1.-PUTUMAYO Tras la desmovilización de los paramilitares en Putumayo (marzo de 2006), se sabe que en la región continuaron operando unidades, dedicadas especialmente a proteger el negocio del narcotráfico, ello en razón a que uno de sus últimos jefes alias «Macaco» (Carlos Mario Jiménez), realmente era conocido en Puerto Asís como narcotraficante, quien desde el […]
1.-PUTUMAYO
Tras la desmovilización de los paramilitares en Putumayo (marzo de 2006), se sabe que en la región continuaron operando unidades, dedicadas especialmente a proteger el negocio del narcotráfico, ello en razón a que uno de sus últimos jefes alias «Macaco» (Carlos Mario Jiménez), realmente era conocido en Puerto Asís como narcotraficante, quien desde el 2002 aproximadamente compró la «franquicia» paramilitar, quizás buscando beneficios posteriores en el proceso que se iniciaría de desmovilización.
El radio de operación de los paramilitares se concentró en La Dorada-San Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto Caicedo y Puerto Asís principalmente, manteniendo bases en Puerto Asís y Valle del Guamuéz (El Placer), siendo estos lugares en donde más permanecieron.
En Puerto Asís fue conocida la hacienda Villa Sandra (km 5 aprox.) como uno de los lugares en donde más permanecieron, a pesar de estar ubicada la base de la Brigada Móvil 13 en el km 1 y la de la Brigada 27 de Selva en Santana (km 12), sobre la misma vía (Puerto Asís – Mocoa); así mismo, Puerto Caicedo fue controlado por estas estructuras quienes libremente se movían desde Puerto Asís por esta vía, instalando posteriormente otro centro de operaciones o base en el corregimiento de San Pedro (jurisdicción de Puerto Caicedo), a 5 minutos de la cabecera municipal.
Los pobladores de esta región dan fe que aún estructuras que pertenecieron al Bloque Sur Putumayo continúan delinquiendo en la región; en Puerto Asís bajo órdenes de Los Rastrojos, ejerciendo control sobre el negocio del narcotráfico, y recibiendo apoyo económico y logístico de sectores del comercio y narcotráfico, con la presunta complicidad de las fuerzas militares y de policía.
El comandante actual de este grupo en la región es alias «El paisa», quien tiene hombres concentrados en una finca propiedad de Jorge Coral, o de su familia, (exalcalde de Puerto Asís por tercera ocasión), quien en los períodos anteriores mantuvo complicidad con las AUC; Revista Semana en el informe de riesgo electoral en 2011 publicó audios de conversaciones de éste con el jefe paramilitar de aquel entonces alias «Gárgola». Dicha finca se encuentra ubicada en el sector conocido como el 9 (Km 9), sobre una vía terciaria que termina a orillas del río Putumayo. Allí cerca en encuentran tres ríos (Putumayo, Acaé, Guamuéz), en cuya región este grupo permanece custodiando un cristalizador de coca.
Otros hombres de este grupo habitan en diferentes viviendas de Puerto Asís, especialmente en los barrios Kennedy, Jardín, Villa Rosa, Los Pinos, Buenos Aires; y en Puerto Caicedo, en el corregimiento San Pedro se sabe que ocupan otra finca.
Muchas de las muertes que se presentan entre estos dos municipios ocurren entre Puerto Asís (km 1-5-9- Santana – San Pedro), un corredor de no más de 30 kilómetros en donde están una Estación de Policía, la base militar de la Brigada Móvil Nº 13 (Km1), el Batallón de Ingenieros (Km 5), la Brigada 27 de Selva (Santana) y una Base de la Policía (Puerto Caicedo).
En Puerto Asís, desde el año 2014 especialmente, Los Rastrojos reclutaron jóvenes para vincularlos al expendio de drogas, instalando las llamadas «ollas» del microtráfico en los barrios Jardín, Villa Paz, Montañita, Buenos Aires, Metropolitano, Calle del Puerto (sector de los bares).
Se sabe que en Puerto Asís, se ha mantenido la estructura armada neoparamilitar al servicio del narcotráfico y sicariato.
