Siendo cada vez más un asunto de concurrencia de posiciones políticas, de estudios y de opinión pública, la denominada «justicia transicional» se convierte en la designación del problema que habrá de resolverse sobre la necesidad de acordar la paz y la obligación de afrontar la impunidad estructurada y estructurante, en especial la derivada de hechos […]
Siendo cada vez más un asunto de concurrencia de posiciones políticas, de estudios y de opinión pública, la denominada «justicia transicional» se convierte en la designación del problema que habrá de resolverse sobre la necesidad de acordar la paz y la obligación de afrontar la impunidad estructurada y estructurante, en especial la derivada de hechos y de omisiones no sólo en relación con el conflicto armado, sino con las estrategias generales desplegadas y sus personalizados impulsos en la confrontación histórica, que abarca intereses económicos y políticos.
César Gaviria, quien además de Secretario de la OEA, fue Ministro y Presidente de Colombia (1990-1994: cruenta época de extensión de la guerra sucia y de clara connivencia de círculos tradicionales con el narco-paramilitarismo), ha publicado una reflexión el pasado domingo 15 de febrero, que contiene una propuesta sobre este tema (http://www.eltiempo.com/politica/justicia/expresidente-gaviria-habla-de-la-justicia-transicional-/15249538). La discusión en la que se inscribe ocupa uno de los lugares más frecuentados en el análisis de los rumbos y fórmulas del proceso de paz. Dicha propuesta ha sido contestada y respaldada por diferentes sectores. Comenzando por el Presidente Santos, quien la valora por tener una «visión ampliada de la cobertura de las soluciones jurídicas». También en términos genéricos la insurgencia de las FARC-EP ve en ella algunos aspectos positivos, al implicar un reconocimiento de una serie de responsabilidades de las elites.
1. ¿Qué dice de novedoso Gaviria?
El ex presidente señala entre algunas imprecisiones como el supuesto «indulto automático» otorgado a «todos los miembros de la guerrilla y paramilitares» desmovilizados en los gobiernos de Uribe y Santos, que la proyección es tratar a guerrilleros y militares como eventuales beneficiarios de medidas de justicia transicional, pero que otros responsables en el conflicto han quedado fuera de ese foco. Se refiere a «miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana». Especifica más delante: «financiadores, auxiliadores o (quienes) pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación y con el fin de adelantar su tarea proselitista». Señala que no han tendido «acceso» a medidas de «consideración especial». Ello «dejaría por fuera a muchos implicados civiles que hoy son juzgados con normas mucho más rigurosas que las que se aplican a los jefes paramilitares».
Torciendo la norma constitucional y el principio que orienta el indulto sólo para delitos políticos y conexos, o sea los cometidos por insurgentes, asegura Gaviria: «es apenas justo que los no combatientes reciban indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas».
Lo medianamente novedoso, con ese texto y sus enunciados, es que en ese mayor nivel de quien participa en el debate con esa trayectoria política, se examine implícitamente y reconozca por la vía de una preocupación por la suerte jurídica de su género o entorno político, que parte del Establecimiento al que pertenece, o de las esferas dominantes en lo económico y lo político a las que ha servido, intervinieron en la guerra patrocinando acciones de guerra sucia y que gozan de hecho de impunidad. Eso es lo relativamente inédito. Otros expresidentes como Belisario Betancur, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y el mismo Álvaro Uribe Vélez, quien con una lógica mafiosa desafía su propio entramado, más de una vez han dado un medroso paso al lado, arriando a otros responsables para que finjan dar cara por centenares de crímenes.
2. Lo que ya está trillado
Gaviria tiene dos grupos predilectos en su escrito. No sólo se preocupa por esos responsables «civiles» del Establecimiento, sino por los integrantes de las fuerzas armadas estatales, para los que ya tramita el Gobierno Santos el reforzamiento del privilegio absurdo de un Fuero Penal Militar, rechazado ampliamente por la ONU, víctimas de crímenes de Estado y organismos de derechos humanos.
Dice el expresidente: «se corre un altísimo riesgo de que en el futuro los propios miembros de la Fuerza Pública puedan verse acusados injustamente, cuando la Fiscalía General y las otras autoridades judiciales actúen para establecer responsabilidades por cuenta de las muchísimas denuncias que se darán (…) Para los miembros de la Fuerza Pública esto implicaría que van a tener que estar pendientes de estas eventualidades por el resto de sus vidas, casi sin posibilidad real de saldar sus obligaciones frente a la justicia (…) Nuestra Fuerza Pública debe quedar blindada para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final. Esto de una u otra manera ha ocurrido en Uruguay, Argentina, Chile y Guatemala…».
Gaviria cae en el lugar común, en el tópico, en la aseveración que comparte como clase política dominante que por peso de la evidencia debe afirmar algo general sobre las violaciones de derechos humanos. Ocultando que se trata de miles y miles de casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas estatales, se refiere a «algunos condenables abusos o violaciones a los derechos humanos»: «Lo que hemos tenido en Colombia no es la represión propia de dictaduras militares durante la guerra fría, fundamentada en razones ideológicas».
