A través de un panfleto firmado por un «grupo que lucha por la equidad social», fueron declarados como objetivo militar los trabajadores de la mina El Cogote y los integrantes de la Mesa de Trabajo Minera, plataforma que vincula a varias organizaciones sociales del municipio de Segovia en Antioquia. Hasta la fecha se conoce la […]
A través de un panfleto firmado por un «grupo que lucha por la equidad social», fueron declarados como objetivo militar los trabajadores de la mina El Cogote y los integrantes de la Mesa de Trabajo Minera, plataforma que vincula a varias organizaciones sociales del municipio de Segovia en Antioquia. Hasta la fecha se conoce la muerte de cuatro personas luego de que circulara el comunicado.
Según el panfleto amenazante, se declara la guerra a los integrantes de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales -LGBT- de la zona y se señala con nombres propios a los líderes de las movilizaciones contra la multinacional minera Zandor Capital, filial de la Gran Colombia Gold.
Además, en el texto se declaró un toque de queda en el pueblo después de las seis de la tarde y se amenaza con la muerte de los involucrados en las protestas en defensa de la mina El Cogote.
Según uno de los afectados por las amenazas, quien pidió reserva de su nombre por seguridad, «ya se presentaron cuatro muertes. Uno de los asesinados hace parte de la comunidad LGBTI». Afirmó además que las autoridades de Segovia aseguran que las muertes no guardan relación con las amenazas.
Movilización social y represión en Segovia
Desde la llegada de la Gran Colombia Gold, a través del nombre Zandor Capital, Segovia ha incrementado las movilizaciones en oposición al cierre de minas y las políticas laborales de la empresa minera. El pasado mes de abril cerca de dos mil personas salieron a las calles del pueblo a manifestarse contra la mencionada empresa.
La historia del municipio está tristemente marcada por la represión y los asesinatos cometidos por los paramilitares. El 11 de noviembre de 1988 fueron asesinadas 43 personas por paramilitares del grupo Muerte a revolucionarios del Nordeste, liderado por Fidel Castaño. El objetivo de la masacre era exterminar a los miembros de la Unión Patriótica.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia dictaminó en julio de 2010, a partir de testimonios de ex paramilitares, que varios políticos se beneficiaron de la masacre o incidieron en ella. Uno de los acusados, el liberal César Pérez García, fue detenido como autor intelectual, pero la Justicia entonces lo absolvió.
El pasado mes de mayo, la Fuerza Aérea bombardeó un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en inmediaciones al municipio de Segovia. Desde entonces, el conflicto en la zona se ha intensificado, según organizaciones sociales del Nordeste antioqueño como la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) que ante la situación decidió establecer, de la mano de la comunidad del sector, un Tribunal Permanente por la Paz que denuncia las acciones de guerra contra la sociedad y resalte las acciones de construcción de paz.
Finalmente, los afectados informaron que este viernes estarán sentados en una mesa de interlocución con la Gobernación y otras autoridades para denunciar la problemática.