Igualmente, la policía1 reconoce recientemente la existencia de otra estructura armada, FUR (Fuerza Urbana Revolucionaria) y que al parecer opera principalmente en Orito y Valle del Guamuéz; sin embargo no la cataloga como Bacrim, sino delincuencial.
Recientemente, el 7 de abril del presenta año, entre Orito y el Empalme (Jardines de Sucumbíos, Ipiales), salió un panfleto amenazando organizaciones y líderes, firmado por un grupo que se hace llamar Grupo Armado La Mano Invisible – Comandos Urbanos. La amenaza en panfletos apareció después de fuertes despliegues militares en dicha región, por lo que las comunidades relacionan esta amenaza proveniente directamente de los militares; a pesar de ello, se ha tenido conocimiento que estas amenazas se debe a la preocupación que existe en grupos y sectores de ultraderecha en la región con relación a la fuerza que el movimiento social está ganado en la región y que entrará a las contiendas electores a disputar alcaldías y concejos en varios municipios del departamento; los poderes tradicionales catalogan las iniciativas como estrategia política de las Farc.
En mayo pasado un grupo armado vestido de civil atacó a una comunidad indígena Nasa en coincidencia con las operaciones empresariales petroleras, que se vieron afectadas por una denuncia comunitaria instaurada contra la multinacional Gran Tierra de Canadá.
Todos las situaciones aquí descritas, las han denunciado organizaciones de derechos humanos
2.-META
2.1 Municipio de El Castillo
En el año 2013 los grupos paramilitares inician una oleada2 sobre este municipio con el fin de ejercer el control social y económico en la región. Los paramilitares hacen presencia en los caseríos del Encanto, Medellín del Ariari, Puerto Esperanza y área urbana del Castillo. Los paramilitares vestían prendas militares, de civil y algunos con radios y armas.
El día viernes 21 de junio de 2013 se realizó un consejo de seguridad en el municipio y en este espacio las autoridades del municipio reconocieron la presencia de paramilitares los cuales operan de manera abierta en Medellín del Ariari y en las zonas rurales del municipio. De igual forma se reconoció el cobro de extorsiones a los comerciantes y dueños de fincas de la región.
Militares del batallón 21 Vargas en ocasiones han manifestado que se retiran de algunas zonas del municipio para que los paramilitares puedan actuar, y puedan ejercer el control que la fuerza pública no puede. Los paramilitares han exigido a los pobladores información sobre el paradero de la guerrilla, nombres de las y los líderes de las comunidades, quiénes fueron integrantes del partido comunista y quiénes pertenecen a otras iglesias fuera de la católica. De igual manera manifiestan abiertamente que su presencia en la región es para controlar los robos, la venta de marihuana a los viciosos y a los guerrilleros.
Cabe resaltar que la presencia de estructuras paramilitares coincide con el avance del proceso de socialización del Área de Perforación Exploratoria – APE Guarupayo dentro del Bloque petrolero CPO 9.
En la actualidad las estructuras paramilitares realizan control de civil en los caseríos de la parte baja del municipio y desde allí seguimiento y control a los habitantes de la parte alta del mismo.
2.2 Municipio de Mapiripán
El municipio es controlado por estructuras paramilitares que tienen su base de operaciones en el caserío conocido como La Jungla, desde donde despliegan operaciones en Cooperativa, Guacamayas, San Andrés, con puntos de control. Desde ahí controlan los vehículos que se mueven por la vía al igual que las personas que salen y entran a la región.
En el caserío de Mapiripan hay presencia paramilitar, los cuales se movilizan en motocicletas dentro del casco urbano y a las zonas rurales. Cabe señalar que la presencia paramilitar incluye las zonas de cultivo de Palma aceitera perteneciente a la empresa POLIGROW, empresa italiano-española que desarrolla el mono cultivo de Palma en el municipio.
En el casco urbano existe presencia policial y una base del Ejército, los cuales no actúan ante la presencia de grupos neoparamilitares.
Los Urabeños operan en el área de la Finca Santa Ana, expropiada por Poligrow a miembros en proceso de sucesión de las tierras de la familia Aljure. Se mueven en el área que comprende el caserío de la COPERATIVA, el caserío del CIARE y el caserío de GUACAMAYAS. Entre quienes comandan esta estructura se encuentra el conocido con el alias de «El Tomate».
