«Nunca faltarán razones legítimas a un príncipe para cohonestar la inobservancia de sus promesas.» Nicolo Macchiavello CONTRIBUYENDO A ESBOZAR UNA TEORÍA DE LAS CRISIS . La crisis es aquel momento en la vigencia de un sistema dentro del cual éste experimenta ciertos fenómenos que, de no dárseles oportuno y adecuado trato, pueden llegar a poner […]
«Nunca faltarán razones legítimas a un príncipe para
cohonestar la inobservancia de sus promesas.»
Nicolo Macchiavello
CONTRIBUYENDO A ESBOZAR UNA TEORÍA DE LAS CRISIS .
La crisis es aquel momento en la vigencia de un sistema dentro del cual éste experimenta ciertos fenómenos que, de no dárseles oportuno y adecuado trato, pueden llegar a poner en entredicho la propia existencia de aquel.
Los medios de comunicación, no siempre rigurosos en cuanto al lenguaje empleado, han creado las categorías de ‘crisis política’ y ‘crisis institucional’ que en poco ayudan a entender los fenómenos propios de una nación como Chile por lo que, en un documento anterior, y siguiendo en esta materia las enseñanzas de Nicos Poulantzas, proponíamos emplear los términos de ‘crisis de legalidad’ y ‘crisis de legitimidad’ en lugar de aquellas, concibiendo la primera como el cuestionamiento a determinados aspectos de la organización social relacionados con la normatividad vigente y la segunda como el cuestionamiento a la vigencia misma de la autoridad basado en la falta de credibilidad o confianza en ella.
Las crisis, no obstante, sean ‘de legalidad’ o ‘de legitimidad’, pueden ser particulares o parciales y generales o totales, según afecten a uno (o varios) de los sectores o departamentos del modo de producción vigente, o a la generalidad del mismo. Por ello, cuando los medios de comunicación y la escena política de la nación hablan de ‘crisis política’, hemos de entender que lo hacen sólo para referirse a una determinada región de dicho modo (la jurídico/política) y no a su globalidad, en cuyo caso estaríamos en presencia de una ‘crisis institucional’. No obstante, igualmente ambas denominaciones inducen a error.
En realidad, si tanto las crisis de legalidad como de legitimidad pueden ser parciales o totales, la primera tarea a la que se enfrenta un analista es determinar de qué tipo de crisis se trata. Si clasificamos ambos tipos de acuerdo a las regiones del modo de producción, podemos hablar de crisis jurídicas, políticas, culturales (o ideológicas) y económicas; por tanto, si la crisis afecta únicamente a una sola de las regiones del modo de producción, ella no es en modo alguno total o general. Y si eso es lo que se quiso decir con ‘crisis institucional’, la denominación es, sin lugar a dudas, poco feliz; en primer lugar porque la crisis no afecta a todo el sistema y, en segundo lugar, porque toda crisis institucional también puede ser parcial o total.
Sostenemos, aquí, nosotros que la crisis que atraviesa la nación chilena es una crisis de legitimidad -es decir, aquella que se origina en una falta de credibilidad o confianza en determinadas personas o instituciones- ; esta crisis afecta tan sólo a la región jurídico/política del modo de producción vigente y, dentro de ésta, a su solo aspecto político (no al jurídico, aunque exista un poco de reticencia al mismo). Dicho de una manera más precisa: es una crisis de credibilidad que se refiere únicamente a la escena política de la nación.
No se trata, por ende, de una crisis general que ponga en entredicho el funcionamiento del sistema mismo. No. Y ello es tan cierto que los propios actores que la han generado ensayan hoy diversas fórmulas intentando resolverla, con absoluto desprecio respecto a lo que pueda pensar el resto de la ciudadanía, tan seguros están de poder hacerlo.
