El día 12 de mayo, ocurrieron dos hechos sin precedentes en el orden de los conceptos y practicas asociadas a la realidad del conflicto y que por su trascendencia superan el ámbito de los prejuicios y las líneas de separación entre la política de extrema derecha y lo demás. El primer hecho se refiere a […]
El día 12 de mayo, ocurrieron dos hechos sin precedentes en el orden de los conceptos y practicas asociadas a la realidad del conflicto y que por su trascendencia superan el ámbito de los prejuicios y las líneas de separación entre la política de extrema derecha y lo demás. El primer hecho se refiere a que el Consejo de Estado afirmó que las FARC no son un grupo terrorista, aunque cometan actos de terrorismo, y por tanto son cobijadas por el DIH en tanto son una parte del conflicto armado colombiano. Esta afirmación había sido presentada y demostrada a través de múltiples estudios sobre el tema, desde distintos ángulos de la academia, las organizaciones sociales e incluso agencias del estado y defendida al final del régimen Uribe por el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz.
El segundo hecho ocurrido en el marco de la instalación de la Primera Cumbre Iberoamericana de derechos humanos, sobre trata de personas y migraciones, lo produjo el Presidente Santos, que con panfleto en mano dijo que los terroristas de la extrema derecha son una organización criminal que debe ser perseguida porque están amenazando a defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, a alumnos de Sociología de la Universidad Nacional y a profesores. Esta identificación de terroristas de extrema derecha, alude a la existencia de centros de mando criminal, cuya función es crear terror, mantener el control y ejercer el sometimiento mediante practicas de amenaza y acciones contra la vida de opositores. Este terrorismo se incuba en cualquier lugar que encuentre propicio y se concreta con la ejecución de planes sistemáticos para ejercer presión, persecución y zozobra en defensores y académicos de derechos humanos, una de cuyas expresiones de esta semana se poso sobre tres profesores de las universidades nacional y pedagógica y no menos de una docena de estudiantes de sociología, después de los 250 amenazados en lo corrido del año y de los 30 asesinados por esta condición en defensa de los derechos humanos.
Los dos hechos tienen conceptos y practicas que exigen recobrar su lugar para ser tratadas con rigor y bajo la lente de categorías de análisis que abran la compuerta bien para empezar o continuar las luchas necesarias académicas, políticas y sociales, para devolverle a los conceptos sus contenidos originales hoy vaciados y reemplazados por la fuerza y arbitrariedad de las verdades oficiales carentes de argumentos pero impuestas a sangre y fuego por quienes sobreponen el espíritu de odio, muerte y destrucción sobre adversarios, oponentes y divergentes.
La a calificación hecha por el Consejo de Estado pone en cuestión la tesis central del régimen uribista y su doctrina de terror, en tanto la justificación de su programa gira en torno a la idea del enemigo terrorista al que se debe perseguir y aniquilar, con el complemento de impedir, obstaculizar y silenciar toda intervención o voz critica contraria a esta posición. En nombre de la calificación del enemigo terrorista dada al FARC, el Uribismo expresò en una de sus primeras intervenciones que había tres modos de tratar sobre derechos humanos. El primero y mas peligroso era el de los teóricos de los derechos a los que se debía combatir. El segundo las ONG contrarias al gobierno que se debían silenciar. Y las ONG que sirven al gobierno que se deben.
Esta exposición doctrinaria del presidente Uribe sirvió de garantía para las persecuciones a intelectuales, académicos y defensores sociales de los derechos humanos, a los que se ha venido amenazando y liquidando. Pero adicionalmente la arbitrariedad sometiò la labor intelectual y la realidad misma, al dictaminar por ejemplo la inexistencia del conflicto armado para justificar la eliminación, la doctrina indicaba que al otro se le niegue, se le encierre, se le mate.
El presidente Santos, da un paso importante que contribuye a esclarecer la verdad histórica y a fijar responsabilidades. Hacer brillar un concepto permite descubrir mundos incluso insospechados y rebelar lo que esta debajo, lo que subyace, la ideología que mueve las cosas y en las que sirve de manto para decir democracia allí donde solo queda su caricatura.
Es de destacar que el régimen uribista al amparo de la confusión entre organizaciones y actos terroristas, abrió la compuerta a vergonzosas practicas como la de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos oficiales, la continuación de la desaparición forzada y la creación de fabricas de falsos testigos y falsas identidades a las que les ha bastado señalar como terroristas a sus victimas, para legalizar la destrucción del enemigo, romper los lazos sociales, y crear desconfianza. Los derechos humanos fueron convertidos en el régimen uribista en los enemigos esenciales del gobierno, que puso retorica en el lugar de sus practicas y practicas distorsionadas para evadir la retorica y crear un discurso contrario para asesinar en su nombre, con el propósito de invalidarle sus capacidades para revelar las fascismos, autoritarismos y formas de sometimiento, pero a la vez de impedirles su contribución efectiva a la hora de alentar la dignidad y promover las rebeldías como un asunto de resistencia a las tiranías.
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