Los conocidos como de Del Meta operan en las orillas del Caño Ovejas hacia San José del Guaviare, cerca de los municipios de Puerto Rico y de Puerto Lleras, en particular en las veredas el MIELÓN, EL TRINCHO, el AGUILA y PUEBLO SECO.
Una tercera estructura se hace llamar como «Los Héroes o los Libertadores», que tienen su lugar de operaciones en frente del municipio de Mapiripán, del otro lado del Río Guaviare, en ese departamento. Pero operan también en el casco urbano.
3.-CHOCÓ
3.1 Cuenca del rio Curvaradó
Se conoce de la fuerte presencia de estructuras paramilitares en esta cuenca con la instalación de puesto de control en el puerto de Brisas del Curvaradó, comunidad de Llano Rico, Apartadocito, El Cerrado, Quebrada Montería y Despensa Baja. En estos lugares los paramilitares hacen constante presencia, amedrantan a las comunidades y líderes comunitarios. Adicionalmente se sabe que el centro de operaciones de estas estructuras es el corregimiento de Pavarandó, perteneciente al municipio de Mutatá y en Belén de Bajirá. Las operaciones las realizan en medio de la presencia policial y militar.
3.2 Pedeguita y Mancilla
En esta Cuenca se sabe del fuerte control ejercido por las estructuras paramilitares de Los Úsuga (Urabeños), quienes a lo largo de las comunidades de San Andrés, Santa María, Campo Alegre, Playa Roja y el Siete, que conforman el consejo comunitario, tienen una larga red de informantes y estructuras armadas, que controlan el tráfico de armas y de droga.
En Pedeguita se asientan los grupos herederos de SOR TERESA GÓMEZ, repobladores traídos en concurso con la Diócesis de Apartadó, concretamente a través del padre Leónidas Gallego. Desde allí se han creado grupos armados de civiles de presión que operan con la tolerancia y conocimiento de la policía de Urabá, que se encuentra en Belén de Bajirá. Allí se han definido estrategias para atacar a los reclamantes de tierras. Han torturado y quemado propiedades de los habitantes despojados que regresan.
3.4 Cuenca del rio Cacarica
La estructuras paramilitares ejercen actualmente control militar y social en los municipios de Turbo, Antioquia y Rio Sucio, Chocó. Así mismo, existe un control sobre los puertos intermedios de esta ruta sobre el rio Atrato, tales como: Bocas del Atrato, Tumaradó, Puente América o Travesía, La Honda y Yarumal, a través de informantes y personas armados vestidos de civil.
Los municipios de Turbo y Rio Sucio son los lugares donde las comunidades desarrollan parte de las actividades en cuanto a la venta de excedentes de producción, como la compra de bienes de supervivencia y también donde paramilitares controlan el ingreso de alimentos hacia el sector rural. Desde allí emiten ordenes y amenazas de detención bajo la premisa de que tienen destino a la guerrilla.
En el caso de Tumaradó y La Honda las estructuras sobre los ríos obligan a las embarcaciones a acercarse allí, revisan las cargas, exigen facturas, cobran extorsión y acusan a la población de ser colaboradora de las guerrillas.
En el caso de Tumaradó al cruzar la orilla se encuentra una base fluvial, sin que actúen sobre los armados.
3.5 La Larga Tumaradó
Se conoce de la presencia de paramilitares en la comunidad de Tierradentro, quienes hacen presencia constante en estos territorios, así como el control ejercido por estas estructuras en el municipio de Belén de Bajirá, en donde tienen su centro de operaciones.
4.- Valle
4.1 Buenaventura
E n todo el Pacífico la desmovilización paramilitar del Bloque Calima fue parte de un montaje para legitimar el proceso de la ley 975, pero el territorio quedó y se mantiene hasta la fecha bajo el control de las estructuras que asumieron la fachada de Águilas Negras, Rastrojos, Empresa, Gaitanistas o Urabeños, pero mantienen la misma lógica de actuación al lado de la fuerza pública para garantizar el despojo desde el desplazamiento forzado, el control social territorial para el tráfico de droga y el favorecimiento a la inversión empresarial y extranjera en el principal puerto de Colombia y en medio de la mayor militarización que pueda tener una ciudad.
