La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de no extraditar a Estados Unidos y dejar en libertad al dirigente de las FARC Jesús Santrich, causó un verdadero tsunami político en Colombia, que comenzó con la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez y un urgente llamado del presidente Iván Duque a su gabinete. […]
La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de no extraditar a Estados Unidos y dejar en libertad al dirigente de las FARC Jesús Santrich, causó un verdadero tsunami político en Colombia, que comenzó con la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez y un urgente llamado del presidente Iván Duque a su gabinete.
Fue un golpe muy duro para el expresidente Álvaro Uribe, y para su protegido, el actual mandatario Iván Duque, en su insistencia de forzar la extradición del exjefe guerrillero a Estados Unidos, bajo una falsa acusación de haber cometido actos de narcotráfico luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.
La decisión de la JEP causó un tsunami político, y con ella el líder de la Farc tomaría su lugar en el Congreso, debido a que el Consejo de Estado no ha declarado pérdida de investidura y no hay silla vacía. Sin embargo, como Santrich estaba en la cárcel el 20 de julio del 2018 -día en se instaló el Congreso- no se ha posicionado.
Para los uribistas, la JEP es un tribunal parcializado que no les da garantías.. «La JEP actúa como cómplices de las Farc, no como jueces. Ya veremos al narcoterrorista Jesús Santrich sin pedir perdón ni reparar a las víctimas en el Congreso actuando con cinismo», dijo el senador uribista Fernando Araújo.
Un fiscal muy comprometido
En su renuncia, el fiscal Martínez se refirió a dos puntos: los cambios que la Ley Estatutaria de la JEP introdujo a la extradición (los cuales ha tratado de reversar a través de las fallidas objeciones) y la decisión que acaba de ser adoptada por el tribunal de paz en el caso del exjefe guerrillero. Para Martínez, se hizo «trizas la cooperación judicial internacional», refiriéndose al interés y presión de Washington por lograr la extradición de Santich.
A estas palabras, el jefe de la Fiscalía las acompañó de un exhorto a la movilización ciudadana. «Por el reestablecimiento de la legalidad en Colombia, y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y para todas las víctimas del conflicto».
Hace tres años Martínez fue elegido por la Corte Suprema de Justicia como el Fiscal General de la Nación por cuatro años. Desde su llegada a la Fiscalía, Martínez ha sido uno de los funcionarios públicos más polémicos y controvertidas del país, por dos temas en especial: por sus posiciones críticas frente a desarrollos normativos que ha tenido el acuerdo de paz, y por el proceso de investigación de la corrupción del caso Odebrecht.
En el caso del acuerdo de paz, Martínez se opuso, por ejemplo, a varios de los puntos de la Ley Estatutaria que reglamenta la JEP, críticas que fueron tenidas en cuenta por el presidente Iván Duque al objetar esa norma. Las controversias entre el Fiscal y la JEP no son nuevas. De hecho, la Corte Constitucional ha tenido que resolver conflictos de competencia entre el ente acusador y esa justicia por temas relacionados como los bienes de las Farc, las órdenes de captura de extraditables, y las pruebas.
Pero el tema que más le ha valido críticas a Martínez ha sido la corrupción de Odebrecht, pues antes de llegar a la Fiscalía fue abogado del Grupo Aval, socio de la multinacional brasileña en la Ruta del Sol II. El año pasado, después de la extraña muerte de Enrique Pizano (excontroller de ese proyecto), se reveló un video en el que Pizano afirma que cuando Martínez era abogado le había advertido de los pagos irregulares de Odebrecht.
Desde entonces el fiscal ha defendido su actuación, y dijo que sólo hasta el 2017, cuando la Fiscalía adelantó las investigaciones por el escándalo de Odebrecht, tuvo certeza de que los brasileños habían pagado sobornos. Tras los cuestionamientos, la Corte Suprema aceptó un impedimento que presentó el mismo Martínez para separarlo de tres de las líneas de investigación del caso de Odebrecht y actualmente el alto tribunal estudia si le quitaba todos los casos relacionados con la multinacional.
Repercusiones
Dentro del partido de la Farc celebran la decisión, porque desde que fue capturado Santrich siempre han insistido en su inocencia y en que se trataba de un montaje judicial. «La fuerza de la verdad es mayor a la de aquellos que apelan a la trampa y la mentira para impedir la paz de Colombia», tuiteó el senador Antonio Lozada.
«La decisión se toma con suficientes elementos de juicio, frente a la cual lo único que cabe es el respeto y el acatamiento. La JEP solicitó de manera reiterada a las autoridades judiciales de EE UU las supuestas pruebas en este caso, las cuales no fueron remitidas. Por lo tanto, ha tomado una decisión en derecho», aseguró el senador Iván Cepeda.
El senador Gustavo Petro insistió en que existe una estrategia contra la paz, Santrich y la JEP, que relaciona con una supuesta cortina de humo para que no se «juzgue por su participación en la enorme corrupción de Odebrecht/Sarmiento» al fiscal Néstor Humberto Martínez.
La decisión de los magistrados de la JEP trae implicaciones internacionales y generará una inmensa polémica nacional, tras : impedir que Santrich sea entregado a la justicia estadounidense que lo reclama por supuestamente liderar una conspiración para exportar cocaína a ese país. Santrinch, quien depuso las armas en el marco del proceso de paz, fue capturado por la Fiscalía «con fines de extradición» en abril de 2018 y desde entonces aguardaba a que la JEP decidiera sobre su pedido de extradición.
Con tres votos a favor y dos en contra la JEP determinó que mantiene la garantía de no extradición que ampara a Santrich. Esta condición -pactada entre el Estado y la extinta guerrilla- blinda a todos los excombatientes de las Farc e implica que ninguno puede ser extraditado por delitos cometidos previos a la firma de la paz. La garantía de no extradición únicamente es revocable cuando se presenten reincidencias o nuevo delitos posteriores a la firma del acuerdo de paz. Este fue precisamente el debate en que estuvo incurso el caso Santrich por más de un año.
La justicia estadounidense y la Fiscalía de Colombia argumentaron que los presuntos hechos por los que fue capturado Santrich son posteriores a la firma del acuerdo de paz (noviembre de 2016). El tribunal de paz solicitó a EEUU copia del expediente y de las evidencias, una solicitud atípica ya que en casos similares la justicia colombiana se limitaba a hacer una verificación apenas formal y apegada apenasa los documentos con que la justicia estadounidense solicitaba formalmente a un colombiano en extradición.
Camilo Rengifo Marín, Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )
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