VÍAS POSIBLES PARA LA SOLUCIÓN DE LA CRISIS
No hablaremos aquí de una posible crisis que experimentan las clases dominadas pues éstas viven permanentemente en crisis, sino haremos referencia tan sólo a la crisis que experimentan las clases y fracciones de clase dominantes y su representación política, sea que adopte ésta el carácter de natural o de espuria. Tampoco vamos a señalar aquí la totalidad de las vías que se han señalado para intentar solucionar dicha crisis. Podemos, sí, indicar algunas dentro de ese sinnúmero de propuestas como aquella que se inclina por la conveniencia de seguir adelante con las reformas (como si nada hubiere pasado) e intentar por esa vía recuperar la perdida confianza de la ciudadanía en sus autoridades, vía que parece haber adoptado La Moneda; también, es importante aquella que contempla la posibilidad de hacer un público reconocimiento de los ‘errores’ cometidos por los actores de la escena política y se llame a la comprensión de la población nacional ante tales excesos. No falta -y eso no debe llamar la atención- la que busca alterar los términos de la fórmula culpabilizando a los fiscales de introducir una suerte de ‘show mediático’ a fin de desprestigiar a determinadas personas, en fin. Ni tampoco aquella que, en defensa de la inmaculada figura de Bachelet, atribuye todo a una conspiración de ‘machos recios’ que buscan satisfacer las ansias de ver destruida su imagen de ‘mater dolorosa’ [1] . Se han dado muchas, pero muchas soluciones; sin embargo, de todas ellas han predominado, fundamentalmente, tres:
a) La vía del acuerdo;
b) La vía de la Asamblea Constituyente; y,
c) La vía mixta, que incluye ambas e, incluso, otras propuestas.
a) LA VÍA DEL ACUERDO
La vía del acuerdo es la solución que se perfila con mayor fuerza dentro del espectro político de la nación. Es la vía que privilegian ciertos comentaristas y personajes públicos, que son quienes más temen perder con cualquier otro tipo de solución. Incluso, son los que más anatemas han formulado en contra de quienes no participan de sus ideas.
«La «política de los acuerdos» presiona fuertemente por re-instalarse como el eje de la acción política. Los últimos días los llamados han venido desde todos los sectores: de Novoa a Lagos. Lentamente, se va instalando la tesis de que la recuperación de las confianzas pasa por retomar un clima de convivencia política distinto. Lagos e Insulza, serían los indicados para liderar ese proceso. Se necesita liderazgo se ha dicho» [2] .
Uno de sus más fervorosos defensores es el ex senador Sergio Bitar para quien el acuerdo entre los partidos es la única solución [3] .
«[…] decir que quienes han gobernado son los culpables, siendo que hay buenos presidentes de partidos, buenos militantes, buenas autoridades, puede constituir un desacierto mayor. No veo de qué manera se puede avanzar si un país no se entiende. ¿Quieren echar a todo el mundo y que llegue un populista cualquiera? ¿O quieren a otro militar? No hay más camino que fortalecer la democracia y los partidos» [4] .
Esta posición, descaradamente maniqueísta, predomina ampliamente en el campo de la escena política nacional; es posible explicarla dada la pertenencia de grupo de quienes la sostienen.
Sin embargo, a pesar de ello, gran parte de la escena política de la nación (incluido el Gobierno) manifiesta su profundo rechazo (aparente) a esa vía. Y es que en la jerga popular, la palabra ‘acuerdo’ ha llegado a convertirse en una categoría, es decir, una palabra que adquiere peso conceptual. Y ese peso conceptual no es el mejor pues se la asimila a colusión, a negociación espuria, a conspiración, a actuar a espaldas de la ciudadanía. Lo cual ha obligado a proponer una fórmula que contemple ‘el funcionamiento de las instituciones’, es decir, el juicio previo a los inculpados. En palabras más directas: el establecimiento de una verdad jurídica previo al acuerdo.
A pesar de lo dicho, esta posición no constituye, simplemente, un acuerdo para olvidar todo y empezar de nuevo como amantes que se perdonan entre sí. No. Los actores políticos no presentan soluciones tan insensatas. Por el contrario: existe un sinnúmero de variantes que no sólo la explica sino permite crear toda una gama de soluciones alternativas.
¿CÓMO PODRÍA REALIZARSE TAL ACUERDO?