Tiene razón Gaviria, pues lo que hemos tenido en Colombia es la represión propia de un régimen que en sistematicidad de prácticas y volúmenes, ha ido mucho más allá que dictaduras militares durante el pasado. Más desaparecidos que en Argentina; más torturados y asesinados, mucho más, que en Chile, Paraguay y Uruguay juntos. Por dar unos ejemplos.
3. La tesis reina
Gaviria asegura cosas tan importantes como contradictorias. Declarándose partidario de la igualdad de todos ante la ley, explica que hay que dejar claro que frente a la justicia transicional «las responsabilidades de los miembros de las Fuerzas Armadas… deben limitarse a las faltas por acción comprobadas y no por omisión». O sea, el ex presidente olvida de un brochazo los conceptos jurídicos y políticos que se han construido para fundamentar el servicio público, la responsabilidad general de la Administración y las obligaciones que corresponden precisamente a la asunción o al abandono de la función y el interés social.
Pero la reina de las tesis esgrimidas es la siguiente: «La teoría de los máximos responsables de que habla el Marco Jurídico para la Paz puede ser aplicada a la guerrilla, pero solo puede aplicarse en sentido muy restringido para la alta oficialidad de la Fuerza Pública. Si no actuamos en ese sentido restringido se pueden cometer muchas injusticias que los colombianos no queremos ver contra oficiales o miembros de nuestras Fuerzas Armadas».
Gaviria se contradice gravemente acá, no sólo borrando ese principio que alega de la igualdad ante la ley, poniendo a unos arriba y a otros abajo, sino anticipando un trato más benévolo para quienes en masa precisamente no podrían recibirlo, los integrantes de la fuerza pública, al haber usado indebidamente las armas y los medios de la coerción estatal como mandato legal, contra los ciudadanos y sus derechos. Si de la guerrilla él presume que por sus actos hay unos máximos responsables, descarta de inmediato que el mismo rasero pueda aplicarse a mandos militares y de policía.
Eso sólo tiene razón de ser si los máximos responsables de la guerra sucia del Establecimiento/Estado, no son efectivamente esos comandantes de fuerzas armadas estatales, los de uniforme, apenas un eslabón operacional, sino sus superiores «civiles»: ya sea dentro del aparato del Estado (Presidentes, Ministros, Viceministros, etc.); como también fuera de él: los «financiadores» o beneficiarios en partidos políticos, en empresas, en compañías multinacionales, etc. Pero esto que es apenas obvio, no es mencionado por Gaviria en este renglón crucial de los llamados «máximos responsables». O sea, el expresidente oculta lo que delata y le implicaría a sus círculos, a los que han mantenido y reforzado su poder en el curso del conflicto.
4. Punto final…
Es compartida la preocupación expresada por Gaviria respecto a cómo muchos tratan «de ver delitos de lesa humanidad en todos los crímenes de guerra o en cada denuncia aún no investigada ni probada, y así no haya normas expresas que así los califiquen en el Estatuto de Roma, ni precedentes judiciales en fallos de la Corte Penal Internacional». También es posible participar del pensamiento ya expresado, por ejemplo por las FARC-EP, de que el proceso de resolución pactada «es una decisión política colectiva que debe adecuarse a las nuevas reglas internacionales, sin que ellas prevalezcan sobre nuestra voluntad y deseo de paz», como dice Gaviria, y que puede esperarse que no surjan precedentes de derecho internacional «que hagan imposible la paz de Colombia o que ignoren las experiencias de otros países para poner fin a guerras civiles de larga data».
Incluso podría compartirse esa idea de poner punto final, no sólo a la guerra mediante la negociación de la paz, sino de «cerrar la puerta a actuaciones judiciales que sigan buscando responsables por las acciones de la guerra. De lo que se trata entonces es de ponerle fin a la guerra de manera definitiva y de definir de una vez por todas las responsabilidades judiciales de los distintos actores».
Pero eso no será posible jurídica ni políticamente, si en la ruta de una negociación los sectores dominantes tratan de embaucar de nuevo al conjunto del país, evadiendo sus vertebrales responsabilidades, dirigiendo para unos la teoría y la lotería de los «máximos responsables».
De ahí que a quienes desde el statu quo participaron de alguna manera de la guerra sucia, sean militares, policías o «civiles» (financiadores, beneficiarios y demás…), debe aplicárseles, para que ese punto final eventual sea cierto, beneficios a condición de develar toda la verdad posible y contrastable, reparar a fondo con lo despojado a las víctimas colectivas de esos crímenes del terrorismo de Estado y del Establecimiento, y de asegurar la no repetición, o sean surtiendo garantías de desmovilización y desmonte de esa maquinaria y doctrina de «seguridad nacional», que forma para la represión o exterminio del «enemigo interno», y que fomenta tanto como encubre el paramilitarismo, lo cual está demostrado profusamente en muchas investigaciones que prueban esa concepción totalitaria y su desarrollo en las instituciones del Estado colombiano.
