuevas ciudadanías, pacifistas, antipatriarcales y antifacistas.
Apelamos a la experiencia acumulada de tantos años de trabajo por las justas causas del pueblo, a la dignidad y el decoro demostrado ante tanto incumplimiento y perfidia, al trasegar en la política colombiana, que han permitido un profundo conocimiento de trampas y vericuetos, así como de virtudes, para volver a levantar las banderas y las consignas del Movimiento Bolivariano por la nueva Colombia.
Creemos que quienes se sientan con el deber de retomar el rumbo, deben disponer su autoridad y experiencia para convocar e impulsar las propuestas y líneas gruesas que nos invitaron a partir del año 2000 y en cabeza del Comandante Alfonso Cano a la conformación de los núcleos, a la constitución del Consejo Patriótico Bolivariano formado por cien colombianos y colombianas destacados por su actividad en bien del país y su pulcritud moral y en general a transitar por la senda de nuestro libertador hacia la Nueva Colombia que tanto nos ha costado.
Tomado de https://www.abpnoticias.