El control actual de Buenaventura está bajo el mando de los Úsuga.
El Distrito de Buenaventura está ubicado en la Costa Pacífica, del departamento del Valle del Cauca. Es el puerto por el que ingresa y sale el 60% de productos de la economía del país.
Un importante grupo de habitantes de este municipio se encuentra ubicado en barrios de «bajamar», antiguos manglares cortados, aplanados y rellenados con escombros, donde los pobladores de Buenaventura, han construido sus casas, cerca del océano para desarrollar su actividad económica de supervivencia.
Este panorama de exclusión social se superpone con los intereses económicos, que en la actualidad se concentran en el puerto de Buenaventura, como el proyecto de la sociedad Puerto Industrial AGUA DULCE S.A – SPIA subsidiaria de Internacional «Container Terminal Service Incorporate», La terminal logística de Contenedores, TLBUEN, aeropuerto internacional, las bodegas de almacenamiento de carbón, oleoducto del Pacífico, Ferrocarril Transandino, un puerto minero, el proyecto de MALECON turístico y la mencionada CADENA hotelera, proyectada sobre el territorio donde habitan 12 barrios de Bajamar.
En el casco urbano de este puerto marítimo hace más de 5 años no se reporta presencia evidente de grupos guerrilleros. Las cifras de violaciones a derechos humanos y desplazamientos forzados es el más alto de todo el país. La mayoría de estas violaciones son atribuidas a los grupos sucesores de paramilitares que surgieron en Buenaventura luego de que el Bloque Calima de las AUC se desmovilizara en diciembre de 2004. Al menos desde octubre de 2012, los Urabeños y la Empresa han sido los dos principales grupos neoparamilitares que se disputan el control de la ciudad y en la actualidad se consolida del grupo paramilitar conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Human Rights Watch en un reporte publicado hace varios meses, advirtió que «que barrios enteros de la ciudad se encontraban bajo el dominio de poderosos grupos sucesores de paramilitares».
El informe además indicó que:
«Estos grupos descuartizan a sus víctimas y arrojan los restos humanos a la bahía o en los manglares que se extienden en sus orillas, o los entierran en fosas clandestinas, según han señalado residentes y funcionarios. En varios de los barrios, los residentes denuncian que existen «casas de pique», donde los grupos desmiembran a sus víctimas. Varios residentes con quienes hablamos indican que han escuchado a personas que gritaban e imploraban piedad mientras eran desmembradas en vida».
En el casco urbano de Buenaventura se ha reportado la existencia de fronteras invisibles donde se restringe, de facto, la movilidad de los habitantes, ello se suma a que los chantajes, la extorsión y las amenazas se han acentuado en los últimos meses. Human Rights Watch también reportó que «Los Urabeños y la Empresa han controlado la circulación de residentes entre los distintos barrios de la ciudad. Los grupos vigilan de cerca a las personas que transitan por diversas calles o barrios donde tienen presencia activa. Si ingresa a un barrio una persona que el grupo que lo controla no conoce -o que se sabe que proviene de una zona dominada por un grupo rival- se expone a que se presuma que tiene vínculos con enemigos y a ser asesinada o ser desaparecida».
Entre octubre y noviembre de 2012 se produjeron 8 eventos de desplazamiento masivo por la intensificación de la confrontación armada entre los grupos ilegales conocidos como Los Urabeños y La Empresa, que afectó a seis barrios de Bajamar, más de 1.500 familias y 5.000 personas, los cuales fueron denunciados ante la opinión pública por la Defensoría del Pueblo, ACNUR y OACNUDH en el mes de noviembre de 2012. Según cifras oficiales, cada año desde 2011, Buenaventura ha sido el municipio de Colombia donde más personas han sufrido desplazamiento forzado: 22.028 residentes abandonaron sus hogares en 2011, 15.191 en 2012 y 13.468 entre enero y octubre de 2013.
