Pese a la masiva movilización realizada el pasado viernes 26 de julio en 110 ciudades de Colombia y del mundo contra el asesinato de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, la matanza no se detiene, a la vez que ratifica la falta de voluntad del Gobierno para frenarla y castigar a los […]
Pese a la masiva movilización realizada el pasado viernes 26 de julio en 110 ciudades de Colombia y del mundo contra el asesinato de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, la matanza no se detiene, a la vez que ratifica la falta de voluntad del Gobierno para frenarla y castigar a los responsables.
Líderes, ¿enemigos del Estado?
La Organización Global Witness (GW) el pasado 30 de julio presento un Informe titulado ¿Enemigos del Estado? [1]; en el que registran una cifra de 164 defensores ambientales asesinados en el mundo en el 2018, es decir tres por semana; donde ubica a Colombia por tercera vez consecutiva entre los tres países más peligrosos para ejercer esta labor.
Los Gobiernos y las empresas, según GW, además de los ataques físicos letales, utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses. De acuerdo al Informe, en el 2018 los sectores que más sufrieron ataques son los que se oponen a la industria de la minería y el extractivismo (43 casos), la agroindustria (21 casos) y las hidroeléctricas (17 casos).
El informe entrega tres recomendaciones para garantizar el trabajo de los ambientalistas:
1.- Combatir las causas estructurales: Implica combatir la corrupción y la impunidad, además de garantizar y respetar los derechos de las comunidades afectadas.
2.- Apoyar y proteger: Las empresas y los Gobiernos deben reconocer públicamente el importante papel de las personas defensoras, abogar y responsabilizarse por su protección de manera efectiva y oportuna.
3.- Garantizar la rendición de cuentas: Para prevenir futuras amenazas y disuadir a los posibles agresores, los culpables de los ataques contra personas defensoras deben comparecer ante la justicia.
Las amenazas siguen azotando el liderazgo social
Según La Defensoría del Pueblo hay más de 1.350 líderes sociales, ambientalistas y luchadores por la paz amenazados de muerte [2].
Ludirlena Pérez Carvajal, defensora de los derechos humanos de las mujeres y las víctimas de la violencia sexual, de la Dorada, Caldas, recibió el premio de la Mujer Cafam 2018 por su trabajo, denuncia que ha recibo una serie de amenazas a través de mensajes donde la tildan de guerrillera y además le dan un plazo para que abandone la región.
Francia Márquez , líder del Proceso de Comunidades Negras y representante legal de La Toma, Cauca, denuncia que ella y la comunidad han sido nuevamente amenazados a través de mensajes y les dan un plazo de 72 horas para que salgan del territorio. A su vez, hizo un llamado a Fiscalía, porque a la fecha no han esclarecido los autores intelectuales y materiales del atentado del que fueron víctimas el pasado 4 de mayo.
Danelly Estupiñán Valencia , integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura, y participó en 2018 en el Programa de Protección Temporal para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Gobierno Vasco; actualmente se encuentra en alto riesgo por las constantes amenazas.
Francisco Maltes, ejecutivo nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), denunció que a la fecha se encuentran más de 200 sindicalistas amenazados de muerte por las supuestas «Águilas Negras»; Según el dirigente estas amenazas obedecen a que desde la CUT vienen defendiendo los derechos e intereses de la clase obrera.
John Fredy Víquez, candidato a la Alcaldía del municipio de Páez, Cauca. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) alertó sobre nuevas amenazas contra este dirigente indígena, a través de panfletos firmados a nombre de las «Águilas Negras».
Víctimas del genocidio de esta semana
Yissela Trujillo, víctima de desplazamiento forzado y líder de las comunidades del Norte de Caquetá; fue asesinada junto a su esposo, el 27 de julio en Puerto Rico, Caquetá.
Emilio Vitucay, defensor de los recursos naturales y líder del Resguardo indígena del Alto Andágueda; fue asesinado el 27 de julio en Bagadó, Chocó.
Yadira Rodríguez , líder comunal; fue asesinada con múltiples impactos de bala el 30 de julio, en el barrio 7 de Agosto en Cartagena.
Gersain Yatacue Escue, Coordinador veredal de la Guardia Indígena de San Julián de Toribio; fue asesinado el 1 de agosto, por sicarios que le propinaron un disparo en el rostro, en el sector de Pajarito, resguardo de Huellas Caloto, Cauca.
Ariel López, docente e integrante de los procesos de incidencia de la organización Caribe Afirmativo junto a la comunidad LGBTI; fue asesinado con arma blanca el 1 de agosto, en Soledad, Atlántico.
José Eduardo Tumbó fue asesinado en la tarde del sábado tres de agosto, en el corregimiento el Jagual, sector conocido como La Virgen; era integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda el Vergel y de la Asociación Campesina de Caloto, Cauca; había participado en la Minga en Cajibío en marzo pasado.
Líderes sociales asesinados en julio 2019
DÍA NOMBRE
02 Francisco Ríos
03 Tatiana Posso E. Defensa de Víctimas Copey, Cesar
06 Manuel Ozuna Tapia PNIS [*]
12 Jorge O. Ordóñez V. Lider político
20 Arbey Ramón
21 Humberto Díaz Tierra Comunal
27 Yissela Trujillo
27 Emilio Vitucay
30 Yadira Rodríguez
[*] Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito.
Notas
[1] Informe: ¿Enemigos del Estado? julio de 2019. https://bit.ly/2Or6Y3v
[2] Más de mil 300 líderes sociales amenazados en Colombia. https://bit.ly/314nFmT
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.