La forma de cómo llevar a cabo el acuerdo es lo que divide, una vez más, a los sectores que buscan esta solución a la crisis. Porque, mientras bajo el lema de ‘dejar que las instituciones funcionen’ unos consideran que los juicios deben seguir adelante hasta obtener la condena de todos los involucrados, otros piensan que dicha espera es absolutamente innecesaria.
Conspira contra esa solución la circunstancia que el Servicio de Impuestos Internos SII ha anunciado estar investigando no menos de doscientas grandes empresas por la realización de prácticas similares a aquellas de las cuales se acusa a Penta y Sociedad Química y Minera de Chile SOQUIMICH o SQM. La noticia hace reflexionar, porque el ciudadano común y corriente no puede evitar formularse la siguiente pregunta: si solamente Penta y SQM involucraron en un presunto delito de soborno a un tercio de la Cámara de Diputados, a un 20% del Senado y a un número indeterminado de funcionarios y ex funcionarios estatales, ¿qué sucederá cuando se investigue a Eliodoro Matte, a Horst Paulmann, Roberto Angelini, Andrónico Luksic, Jaime Claro, Roberto de Andraca, Juan Eduardo Errázuriz, Alvaro Saieh, Felipe Larraín, Luis Enrique Yarur, Carlos Solari, Rafael Villaseca, Jorge Rosenblut, José Said, Eduardo Fernández, en fin? ¿A cuántos políticos han sobornado o intentado sobornar esos empresarios, bajo la excusa de estar financiando sus campañas electorales? ¿Quiénes han golpeado sus puertas a la espera de una dádiva generosa? ¿Constituyen Penta y SQM solamente la manifestación de un mal mayor, la punta de un iceberg?
En verdad no dejan de tener razón quienes sostienen la inutilidad de los juicios entablados en contra de los involucrados dada la circunstancia que, aún cuando todos ellos hayan hecho uso indebido de fondos para fines electorales, el juicio debería terminar sin culpables pues la legislación chilena no contempla el delito de corrupción ni algún otro que sancione el uso de dineros obtenidos al margen de la ley para esos fines [5] . En otras palabras, en principio los jueces no podrán imputar transgresiones legales ni, mucho menos, aplicar penas de cárcel a quienes han realizado tales actos.
Por supuesto que las consideraciones éticas -importantes en un comienzo-, hoy ya son consideradas irrelevantes por los defensores de esta vía. La posibilidad de hacer renunciar a quienes han sido acusados de estar involucrados en el uso de boletas o facturas falsas para el uso de dineros con fines electorales y hacer efectivo aquel adagio romano según el cual ‘la mujer del César no sólo debe ser casta sino debe parecerlo’ ha sido arrojada al tacho de la basura. Por el contrario: la ‘realidad’ política, que no sólo avala la comisión de actos alegales e ilegales sino, además, induce a practicarlos, es la forma a través de la que se debe actuar. Sergio Bitar se atrevió a señalar, en un programa de Televisión, que
«[…] la política no es un convento de monjas» [6] .
Y el ex alcalde de la UDI Pablo Zalaquett repitió como antes lo hiciera otro de sus camaradas de partido, que el empleo de dineros irregulares es propio de la política, algo que todos hacen y practican, afirmación que también repitió Sergio Bitar reconociendo que también él la había realizado [7] .
Resulta, simplemente, ocioso preguntarse si acaso alguno de los involucrados se plantea renunciar; igualmente ocioso resulta preguntárselo a la presidenta. Por el contrario: si bien los parlamentarios se justifican alegando haber entregado boletas por servicios efectivamente prestados a SQM [8] , la presidenta sostiene no haber pensado jamás en hacerlo y que, además, estaría impedida por no estar contemplada la renuncia en la constitución (pinochetista, por cierto).
