A Santos se le agoto su paz neoliberal. La naturaleza oligárquica de su proyecto político estanco el proceso de paz y amenaza las conquistas principales. No fue capaz con la guerra, menos con la paz. El país no se puede hundir en la perplejidad, la salida es la Asamblea Nacional Constituyente por la paz y […]
A Santos se le agoto su paz neoliberal. La naturaleza oligárquica de su proyecto político estanco el proceso de paz y amenaza las conquistas principales. No fue capaz con la guerra, menos con la paz. El país no se puede hundir en la perplejidad, la salida es la Asamblea Nacional Constituyente por la paz y la democracia que construya una nueva Colombia para el Siglo XXI. Que Santos y su corrupta clase politiquera, saqueadora de las regalías y los patrimonios estatales se vayan bien lejos.
Las Farc suspendió la tregua unilateral que había ordenado a sus frentes y bloques desde finales del 2014. Decisión que ha tenido un alto impacto en el clima político del país, pues los eventos de la guerra disminuyeron sustancialmente, en los primeros meses del año en curso, dando gran alivio a la población campesina de las regiones donde el conflicto social y armado se vive con mayor intensidad desde hace muchos años.
La determinación es producto del bombardeo a los campamentos del Frente 29 de la insurgencia, en el municipio de Guapi, ubicado en el departamento del Cauca/Costa del Pacífico, en desarrollo de la orden presidencial de reactivar las operaciones de la Fuerza Aérea a raíz de los lamentables sucesos ocurridos en la localidad, también caucana, de Buenos Aires, el pasado 14 de abril, cuando murieron 20 integrantes de las Fuerzas Armadas gubernamentales en avanzado estado de embriaguez. Han muerto en la noche del jueves 22 de mayo, 26 partisanos por efecto de las potentes bombas descargadas por la aviación oficial.
Regresamos a la plenitud del conflicto y sin un cese bilateral y permanente del conflicto con impacto impredecible en los diálogos de La Mesa de La Habana, Cuba.
Sobre las características y el rumbo que ha tomado la cruenta guerra civil colombiana; sobre el sentido y los alcances de las conversaciones de paz de los últimos 45 meses; sobre las posibilidades de concretar un acuerdo cierto de paz, bien se puede recurrir a diferentes teorías relacionadas con la solución y manejo de conflictos y a infinidad de experiencias internacionales. Recurso que no se debe descartar sin olvidar que encajar la realidad nacional en formulaciones abstractas no aporta mucho.
Hay que atenerse a los hechos puntuales y valorarlos políticamente. Mirar el curso real del Estado, el gobierno, la sociedad y el escenario internacional. Imaginar salidas.
Lo cierto es que el proceso de paz ingresó hace algunos meses en una zona turbulenta de tormentas e incertidumbres derivadas de la densa crisis que afecta al régimen político y a la administración del señor Santos. Dicha crisis ha sido gatillada por la debacle económica de la sociedad y fiscal del Estado, con ocasión de la caída de los precios internacionales del barril del petróleo que proporcionaba más de un cuarto de los ingresos del gobierno. Santos se quedó sin plata y con un gigantesco faltante en la cuenta corriente de la balanza comercial, que lo ha conducido a buscar fórmulas inconvenientes y a determinaciones absurdas, como ofrecer la venta de bienes estratégicos del Estado, como Isagen, la empresa emblemática de la energía eléctrica.
El cuadro de la crisis orgánica de Santos es bastante endiablado. Su legitimidad está en el suelo y la confianza de la sociedad civil se esfumo, después de desconocer descaradamente el apoyo de la Izquierda democrática que lo salvo con sus dos millones de votos de una casi segura derrota en las votaciones presidenciales por cuenta del uribismo.
La justicia está paralizada y perdida en la bancarrota ética y profesional. La educación, que recién sale de una potente huelga de educadores, traicionada por los directivos de Fecode que se entregaron por prebendas y prestaciones jurídicas menores, es un desastre total. La salud no supera el desastre que arrastra desde hace varios años.
Más recientemente, con ocasión de la calamidad natural que acabo con la vida de casi 100 personas en Salgar, Antioquía y de 20 mineros en Riosucio/Caldas, la sin salida de Santos se ha hecho más notoria. Los instrumentos de planeación urbana como los Planes de Ordenamiento Territorial/POT, han saltado por los aires hechos añicos, pues con quince años de vigencia solo han mostrado ser una perfecta basura neoliberal. La crisis ambiental y el calentamiento global amenazan centenares de municipios y grupos poblacionales vulnerables localizados en zonas de alto riesgo, pues los dineros apropiados para tomar las medidas de previsión correspondientes se las alzaron los políticos oficialistas mediante el control de las Corporaciones Autónomas Regionales. Nadie le cree a Santos su promesa de resarcimiento a los acongojados pobladores de Salgar, cuando se conoce que con casi 8 años de tragedia en Gramalote, no han colocado una sola piedra en la reconstrucción del mismo municipio de Norte de Santander, cuyos habitantes están a la deriva en carpas y tugurios en Cúcuta.
