Intentar resolver la crisis político-institucional que vive el país mediante el reforzamiento del modelo neoliberal, factor fundamental que la genera, es tomar el rábano por las hojas. En vez de atacar la raíz de la crisis, que es la institucionalidad creada por el terrorismo de Estado y que se materializa en la Constitución Política, el […]
Intentar resolver la crisis político-institucional que vive el país mediante el reforzamiento del modelo neoliberal, factor fundamental que la genera, es tomar el rábano por las hojas. En vez de atacar la raíz de la crisis, que es la institucionalidad creada por el terrorismo de Estado y que se materializa en la Constitución Política, el gobierno prioriza medidas de reactivación de la economía. Esa opción consiste -en la práctica- en echarle más leña a la hoguera ya que estimula el principal motivo que la produce. Se atienden así las demandas del empresariado nacional y extranjero que exigen al Estado -como es habitual en el neoliberalismo- concurrir en auxilio del capital cuando se desgastan sus ciclos de expansión. Se ignoran, en cambio, las demandas del pueblo que exige democracia, igualdad, participación y honestidad en la política. Para esto sería indispensable mandar al basurero de la historia la Constitución Política que impuso la dictadura, de la que emanan las leyes e instituciones cuya ilegitimidad ha puesto al desnudo la corrupción de políticos del gobierno y la oposición. La estrategia de La Moneda desconoce la motivación profundamente política, social y cultural de la crisis y más bien la está profundizando. No cabe duda que ese camino pondrá en riesgo extremo la estabilidad del sistema que se intenta proteger y que es un desafío a la tolerancia y mansedumbre del pueblo.
Desde luego -solo en el plano de la economía y sus efectos sociales-, el desempeño de los gobiernos post dictadura -que adhirieron al modelo impuesto por la tiranía, después de engañar con falsas críticas antineoliberales-, no ha hecho sino agravar la penosa situación que vive el pueblo. Detrás del oropel de los 3 millones de automóviles, 25 millones de celulares y 40 millones de tarjetas de crédito, testimonio de la victoria del consumismo y el derroche, se oculta una realidad social de inaudita crueldad. El mismo día que la presidenta Bachelet exponía ante un comprensivo auditorio el «éxito» de su gobierno en la lucha contra la desigualdad, en las calles de Valparaíso las fuerzas especiales de Carabineros arremetían contra miles de trabajadores, estudiantes, jubilados, pobladores, huelguistas, etc., que protestaban contra el gobierno y sus políticas. Simultáneamente, una organización internacional nada sospechosa de anticapitalismo reiteraba que Chile es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. En efecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señalaba que la pobreza en Chile afecta a casi un tercio de su población; que el 10% más rico recibe un ingreso 27 veces superior al 10% más pobre y que el grupo más afectado por la pobreza son los niños (23,5% de ellos). Esto pone en evidencia que la pobreza seguirá reproduciéndose per sécula seculorum…si los ciudadanos no toman en sus manos la responsabilidad de cambiar el sistema poniendo a cargo de la nación a fuerzas políticas capaces de hacer cumplir la voluntad popular.
El mal de Chile no es solo una «crisis de confianza», como diagnostica la coalición gobernante que procura superarla con recetas de marketing y un ofertón de bonos y subsidios para cooptar a las organizaciones sociales. La crisis es mucho más profunda y compleja, abarca distintas esferas de la vida cotidiana. Podría decirse que refleja la profunda decepción y desesperanza que corroe el alma nacional. Hay decepción con la casta político-empresarial que tomó el relevo de la dictadura. La población creyó que la Concertación de Partidos por la Democracia, hoy devenida «Nueva Mayoría», restauraría las cotas del desarrollo democrático y de justicia social alcanzadas hasta 1973 y que la dictadura truncó mediante el terrorismo de Estado. Se trataba -y se trata- de una deuda histórica que alcanza niveles muy superiores a los que tenía al inicio de la transición.
Existe también honda decepción por los malabarismos de la casta política que exhibe sin pudor la codicia de sus líderes. Este sentimiento viene manifestándose mediante una tendencia creciente a la abstención electoral. La representatividad de los gobernantes, parlamentarios y autoridades municipales es cada vez menor. El descrédito de los partidos políticos alcanza niveles históricos que los sitúa en el último peldaño en las encuestas. Los escandalosos hechos de corrupción que se han destapado este año revelan que el sistema ha creado verdaderas empresas para explotar la política como un negocio. Esta realidad golpea como bofetón en la cara a un pueblo que soporta la precariedad y hasta carencia de servicios públicos de salud, educación, seguridad social, vivienda, transporte, etc. Mientras, las grandes empresas mineras, pesqueras y forestales gozan de privilegios tributarios que hacen de Chile un paraíso del capitalismo. Es el cúmulo de estos problemas lo que menoscaba el alma de la nación y produce el desorbitado individualismo que ha destruido los cimientos de solidaridad social logrados hasta 1973. Chile necesita un cambio muy profundo que solo puede acometer una Asamblea Constituyente elegida para elaborar y someter a plebiscito una Constitución Política que estimule la participación de los ciudadanos y que consulte, entre otras disposiciones, la revocación de las autoridades que no cumplan sus mandatos y la cárcel para los cohechadores y cohechados.
Está claro, sin embargo, que este gobierno no se propone abrir el camino que permita convocar a una Asamblea Constituyente. Así lo indican las ambiguas referencias de la presidenta al «proceso constitucional» que comenzaría en septiembre. Reafirman esa intención los esbozos conservadores alternativos, como el que sugiere dotar de carácter constituyente al próximo Congreso Nacional. Frente a esta amenaza, es necesario hacer un esfuerzo de convergencia y movilización de fuerzas sociales y políticas que permitan desencadenar una secuencia de iniciativas para abrir la opción de la Asamblea Constituyente, única vía pacífica y democrática para la transformación de la sociedad chilena.
Editorial de «Punto Final», edición Nº 829, 29 de mayo, 2015