Para nadie es desconocido que la práctica del empresariado de prestar su apoyo económico, indistintamente, tanto a sectores de la llamada ‘izquierda’ como de la ‘derecha’ se basa en el deseo de aparecer ante la sociedad como personas que sostienen de ese modo el funcionamiento de un sistema democrático en donde operen fuerzas políticas en igualdad de condiciones. Sin embargo, dicho comportamiento oculta otra finalidad que es la de asegurar la protección de sus negocios a través del pago. Y esa figura tiene nombre: se llama ‘soborno’, que es la forma en virtud de la cual se paga a un funcionario público para que utilice su cargo en beneficio de quien le paga por dicho servicio.
A pesar de la resistencia que muestra la escena política a reconocer sus faltas, a pesar de hacer prevalecer la verdad jurídica por sobre los principios morales, la existencia de ciertos valores éticos continúa siendo un requisito sine qua non para organizar una sociedad. No sólo para tranquilidad de las clases dominadas, sino porque para las clases dominantes resulta poco menos que imposible realizar sus negocios en un clima de depredación mutua, sin reglas que garanticen la correcta realización de los mismos. Una sociedad en donde impera la ley de la selva y el principio del mutuo despojo, donde los administradores del sistema y los representantes políticos parece estar únicamente empeñados en cavar la sepultura del mismo, siembra la desconfianza entre los mismos negociantes y aleja la posibilidad de atraer mayores inversiones. El clima para hacer negocios se enrarece y priva de garantías a quienes quieren realizar los términos de intercambio.
b) LA VÍA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Esta vía que el sector de la ‘Alianza Por Chile’ ni siquiera menciona por razones obvias, no ha sido abandonada por el pacto ‘Nueva Mayoría’ pues un número no despreciable de sus partidarios muestra una notable predisposición a buscar una solución a la crisis por esta vía.
No vaya a pensarse, en todo caso, que la posición de emplear la vía de la Asamblea Constituyente por parte de esos sectores ‘progresistas’ del pacto ‘Nueva Mayoría’ va a ser la que conciben los sectores populares, es decir, grupos de ciudadanos avocados a trabajar en una constitución nacida ampliamente de las bases. No. Primero se trata de asegurar la promulgación de la ley que ponga fin al binominal y luego atacar otros frentes, entre los que se incluye la Asamblea Constituyente. Pero esta idea marcha a la par con la de establecer un grupo de expertos -no sujetos iletrados, no campesinos ni obreros o dueñas de casa que no tienen los conocimientos necesarios para tan magna obra- o, un equipo de personas nombradas por el Congreso, Universidades e instituciones ‘serias’. El pensamiento pinochetista acerca de la existencia de seres superiores frente a una población incapaz de gobernarse a sí misma o que aún no ha llegado a la mayoría de edad, no deja de estar presente en los debates y concepciones de la llamada ‘izquierda’ chilena.
c) LA VÍA MIXTA
Nos encontramos, finalmente, con una tercera posición que es aquella en donde no solamente no se rechazan ambas soluciones sino, por el contrario, se consideran ambas como elementos que bien pueden marchar indisolublemente unidos con las limitaciones que el propio pacto quiera introducirles. E, incluso, incorporando otras medidas tales como reformas nacidas al amparo de acuerdos y conversaciones con la generalidad de los sectores políticos. La contienda eleccionaria no tiene, para estos sectores, mayor relevancia: aunque se tenga un programa de Gobierno, tal programa ha de negociarse siempre con la oposición. Y como se puede ver, en ningún caso se trataría de una mayor participación ciudadana.
» No obstante, las reformas comprometidas hay que llevarlas a puerto y de manera «acelerada»: hay que despejar las incertidumbres rápidamente. En la reforma educacional «las propuestas se tendrán que acelerar»: carrera docente, financiamiento educación superior. Ya hay reforma tributaria y se avanza en el tema laboral -principalmente, negociación colectiva-. A esas tres, se agrega la agenda instalada por la coyuntura: probidad y transparencia» [9] .
Así, el panorama que se plantea por la escena política de la nación no es alentador. Y es posible que tal circunstancia desaliente más, aún, a la población en torno al ejercicio de sus derechos ciudadanos y la aleje en forma creciente de concurrir a las urnas deslegitimando de esa manera a quienes desean elevarse al rango de gobernantes. En consecuencia, la posibilidad de un gobierno autoritario o de escaso apoyo ciudadano, o, incluso, una salida de fuerza se hace cada vez más posible.
