Frente a reiteradas y múltiples observaciones y críticas al Gobierno por el estado de estancamiento y la evidente tendencia al incumplimiento del Acuerdo de Paz, formuladas por muy diversos sectores e instituciones de la opinión pública nacional e internacional, funcionarios gubernamentales de alto nivel y el propio Presidente de la República se han apresurado a […]
Frente a reiteradas y múltiples observaciones y críticas al Gobierno por el estado de estancamiento y la evidente tendencia al incumplimiento del Acuerdo de Paz, formuladas por muy diversos sectores e instituciones de la opinión pública nacional e internacional, funcionarios gubernamentales de alto nivel y el propio Presidente de la República se han apresurado a responder, desmintiéndolas y reafirmando a la vez el presunto compromiso del Ejecutivo con la implementación de lo convenido en La Habana.
No obstante, la retórica del Gobierno no resiste la tozudez de los hechos, que muestran una insalvable distancia entre el decir y el hacer de la acción gubernamental. A la pretensión de limitar con precariedad extrema y mediante interpretación sesgada los puntos del Acuerdo sobre la «Reforma Rural Integral», la «Participación Política», la «Solución al problema de las Drogas ilícitas», entre otros, que muestran un franco estancamiento e incluso retrocesos, se le suma la incapacidad de preservar la vida de exintegrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación, cuyas muertes van en escalofriante ascenso, así como el asesinato de mujeres y hombres líderes sociales a lo largo y ancho del territorio nacional, en cifra que supera el medio millar desde la firma del Acuerdo de Paz.
Sin dejar de lado, además, las pretensiones de desvertebrar el Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, por cuenta del ataque sistemático a la Jurisdicción Especial para la Paz como lo evidenciaron las fracasadas objeciones presidenciales; o la simulación de la obligación de incluir un capítulo específico de la implementación el Plan Nacional de Desarrollo de reciente sanción.
En medio de semejante situación, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación – CSIVI, institución concebida por las partes para apoyar la implementación, atraviesa por su más profunda crisis desde que entrara en funcionamiento. Tenemos la impresión de que es propósito del gobierno de Iván Duque Márquez desdibujarla completamente hasta llevarla a los escenarios de la inutilidad. Al menos así lo demuestra no solo el poco interés por reunirla con periodicidad, sino la calidad de las reuniones adelantadas a la fecha, que la han convertido en una instancia de mero trámite formal y sin posibilidad alguna de contribuir al mejoramiento de las condiciones de la implementación.
Craso error comete el Gobierno al no comprender el significado de preservar las instituciones bipartitas del Acuerdo de Paz. No es un asunto de mera formalidad o simbolismo; se trata del reconocimiento tanto de una de las partes contratantes de un Acuerdo, como del compromiso mutuo en la difícil brega de la implementación.
Instamos al gobierno nacional y particularmente a sus representante en la CSIVI, la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila Peñalosa y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos Arévalo, a que habiliten con celeridad las condiciones para el cumplimiento a plenitud de las funciones de la CSIVI, señaladas con claridad en los decretos 1995 de 2016 y 1417 de 2018. Como funcionarios públicos tienen además la obligación de hacerlo.
Solicitamos a los Países Garantes, Cuba y Noruega, y a la Segunda Misión de Naciones Unidas, sus buenos oficios para garantizar continuidad, frecuencia y calidad en las reuniones de la CSIVI.
Rodrigo Granda – Jairo Estrada – Ronald Rojas. Componentes Csivi – Farc
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article24462