Según los reportes de la Defensoría del Pueblo desde el 2013 se ha observado la instalación de prácticas como el desmembramiento y la tortura. Entre junio y octubre de 2013 se conocieron ocho casos de esta naturaleza, y el último reportado hasta el 7 de noviembre del año pasado se reportó durante la primera semana de ese mes cuando fueron hallados los restos de un menor de edad que trabajaba como motorista de una lancha de pescadores, y de quien apenas se encontró el tronco en un sector del barrio Viento Libre. Human Rights Watch en un informe publicado en el 2013 reportó que » durante el último año y medio, se hallaron en Buenaventura restos humanos descuartizados que pertenecían al menos a una decena de personas, muchos de los cuales aparecieron en las playas y costas de la ciudad y zonas aledañas, conforme indican versiones oficiales y artículos en los medios»
Adicionalmente, el reclutamiento forzado, incluidos menores de edad, por parte de grupos neoparamilitares también ha sido advertido por organismos nacionales e internacionales. En 2013, la Personería de Buenaventura recibió denuncias de 35 casos de intentos de reclutamiento forzado que afectaban mayormente a víctimas de entre 17 y 25 años.
Con la finalidad de tener controlada a la comunidad y tener informantes dentro de sus filas, las estructuras paramilitares han incorporado niños, niñas y jóvenes del sector. En el caso de los niños estos son vinculados desde muy temprana edad como informantes o «campaneros»; son los que brindan datos de la presencia de extraños en la calle, al mando de los paramilitares. Algunos niños y niñas han sido vinculados como informantes y han sido enseñados a cometer actos crueles como a descuartizar gatos y perros.
Dentro del proceso de introducción a la estructura paramilitar se les vincula con el consumo de drogas, se les paga mensualmente con dinero o con drogas psicoactivas, como la marihuana, el bazuco o la cocaína; se les instruye en técnicas de terror e intimidación, uso de armas AK y de 9 mm, y en la muerte violenta de gatos y de perros.
La mayoría de los comandantes de los barrios son jóvenes entre los 18 a 25 años, los cuales en la mayoría de los casos son los responsables de prácticas tan atroces como el descuartizamiento de personas o «pique». Un joven puede recibir mensualmente un promedio de $700.000, equivalente a 350 USD
Conforme a la información documentada por la Comisión de Justicia y Paz, en el área urbana relatan que desde noviembre de 2013 hasta la fecha han sido asesinadas entre 80 a 100 personas. Dado el enorme temor que enfrentan los habitantes de Buenaventura y los temores por represalias, existe en varios casos información precaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se han desarrollado varios de los homicidios y actos de tortura.
En el mes de junio de 2014 en el barrio Piedras Cantan hace presencia el grupo paramilitar conocido como los «AGC Gaitanistas», al mando de los paramilitares alias «Didier», «Indio» y «Santiago», quienes ya salieron de la zona.
Los paramilitares realizaron diversas reuniones comunitarias en las que se presentaron como una organización político-militar conformada por más de 35 hombres. Ellos señalaron que entrarían a ocupar uno de los puentes llamado Brisas.
De acuerdo con los anuncios, alias «Didier», «Indio» y «Santiago» sostuvieron que semanalmente ingresarían grupos de paramilitares hasta conformar un contingente de 2.500 hombres en Buenaventura. Agregaron que ellos contaban con respaldo de la policía y de militares y también de autoridades locales. Distribuyeron el periódico denominado «El Gaitanista».
Esta arremetida paramilitar se da pocos meses después de que «La Empresa», ubicada en el barrio Piedras Cantan, realizara una supuesta desmovilización, en mayo del 2014 en un acto público al que asistieron distintas entidades de gobierno nacional y local, entre ellos el Coronel en retiro FERNANDO MOJICA .
En este proceso de desmovilización de la estructura neoparamilitar «La Empresa» se firmaron actas de compromisos de desarme y de presencia permanente por parte de la Infantería de Marina, quien asumió la responsabilidad de no permitir el ingreso de paramilitares al sector Piedras Cantan, lo cual incumplieron dejando ingresar a Los Gaitanistas, sin hacer ningún tipo de control.
Se constatan además los nexos directos entre las estructuras neoparamilitares con la fuerza pública, porque según los testimonios de uno de los paramilitares que participó en la supuesta desmovilización, informó que cada vez que iban a realizar un asesinato le pagaban al comandante de la policía de turno, para que se retirara con sus hombres por determinado tiempo, mientras ejecutaban el hecho. De la misma forma trabajaban con la Infantería de Marina a quienes les ofrecían algún tipo de estupefacientes y dinero para que les dieran el espacio y poder actuar con tranquilidad.