«Un rasgo particular de nuestra crisis -que la agrava aún más- es que parece no inquietar a nadie. El pueblo está ausente del debate, quizás narcotizado por la televisión y la tarjeta de crédito; o tal vez con su indiferencia expresa una forma más profunda de repudio a la casta política. Los partidos, entretanto, están cocinando el habitual proyecto de ley para echar tierra a los escándalos y regular -como si esto fuera posible- la relación de los negocios con la política» [10] .
Puesto que los sectores dominados siempre están en crisis, precisamente porque son dominados, cuando dicho fenómeno afecta a quienes dominan, éstos transfieren sus efectos a aquellos, agravando sus condiciones de vida. De lo cual se deducen varias consecuencias, una de las cuales permite suponer que las soluciones sólo van a incumbir a las clases y fracciones de clase dominantes y no a las dominadas. Sin embargo, eso no es efectivo. También se presentan soluciones que pueden ensayar los sectores dominados. Una inmensa protesta social convocada por todos los sectores sociales, sindicales y estudiantiles, por todas las llamadas ‘fuerzas vivas de la comunidad’, entre ellas organizaciones deportivas, culturales, de mujeres, de inmigrantes, de derechos humanos, que recorra Chile de norte a Sur o de sur a norte a fin de exigir la resignación a sus cargos de todos los involucrados, el llamado a una Asamblea Constituyente que permita sancionar una constitución nacida de las bases mismas, parece perfilarse como una de las vías más seguras para obtener éxito en las demandas. Y esta no es una opción aventurada. Como tal debe considerarse entre las soluciones posibles pues la crisis que afecta al espectro político de la nación, como lo señalamos desde un comienzo, no es general sino parcial. Existen aún instituciones -como la presidencia de la Corte Suprema-, que pueden tomar en sus manos la responsabilidad de dar solución a dicha crisis y recibir las renuncias a sus cargos de todos los involucrados para, luego, convocar a elecciones tanto de presidente de la nación como de parlamentarios, y retomar finalmente la senda de la participación ciudadana que se perdió con el golpe de 1973 y que jamás se recuperó bajo la democracia post dictatorial.
Santiago, abril de 2015.
[1] Véase, al respecto, el artículo de Patricia Politzer, intitulado ‘¡Ay, Bachelet!, yo me pregunto…’, publicado en ‘El Mostrador’ de fecha 07 de abril de 2015.
[2] González-Llaguno, Alejandro: «El posicionamiento presidencial de Insulza», ‘El Mostrador’, 03 de abril de 2015.
[3] ‘Tolerancia Cero’, entrevista a Sergio Bitar, domingo 05 de abril 2015.
[4] Redacción: «Sergio Bitar ante crisis de la política: ‘¿Quieren echar a todo el mundo y que llegue un populista cualquiera? ¿O quieren a otro militar?'», ‘El Mostrador’, 02 de abril de 2015.
[5] En el peor de los casos, la sanción es tan mínima que ninguno cumplirá su condena con cárcel.
[6] ‘ Tolerancia Cero’, entrevista a Sergio Bitar, domingo 05 de abril de 2015.
[7] Esta forma de proceder también reconoció haberla practicado Francisco Vidal en una de las tantas veces que ha participado en el carácter de panelista dentro del programa ‘Estado Nacional’.
[8] Un comentarista ironizaba, al respecto, sobre la extrema necesidad que SQM tenía de asesores a quienes pagaba 11 millones de dólares sólo para conocer más acerca de un negocio que solamente implica recoger los minerales, envasarlos y enviarlos al extranjero.
[9] González-Llaguno, Alejandro: Citado en (2).
[10] Cabieses Donoso, Manuel: Editorial 823 «La casta política pone a prueba la tolerancia del pueblo», ‘Punto Final’, abril 2015.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.