Previsiblemente a partir del 12 de febrero de 2015 se hará efectivo el proyecto de ley para la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes españoles expulsados de la patria en 1492. Por tanto, podemos decir que 523 años después, los comprendidos entre 1492 y 2015, será reparado un injustísimo agravio […]
Previsiblemente a partir del 12 de febrero de 2015 se hará efectivo el proyecto de ley para la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes españoles expulsados de la patria en 1492. Por tanto, podemos decir que 523 años después, los comprendidos entre 1492 y 2015, será reparado un injustísimo agravio histórico. Y ello es un gran motivo de satisfacción, no solo para los descendientes de los sefardíes y para los judíos en general sino para toda la humanidad, pues demuestra que, aunque sea después de mucho tiempo siempre es posible la reparación de las injusticias.
Pero aprovechemos la ocasión para hacer un resumen del periplo de estos queridos compatriotas que durante siglos han guardado con añoranza el recuerdo de su querida patria, Sefarad, España. No sabemos si cuando los Reyes Católicos expidieron el Decreto del 31 de marzo de 1492 pensaban que el grueso de los 100.000 judíos españoles optaría por el exilio. En esa orden se les daba la opción de convertirse o marchar al cadalso. Pero sorprendió a todos la gran cohesión social de la mayoría, unos 80.000, que prefirieron el ostracismo a la renuncia a su credo. Se trató, de una verdadera «solución final», pues, obviamente, expulsados los judíos se acababa definitivamente con el problema. Una decisión brutal, aunque menos que la decretada por los nazis en 1942 para su exterminio en los campos de concentración. Y esta última fecha no deja de ser curiosa porque se trata de los mismos números, anteponiendo el nueve al cuatro. Es posible que los Monarcas Católicos no previesen tal decisión que acarreó un quebranto económico notabilísimo, al tiempo que favorecieron el desarrollo de rivales tales como el imperio Otomano donde fueron bien recibidos.
Es cierto que España no fue ni la única ni la primera que los desterró, pero sí en la que la cifra de deportados fue mayor. Pero el problema no es solo el genocidio de la expulsión, sino el olvido y la negación de estos españoles extirpados durante siglos. Los decretos de expulsión no constituyeron un hecho aislado sino que fueron fruto de una larga cadena de cortapisas, reprimendas y violencias que se iniciaron con virulencia desde 1391. Medio siglo después, y en particular a partir de 1449, con la famosa Sentencia pronunciada por Pedro Sarmiento para el concejo de Toledo, los conversos o sus descendientes fueron privados del acceso a los oficios públicos. Otro paso más en la negación del judaísmo y en la consolidación del casticismo cristiano en la Península Ibérica. Y finalmente, la creación del Santo Tribunal de la Inquisición para castigar a los judaizantes fue el paso previo al fatídico decreto de 1492.
Durante los siglos XVI y XVII los sefardíes fueron olvidados por las autoridades hispanas que solo se acordaban de ellos cada vez que había una bancarrota o una crisis económica. El Conde Duque de Olivares pretendió permitir el retorno a un grupo de ellos a cambio de recursos económicos. Lo cierto es que nunca se llegó a producir el acuerdo, aunque hubo algún proyecto posterior en tiempos de Carlos II. En el siglo XVIII algunos ilustrados, como el padre Feijoo o Melchor de Jovellanos, criticaron por fin con firmeza, después de tres siglos, la fatídica decisión de 1492. Sin embargo habrá que llegar al siglo XX para encontrar algún tímido intento de reconciliación. El mayor hito en este sentido fue la orden del general Miguel Primo de Rivera de 1924, reconociendo la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes expulsados en 1492. Eso sí había que demostrar fehacientemente ser descendientes de los expulsos, renunciar a la nacionalidad original y fijar su residencia en España. Por ello, con ser un hito en el largo proceso de reparación histórica, apenas tuvo consecuencias prácticas. En cuanto a la II República aunque públicamente se manifestó a favor de los judíos, en la praxis solo les concedió la nacionalidad a cuenta gotas. El propio Adolf Hitler, antes de su «Solución Final» ofreció a otros países, entre ellos a España, la posibilidad de acoger a sus hebreos. Ante la negativa o simplemente la omisión de respuesta, interpretó que a nadie le interesaban estos judíos y consumó su genocidio. Durante el Franquismo, cuando ya se entreveía el final del III Reich, se acogieron a pequeños contingentes de hebraicos que fueron salvados de una muerte segura. Pero nuevamente no fueron más que actos de propaganda del régimen, puntuales y con la idea de mejorar el escasísimo prestigio de un régimen nacido del golpe de estado del 17 de julio de 1936.
Pero desde la muerte del dictador, la situación no había cambiado sustancialmente; se les reconocía la nacionalidad española a aquellos que, al igual que los iberoamericanos y portugueses, demostrasen una permanencia en España de al menos dos años. En 1986 el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel hizo que el entonces primer ministro israelí, Simón Pérez, en La Haya, pronunciase una emocionante frase que será siempre recordada: «nos volvemos a encontrar después de 500 años».
Desde noviembre de 2014 existe un proyecto de ley que, como ya hemos dicho, se convertirá en ley este año de 2015, culminando un proceso de reparación histórica que ha durado más de medio milenio. Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, se ha mostrado entusiasmado y orgulloso de su españolidad y de la de los judíos de origen hispano, al tiempo que ha destacado que nunca es tarde para esta reparación si la dicha es buena. Por tanto, quiero empezar estos primeros días de 2015, recordando que estamos a pocos meses o a pocas semanas de consumar la reparación de la injusticia cometida con aquellos españoles extirpados y expulsados de España en 1492. Ahora bien, dicho esto, y dejando claro mi entusiasmo como español y como historiador, quiero decir que es necesario continuar las reivindicaciones para extender este acto de justicia a los descendientes de los queridos y recordados moriscos, expulsados también a partir de 1609 y que, al igual que los sefardíes, les han transmitido, de generación en generación, su amor por España.
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