Los asesinatos de pobladores siempre se han efectuado en cercanía a la fuerza pública, sin tener ninguna reacción inmediata contra los victimarios.
La estructura neoparamilitar Los Gaitanistas, salieron del sector de Piedras Cantan por presión de la comunidad en el mes de noviembre 2014 y a pesar de haber solicitado la intervención urgente por parte de la Policía Nacional, l amentablemente no hubo una reacción institucional adecuada al riesgo que asumió la comunidad, posibilitando nuevamente el asentamiento de otro grupo neoparamilitar, mal llamadas BACRIM, en la calle Piedras Cantan.
Según una fuente policial, en el lugar agentes estatales habrían incautado armas de fuego luego de la solicitud de intervención del Estado. Sobre este supuesto hallazgo no hay reportes oficiales ni en medios de información, lo que resulta bastante extraño, tan extraño como el hecho que a pesar de la presión de la comunidad horas después y ante la ausencia de una permanente presencia policial en los lugares de acceso a la calle, los paramilitares en este sector se asentaron nuevamente.
4.2 Cuenca del Río San Juan
La presencia paramilitar en este sector, ha estado en disputa por las Águilas Negras y los Rastrojos. Este sector es de gran importancia para ellos pues es uno de los corredores principales del narcotráfico. Han ocasionado desplazamientos de los pobladores en diversas ocasiones. En el año 2010 asesinaron a dos afrodescendientes, uno de ellos, Edwin, fue asesinado por los paramilitares en presencia de la Infantería de Marina, según un testigo de la región. En el año 2014 fueron desplazadas comunidades indígenas de esta cuenca, porque se encuentran en situación de confinamiento por parte de las estructuras neoparamilitares. Estas estructuras hacen presencia en Isla de Mono, Cabeceras y García Gómez.
4.3 Trujillo
Hoy 25 años después de la masacre de Trujillo, esta localidad sigue en manos del paramilitarismo. El terror se impone para favorecer verdades a medias como las que registra el informe de memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, y la respuesta de solución amistosa que recibimos las víctimas el pasado 14 de abril. Mientras, el Estado colombiano y el Gobierno Nacional legitiman con la Unidad de Víctimas y su política asistencialista el despojo de tierras que hoy favorece a la multinacional papelera Smurfit Kappa Cartón de Colombia. Al mismo tiempo se concretan nuevos despojos en el marco de la política de restitución, legitimando así una propuesta de «paz» edificada sobre dos décadas de control paramilitar.
Hoy es un secreto a voces que tanto en el casco urbano, como en la zona rural de Trujillo, la estructura paramilitar de Los Rastrojos controla el poder político incidiendo en la elección de alcaldes y concejales, controla el poder económico derivado del procesamiento y negocio de la droga, vinculando niños desde los 10 años, en el consumo y en el micro tráfico de estupefacientes, especialmente en el área urbana, así como en labores de red de informantes o de reclutamiento como campaneros. Controla el poder económico derivado de la extorsión y cobro de impuestos a campesinos y ganaderos de la región; controla el poder social, interviniendo en la vida familiar y comunitaria, especialmente de las áreas rurales.
Hoy es un secreto a voces que la desmovilización de paramilitares en Trujillo, como la del Bloque Calima en 2005 y la de algunos miembros de Los Rastrojos en abril de 2013, ha sido una farsa y que incluso casos como el de alias «Chorizo», capturado desde mayo de 2014, muestran que desde la cárcel se sigue con el mismo poder paramilitar sobre Trujillo. En el momento hay temor por personas foráneas que están apareciendo en fiestas y reuniones comunitarias intimidando con sus armas, aunque no se sabe bajo el nombre de qué estructura paramilitar van a quedarse.
En estas condiciones la paz que el Estado colombiano impone en Trujillo se legitima con el silencio que imponen los paramilitares, con la Unidad de Víctimas pagando indemnizaciones individuales y reparaciones colectivas a cambio de impunidad, con despojo de nuevas tierras a cambio de viviendas en Cali, con favorecimiento a la inversión empresarial de la multinacional papelera y de intereses privados en el negocio del agua.