Lo más grave es la gran crisis moral del establecimiento. Millones de ciudadanos están indignados porque la reciente bonanza petrolera y minera que vivió el país prácticamente se la raparon los senadores, representantes, gobernadores y alcaldes seguidores de la unidad santista. Directamente el Jefe de la Casa de Nariño y su hoy gerente de la Estatal Ecopetrol perfilaron un perverso mecanismo de distribución de las regalías petroleras de los hidrocarburos. El nuevo régimen de regalías, vigente desde 2011, estableció un sistema de Órganos Colegiados de Aprobación y Decisión/OCAD, en que los políticos se reparten estas platas a discreción y sin controles fiscales y sociales. Jefes y gamonales oficialistas adjudican a dedo, denuncia reciente informe de Transparencia Colombia, junto con gobernadores y alcaldes de la misma cuerda, contratos fraudulentos que no resultan en obras concretas para el servicio de la comunidad. Es lo que falto en Salgar, Antioquia y en Riosucio, Caldas.
Hay dos casos que son un escándalo inocultable. En el departamento del Quindío se embolsillaron 150 mil millones girados en los últimos 48 meses por Planeación Nacional; uno de los caporales del régimen se está comprando con esos dineros toda la parte rural de Génova, el municipio donde nació Manuel Marulanda Vélez.
En el Cauca, principal escenario de la guerra, lo propio ha hecho el gobernador Temistocles Arteaga, quien en asocio con el Senador liberal Velasco, se repartió estas platas y este último presiona para completar privilegios burocráticos con grandes cuotas en la Fiscalía General, cuyo titular lo debió denunciar, pues no acepta más el chantaje del encumbrado malandro de cuello blanco.
En el pico de su crisis, Santos ha pretendido presionar, por enésima vez, una paz exprés.
Para el efecto, recientemente envió a su Canciller, en compañía de un empresario paisa, para que se sumara a la delegación gubernamental en la Mesa de diálogos de La Habana. Su argumento central es que la paz se debe firmar inmediatamente porque el tiempo internacional de la misma se agotó. Abunda en sofismas y piruetas retoricas que carecen de fundamento para exigir la firma de un acuerdo de fin del conflicto omitiendo puntos cardinales relacionados como el fenómeno paramilitar auspiciado por las Fuerzas Armadas, la depuración y reestructuración de estas, la reforma del Estado, la situación de los presos políticos, los TLCs, el ordenamiento territorial, la eliminación del Esmad, la erradicación del neoliberalismo, la democratización de los medios de comunicación, la amnistía, el indulto y la libertad de los 10 mil presos políticos victimas de montajes judiciales y policiales.
Arguye que el contexto internacional es adverso a un acuerdo de paz, cuando lo que está ocurriendo en el campo geopolítico es la emergencia de tendencias y bloques favorables a una salida democrática de la prolongada guerra civil colombiana. No hay necesidad de extenderse en explicaciones en ese sentido, pues la visita del Primer Ministro Chino a Bogotá en las últimas horas así lo está demostrando.
Lo que sucede es que Santos, en razón de sus viejos y desuetos intereses oligárquicos, quiere imponer a la resistencia campesina revolucionaria la paz de los vencidos, la paz de los falsos positivos, la paz de la cárcel. Pretende una paz neoliberal con la dictadura perpetua de los mercados.
Prueba de ello es su recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo que no es más que una vulgar copia del recetario neoclásico de la OCDE, en el que se desconocen olímpicamente los tres acuerdos logrados en la Mesa de La Habana. Se rasga las vestiduras con su falsa revolución, con su fracasada ley de restitución de víctimas y tierras, cuando lo único efectivo es que su gobierno trabaja para favorecer los poderosos cacaos del establecimiento (Sarmiento, Ardila, Restrepo, Carvajal, Marval, Urbanas, Ospinas, etc), a las mafias de la droga enquistadas en los aparatos armados y policiales y a los grandes caimanes de la politiquería clientelar.
Santos, como su antecesor, fracasaron en la guerra contrainsurgente para derrotar al pueblo.
La paz le quedo grande al dueño de la Casa de Nariño, su naturaleza regresiva le niega la lucidez necesaria para dar el salto que Colombia necesita y permita dejar atrás la violencia feudal y narcocapitalista que nos destruye.
Esa es una verdad archiconocida. Santos se agotó y la Constituyente popular por la paz es la alternativa apropiada en estos momentos aciagos de Colombia.
La Constituyente por la paz tiene en la unidad avanzada en el reciente 4 Congreso del Polo un trascendental soporte.
Esa unidad, que los diálogos entre los jefes de las Farc y el ELN en Cuba mostró en otro momento, se articula a la estrategia revolucionaria esencial para dar el salto necesario en nuestra sociedad.
Es que la conquista de la paz es una bandera revolucionaria por excelencia. La paz con democracia ampliada despeja los caminos del socialismo y la solidaridad.
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