5. «Inocencia del sistema»
No es excepcional sino que va siendo común hallar referencias convergentes relacionadas con una revisión de las experiencias nacionales e internacionales de «justicia» ante crímenes de lesa humanidad. Independientemente de qué base teórica tenga Gaviria para concluir lo que esboza sobre la justicia transicional en el caso colombiano, estando la guía más marcada de intereses que de conceptos, es claro y se comparte que va quedando atrás una «importación» o «implantación» completa y automática de modelos extranjeros, pues ya no sirve su invocación al margen de necesidades nacionales: se precisa producir un derrotero propio, un proceso de veridicción y jurisdicción que reconozca la realidad del conflicto colombiano, evidentemente dentro del canon de realidades globales y el derecho internacional más progresista.
En esa línea de lo local o particular en lo universal, debe entenderse lo que fue entregado el 10 de febrero de 2015, cuando se escenificó en La Habana la dicotomía y la puesta en común del Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, pactada por el Gobierno Santos y las FARC-EP ( www.mesadeconversaciones.com.co ). Frente al unanimismo, tergiversación y negacionismo de la tenebrosa era de Uribe Vélez, tenemos ahora un paso, significado en el amplio reporte que conecta con otros trabajos de investigación del pasado, como abanico de aproximaciones académicas y elaboradas posiciones políticas y epistemológicas.
Efectivamente, se suma dicho elenco a un conjunto de estudios caracterizados por cierto rigor desde las ciencias sociales y humanas, que buscan desentrañar los orígenes y cursos de la violencia en Colombia. Siendo algunos de los ensayos muy destacados por su compromiso intelectual y sus postulados vinculados a una comprensión de las fuentes del conflicto armado en aras de poder superarlo mediante la negociación política, pueden hallarse en él unos insumos claves como también una ausencia notoria. Los aportes más sólidos se reflejan sobre todo en la reflexión del derecho a la rebelión en la sucesión nacional, la injerencia de los Estados Unidos en la guerra colombiana, la definición causal del problema agrario y la descripción e impugnación de un orden social capitalista que ha ahondado en esa matriz violenta que configura su propio transcurso. La ausencia se representa en la limitación del mandato que habría podido flexibilizarse, pues en el caso de la violencia sistémica ejercida desde arriba, desde los sectores dominantes, se elude señalar articulaciones más precisas, o dicho de otra forma: cómo y en qué tipo de relaciones y agentes y con qué beneficios se ha encarnado ese orden social injusto y por lo tanto violento de múltiples formas. Nivel éste que otra Comisión (de la Verdad, de Esclarecimiento, Memoria y No Repetición) no sólo podrá sino que deberá tratar más adelante.
En concreto, frente a lo que Gaviria discurre, esto encaja en la misma evasión: es dejada de lado la responsabilidad de los máximos jefes, de jerarcas o de mandos superiores en la verdadera cadena de decisión; no se sugiere diagonalmente, mucho menos en los escritos de los comisionados nombrados por el gobierno… no sólo esquivando la reseña exacta de lo que determina un poderío y control directo (estructuras armadas legales y su real formación y doctrina), sino sustrayendo pruebas de las condiciones de lo que se conoce como la dimensión administrativa, técnica, racional e instrumental de los «crímenes de sistema», más allá del rótulo dado por el uniforme. Es decir los «aparatos organizados de poder».
Esas responsabilidades complementarias patentes en la organización de la represión y en sus formas de justificación y ocultamiento, deben ser objeto de juicio. Es irrebatible lo que se explica, no sólo por la guerrilla, sino por sectores del pensamiento crítico y movimientos populares y de derechos humanos: en un país como Colombia, donde el estamento militar ha estado subordinado al civil, donde la dictadura castrense no se ha tenido que ejercer desbancando a civiles electos, la cadena de mando no termina en los cuarteles sino en los salones diversos de las instituciones que funcionan formalmente como democráticas y en los cubículos civiles del poder político y empresarial.
La periodista Cecilia Orozco (www.elespectador.com/opinion/propuesta-de-gaviria-dificil-de-digerir-columna-544737: 17 de febrero) de modo claro indica sobre la iniciativa de Gaviria cuando se refiere a esos «no combatientes» o «civiles»: «Con plena conciencia del alcance de sus palabras, el expresidente evitó, sin embargo, poner con nombres y apellidos, ejemplos que aterrizaran su propuesta…». Y remite con razón a la hipótesis de que uno de los destinatarios de dicho salvavidas jurídico del expresidente Gaviria sea otro expresidente: Uribe… Y si es aplicado para el más perverso y ya salpicado por decenas de crímenes ¿por qué no puede cubrir a otros altos dignatarios o máximos responsables?
Se va viendo que nada es inocente en el fluir de las inventivas sobre «justicia» que el sistema sopesa en la encrucijada del anhelado final del conflicto armado.
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