A pesar de 25 años de control paramilitar y de la impunidad que se impone judicial y socialmente, las víctimas de las y los desaparecidos de la masacre continuada de Trujillo siguen construyendo paz con justicia social y ambiental, desde la memoria, la dignificación de la vida como campesinos y campesinas y desde la exigencia para que en Trujillo se garantice el derecho a la no repetición, con el desmonte efectivo y real de las estructuras paramilitares. Sólo así habrá condiciones reales para la paz.
5.-CAUCA
5.1 Mercaderes
Algunos de los paramilitares que controlaron la zona de Mercaderes se hacían llamar con alias Robinson, Moneda, Enano, William . Actualmente no son tan visibles, pero conservan el control de algunas zonas en Mercaderes, sitios como Arboleda, El Pilón, El Bado, Cajamarca, la carretera Panamericana entre el Estrecho hasta el Bordo Cauca.
Cajamarca vereda de Mercaderes y el Pilón son las zonas de control más fuerte del paramilitarismo en la actualidad, y son lugares donde actualmente están desarrollándose procesos de Minería y sísmica.
En Julio del presente año 2015 se encontró el cadáver degollado de un anciano agricultor en su finca en Mercaderes, crimen atribuido a paramilitares. El 29 de Julio también fueron asesinados dos adultos pesadores de ganado en las afueras de Mercaderes Cauca. Últimamente llegan a la morgue de Mercaderes muchos cuerpos con señales de tortura.
6.-COSTA ATLÁNTICA
Entre el 2008 y 2011 los grupos narcoparamilitares derivados de las estructuras desmovilizadas hicieron presencia constante en los 7 departamentos que integran la región Caribe, específicamente en 88 municipios. A la fecha ya existe un proceso de reingeniería consolidado que se percibe por la capacidad operativa de distribución de cada una de sus estructuras a lo largo y ancho de la región.
Existen unas estructuras paramilitares claramente definidas y posicionadas.
Rastrojos:
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Atlántico
Se ubican en 11 municipios, lo que corresponde al 47% del total de los municipios del departamento.
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Bolívar
Se ubican en 17 municipios, lo que corresponde al 34% del total de los municipios del departamento.
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Cesar
Se ubican en 18 municipios, lo que corresponde al 72% del total de los municipios del departamento.
-
Córdoba
Se ubican en 17 municipios, lo que corresponde al 56% del total de los municipios del departamento.
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Guajira
Se ubican en 7 municipios, lo que corresponde al 46% del total de los municipios del departamento.
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Magdalena
Se ubican en 10 municipios, lo que corresponde al 33% del total de los municipios del departamento.
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San Andrés
Se ubican en 1 municipio, lo que corresponde al 100% del total de los municipios del departamento.
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Sucre
Se ubican en 9 municipios, lo que corresponde al 34% del total de los municipios del departamento.
Urabeños:
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Atlántico
Se ubican en 3 municipios, lo que corresponde al 13% del total de los municipios del departamento.
-
Bolívar
Se ubican en 30 municipios, lo que corresponde al 61% del total de los municipios del departamento.
-
Cesar
Se ubican en 19 municipios, lo que corresponde al 76% del total de los municipios del departamento.
-
Córdoba
Se ubican en 22 municipios, lo que corresponde al 73% del total de los municipios del departamento.
-
Guajira
Se ubican en 9 municipios, lo que corresponde al 60% del total de los municipios del departamento.
-
Magdalena
Se ubican en 12 municipios, lo que corresponde al 40% del total de los municipios del departamento.
-
San Andrés
Se ubican en 1 municipio, lo que corresponde al 100% del total de los municipios del departamento.
-
Sucre
Se ubican en 17 municipios, lo que corresponde al 65% del total de los municipios del departamento.
Águilas Negras:
-
Atlántico
Se ubican en 1 municipio, lo que corresponde al 4% del total de los municipios del departamento.
-
Bolívar
Se ubican en 13 municipios, lo que corresponde al 26% del total de los municipios del departamento.
