La ley de restitución de tierras es una muestra de lo que exige la reparación y cicatrización de las heridas de guerra, que no es resultado de la propuesta de un partido político, sino que es una expresión material de la lucha social, que requiere de múltiples partes del estado para dar respuesta a amplios […]
La ley de restitución de tierras es una muestra de lo que exige la reparación y cicatrización de las heridas de guerra, que no es resultado de la propuesta de un partido político, sino que es una expresión material de la lucha social, que requiere de múltiples partes del estado para dar respuesta a amplios sectores despojados, humillados y desterrados, que por décadas levantaron sus banderas aun en contra de algunos sectores del poder que al final sumaron su voto aprobatorio pero no han continuado con el compromiso de ofrecer garantías seguras para su urgente aplicacion.
La ley en materia de los derechos de reparación es un instrumento valido como cuota inicial, pero la complejidad de los problemas y conflictos asociados a la tierra en Colombia no se resuelven de fondo allí, menos aun cuando contrariamente parece avanzar rápidamente la estigmatización a los pueblos indígenas, afros y sectores campesinos, que puede convertirlos en nuevos desterrados para facilitar la continuidad de la legalización de baldíos a terratenientes y nuevos propietarios nacionales y extranjeros, que sin amenazas, disparos, ni motosierras se hicieron propietarios por vía legal mediante recursos jurídicos, tutelas y otros con complicidad de funcionarios a mas de dos millones y medio de hectáreas entre tierras del estado y tierras de particulares, sin que esto descarte vínculos y usos no visibles de técnicas de terror.
Como ocurre con esta ley de tierras que fortalece las conquistas de las victimas en espera de resarcir derechos, las luchas sociales por la tierra y sus recursos contienen mas que otras la mezcla de alzamientos civiles y armados. En las cinco décadas de guerra las insurgencias han estado presentes en las luchas por la tierra, a veces la han fortalecido, otras debilitado, pero lo innegable es que la lucha por derechos y la construcción de paz pasa por la tierra y sus riquezas y a pesar de las distancias entre las demandas sociales, políticas, económicas y culturales de la sociedad y las reivindicaciones insurgentes, la lucha armada contribuyó para que algunos sistemas de garantías del estado funcionaran y para que los limites del poder no fueran sobrepasados hasta provocar el despojo total sobre todo en regiones especificas, sin descontar por ello el alto costo en vidas humanas y libertades. Este rédito de participación que hace parte de la complejidad tendrá necesariamente que salir a cobrarlo políticamente el proyecto insurgente desarmado y no queda duda de que le devolución, restitución y redistribución de tierras sea uno de sus pilares de apoyo.
Quizá esta sea la razón que mueve a las elites y despojadores a tratar de poner en choque a campesinos con indígenas y afros y alentar odios extendiendo la falsa idea de que los indígenas son un obstáculo al desarrollo por ser dueños de la quinta parte de las tierras del país, pero que además sus dirigentes son actores armados al servicio de la insurgencia, lo que no pasa de ser una estrategia de terror y distracción para desviar la atención de los verdaderos problemas asociados a la tierra. Esta injuria reiterada con ánimo de guerra convoca con urgencia a la mesa de conversaciones para abrir espacio a indígenas, afro y campesinos para ser escuchados, sobre todo porque sus hábitats pretenden ser despojados, privatizados y convertidos en enclaves de biodiversidad, riqueza mineral y agua, pero además porque constitucionalmente hay autonomías que deben ser respetadas.
Si las conversaciones entre el estado colombiano y las insurgencias acuerdan el fin del conflicto armado, los primeros ganadores serán los desarmados, entre ellos los indígenas, campesinos y afros que podrán esperar junto con los demás excluidos y adversarios, el cese de las persecuciones, el fin de las estigmatizaciones, la desaparición de los miedos, temores y humillaciones y la entrada a una convivencia que entiende, respeta y hace valer la capacidad de sus derechos para vivir con dignidad, cuidar la naturaleza sin provocar su destrucción y promover la restauración del equilibrio y armonía entre sus partes física y humana. Al estado corresponderá mejorar de inmediato los instrumentos y recursos de garantía para la realización de los derechos, lo que bien puede aprovechar el presidente Santos -con base en el mandato para lograr la paz alcanzado electoralmente- para organizar un modelo de gobierno transitorio sostenido con base en la formulación de políticas publicas -de manera conjunta con la sociedad- bien a través de organizar políticas por bloques de derechos de manera funcional o formulando políticas para cada uno de los derechos -de los que la mayoría hoy están en riesgo de degradación-.Y en especial aquellos vitales como acceso a agua potable gratuita y disponible para todos y que estudios recientes anuncian que uno de cada 4 habitantes está en riesgo de perder y asimismo proveer de alimento básico, configurando marcos de relación que pasan por los hábitats de indígenas y campesinos, zonas de biodiversidad estratégica y a la par ofrecer garantías a educación, salud, vivienda, empleo con los recursos que se dejen de invertir en guerra sin menosprecio por atender de manera integrada todo el sistema consignado en la declaración universal de derechos humanos, ratificado por la constitución de 1991.
Una vez establecidas las políticas públicas como principio ordenador de un gobierno que permita en la realidad material y simbólica hacer tránsito del estado de guerra al de paz, de manera urgente el turno debe ser para la modificación de las estructuras institucionales para que sean mas incluyentes y plurales conforme a la nueva situación de paz como garantía para la reformulación de leyes y programas de desarrollo en democracia con bienestar que resignifiquen la transformación esperada con inclusión de nuevos actores sociales, burocracias y gobernantes no comprometidos con las formas tradicionales de poderes corruptos, clientelares, paramilitares o comprometidos directamente con las mafias o convertidos en seguidores del espíritu mafioso del todo vale para sostener el poder y mantener el control de la población y del estado.
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