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Derechos humanos, minería y coca son temas de preocupación para esta región que está en crisis humanitaria desde que se firmó el Acuerdo de paz

Los campesinos del nordeste antioqueño están desprotegidos

Fuentes: Rebelión

La zona rural de Remedios está creciendo. Pequeños poblados que hace cuatro años solo eran lugares de paso para mineros, hoy se están convirtiendo en caseríos con supermercados, residencias, internet y hasta compra de oro. La vereda Carrizal pasó a ser corregimiento y la vereda Panamá Nueve cuenta con más de 200 casas en el […]

La zona rural de Remedios está creciendo. Pequeños poblados que hace cuatro años solo eran lugares de paso para mineros, hoy se están convirtiendo en caseríos con supermercados, residencias, internet y hasta compra de oro. La vereda Carrizal pasó a ser corregimiento y la vereda Panamá Nueve cuenta con más de 200 casas en el sector Mina Nueva, que está a unas cinco horas de la cabecera municipal.

 Panorámica de Mina nueva. Por Bibiana Ramírez

Y a medida que crece la población, aumentan los problemas y las necesidades. Esto se evidenció en el encuentro de líderes y lideresas realizado el 29 de marzo en Mina Nueva organizado por la Corporación de Acción Humanitaria por la Paz y la Convivencia del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC).

El encuentro contó con la participación de unas ochenta personas que denunciaron ante la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA), la crisis que siguen viviendo los campesinos después de la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc-EP. La invitación también fue hecha a la alcaldía de Remedios y gobernación de Antioquia, pero no asistieron, ni con delegados.

Las dinámicas de vida han cambiado drásticamente. Antes confiaban en sus vecinos y el extraño que llegaba se presentaba ante la comunidad. Ahora ven deambular personas con las que no dialogan, algunos con sus rostros cubiertos, escondiéndose o entrando a las casas sin que sean vistos, aparentemente. Después de las seis de la tarde nadie puede salir de sus casas, regla impuesta por el ELN.

La tala de grandes extensiones de bosques impresiona a la vista. Montañas enteras recién quemadas y árboles gigantes en el suelo solo generan nostalgia de lo que antes fue verde y lleno de vida. Primero sacan la madera para venderla, luego hacen potreros y no hay control sobre esto, pues son fincas privadas. «Hay desorden en la tala de bosques y como líder he tratado de generar conciencia, pero por las denuncias los particulares han hecho amenazas y desde hace quince días siento que mi vida corre peligro», cuenta el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San José del Pescado.

Mientras miramos caer la lluvia en una tienda en Mina Nueva, Rayito, el líder más antiguo de Cahucopana dice, con preocupación, que son tiempos difíciles. «Antes esto era monte. Por aquí no pasaba sino Rayito con alguna delegación de Medellín o Bogotá a hacer trabajo de la Corporación. Esto era un camino real para ir al sur de Bolívar. Es impresionante cómo se ha poblado y cómo están desapareciendo los bosques».

Calle principal de Mina Nueva. Por Bibiana Ramírez

Y al mismo tiempo Rayito pone en duda que la destrucción de esos bosques sea solo para ganadería. «Por ahí están las empresas mineras tratando de meterse a nuestro territorio». En el paro minero del 2017 en Segovia, dentro de las denuncias estaba que la multinacional Gran Colombia Gold tenía proyectos de hacer minería a cielo abierto.

Aumentan las tensiones en las veredas

Para la Defensoría del Pueblo «hablar de la guerra implica un temor». Y lo dice porque nadie quiere denunciar lo que están viviendo. «La denuncia al Ejército o la Policía es crear nuestra propia lápida», afirma un campesino y agrega que están desprotegidos.

Se vienen presentando asesinatos, detenciones, amenazas y estigmatización. Además del crecimiento acelerado del microtráfico y la drogadicción en las veredas. En Carrizal es más evidente porque hay más circulación de personas, hay Ejército y Policía prestando seguridad al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación a excombatientes.

«Hace 15 días asesinaron a un muchacho en Carrizal, ahí mismo estaba la Policía y el Ejército. No hacen requisas, entran hombres armados y ellos no se dan cuenta. El lunes en la mañana hubo una violación a una niña de 14 años. Algunos guerrilleros del ELN están desertando y yendo a trabajar con el Ejército, entran encapuchados y señalan a la población civil. Somos objetivo militar», cuenta un líder del corregimiento quien ve perder la tranquilidad y el aumento de inseguridad.

En la vereda Caño Tigre el presidente de la Junta también fue amenazado por el ELN por trabajar en la construcción de vías y con el argumento de que está entrando a la zona con un GPS que le dio el ejército. «Yo no conozco esos aparatos. Ya me han amenazado dos veces y me tocó suspender el trabajo, incluso salir escoltado de mi casa. Solo estoy luchando por la comunidad».

El mismo día que entramos a las veredas habían helicópteros sobrevolando. Luego nos informaron que bajaron y quemaron cultivos de coca y un laboratorio. Remedios nunca ha sido cocalero; en el 2013 había tres hectáreas pero en el 2017 eran ya 24, según el Observatorio de Drogas de Colombia.

Instituciones escuchando denuncias de campesinos. Por Bibiana Ramírez

Por otro lado los operativos contra la minería también han aumentado. La quema de maquinaria se ha vuelto constante y los mineros denuncian que hay extorsiones por parte del Ejército. «En la vereda Lejanías el Ejército cobró tres millones de pesos para no quemarlas. En otros lados ha cobrado cinco millones. Cuánto dinero se gastan en operativos militares, eso lo deberían invertir en darnos asesoría técnica, porque somos conscientes de que hemos hecho daño a la naturaleza. El reto es comenzar a mejorar este trabajo porque no tenemos más qué hacer», cuenta un minero de Mina Nueva.

Gerardo Acero, líder de Cahucopana se siente muy preocupado por la situación de derechos humanos y económica en la región. Hace un par de años era de los más optimistas con el Acuerdo de Paz, tenía la esperanza de que la guerra se iba a acabar y dice que «es más grave el momento que estamos viviendo ahora que cuando estaban las Farc-EP, ya no sabemos quién entra al territorio». Y agrega que los mecanismos de autoprotección no son reconocidos por las instituciones.

Rayito, con voz muy baja y entrecortada concluye conque «se está repitiendo la historia y no vamos a tener ninguna solución». Con sus más de ochenta años de vida no podrá ver el campo en paz como tanto lo soñó cuando empezó el trabajo de defensa de derechos humanos para los campesinos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.