-
Cesar
Se ubican en 1 municipios, lo que corresponde al 4% del total de los municipios del departamento.
-
Córdoba
Se ubican en 18 municipios, lo que corresponde al 60% del total de los municipios del departamento.
-
Magdalena
Se ubican en 5 municipios, lo que corresponde al 16% del total de los municipios del departamento.
-
Sucre
Se ubican en 6 municipios, lo que corresponde al 23% del total de los municipios del departamento.
Paisas:
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Atlántico
Se ubican en 11 municipios, lo que corresponde al 47% del total de los municipios del departamento.
-
Bolívar
Se ubican en 18 municipios, lo que corresponde al 36% del total de los municipios del departamento.
-
Cesar
Se ubican en 8 municipios, lo que corresponde al 32% del total de los municipios del departamento.
-
Córdoba
Se ubican en 19 municipios, lo que corresponde al 63% del total de los municipios del departamento.
-
Guajira
Se ubican en 6 municipios, lo que corresponde al 40% del total de los municipios del departamento.
-
Magdalena
Se ubican en 11 municipios, lo que corresponde al 36% del total de los municipios del departamento.
-
San Andrés
Se ubican en 1 municipio, lo que corresponde al 100% del total de los municipios del departamento.
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Sucre
Se ubican en 7 municipios, lo que corresponde al 26% del total de los municipios del departamento.
Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC):
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Atlántico
Se ubican en 1 municipios, lo que corresponde al 4% del total de los municipios del departamento.
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Bolívar
Se ubican en 1 municipios, lo que corresponde al 2% del total de los municipios del departamento.
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Cesar
Se ubican en 1 municipios, lo que corresponde al 4% del total de los municipios del departamento.
Existen 3 estructuras de rearme paramilitar ubicadas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Guajira y Magdalena; estas son:
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La Oficina de Envigado, con presencia en Bolívar y Magdalena.
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Alta Guajira, ubicada en cuatro municipios de la Guajira y uno de Magdalena.
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Autodefensas del Sur del Atlántico, como su nombre lo indica están posicionadas en el sur del departamento.
CESAR
El día 30 de junio de 2015, aproximadamente 180 familias decidieron retornar a los predios baldíos de los cuales fueron despojados en 1996 por parte de grupos paramilitares al mando de «Juancho Prada», en el corregimiento de Simaña municipio de La Gloria departamento del Cesar. La negligencia del INCODER en un proceso agrario que lleva más de 25 años y la última resolución expedida por esa entidad, la vulnerabilidad y extrema pobreza, el desconocimiento sistemático a sus derechos y la denegación de justicia, fueron las principales motivaciones para decidir retornar.
El día 01 de julio del 2015, aproximadamente a las 7:30 a.m., incursionó un grupo de policías y ESMAD, bajo el mando del Teniente Coronel Mauricio Bonilla comandante del Distrito de Policía del Sur del Cesar al predio Venecia en donde se encontraban las 180 familias víctimas de desplazamiento forzado, que habían decidido regresar el 30 de junio de 2015, a las tierras que les fueron despojadas hace 19 años.
Junto a la policía y el ESMAD, llegaron varios hombres encapuchados y armados. Uno de ellos fue visto y reconocido por la comunidad como alias «Panelo», un paramilitar que participó en 1996 de los hechos criminales sucedidos en contra de la comunidad que obligó su desplazamiento. El paramilitar no fue desmovilizado y continua operando en la región a pesar de que ello se ha venido denunciando públicamente.
A manera de conclusión podemos afirmar entonces que entre el 2008 y el 2011, estas estructuras se recomponen a partir de la definición de nuevas alianzas con el narcotráfico, grupos sicariales, delincuentes comunes y fundamentalmente con los reductos no desmovilizados y desmovilizados, especialmente del Bloque Norte de las AUC; otro elemento importante es la clandestinidad de las líneas de mando, entre estos alias «Alejandro o 101», «Tolemaida», «Codazzi», «Omega», «Jimmy», y «Rambo».
El propósito es el control social territorial para los negocios de actores privados.
Julio 2015.
1 Policía confirma presencia de nuevo grupo armado ilegal en el Putumayo MIPUTUMAYO.com.co
2http://justiciaypazcolombia.